Por: Sergio Bolivar
Expreso, 8 de junio del 2022
Los gremios empresariales unidos deben mostrar nuevamente una posición firme y clara ante la situación actual. Las acusaciones de corrupción al exministro Silva, con audios corroborados por la Fiscalía, nos obligan a retomar la reciente pregunta de Carlos Basombrío, “¿Hasta cuándo -los empresarios y gremios empresariales- habremos de tolerar lo intolerable?”. La escalada de investigaciones sobre los delitos de altos funcionarios del Gobierno es imparable. Según la Fiscalía habría sospechas de ilícitos en otros ministerios.
El intolerable patrón de actuación de Pedro Castillo y su gobierno consiste en ignorar sin vacilación todos los problemas, en evitar responder frente a las acusaciones y en soliviantar desde las provincias -sobre todo mineras- en contra de las inversiones privadas. Esto lo vociferan demagógicamente desde los Consejos de Ministros Descentralizados, prefecturas y subprefecturas del Fenate de Castillo.
La intolerable psicología discursiva del gobierno de Castillo contra las inversiones privadas intenta instalar sus ideas en el pueblo para hacerlos pensar que el Estado es el único capaz de salvarlos de la crisis. El profesor español Enrique Martín Criado dice que “los discursos no son meras expresiones de las actitudes; éstas se cincelan a golpe de controversias”. Las más recientes frases siguen el discurso que turba y solivianta: 1) “hoy la hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos”, dijo Castillo para minimizar el problema, ya que son 15.5 millones los peruanos que serán golpeados por la crisis alimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2) “no nos dejan gobernar” según Dina Boluarte en Davos, en perjuicio de la imagen del país, 3) “empresas y comunidades traten con madurez sus divergencias” dice en un reciente comunicado el Ministerio de Energía y Minas, demostrando una vez más su incapacidad de cumplir su rol como garante de los derechos de las empresas y las comunidades.
¿Hasta cuándo vamos a tolerar autoridades corruptas que soliviantan contra la inversión?: un gobierno que está atrapado en el primer día del diálogo terminando sus reuniones con un “yo recién me entero”; un Congreso infestado de populistas con suficientes congresistas comprados para no tomar decisiones que afecten a Castillo; una bancada oficialista que propone crear una empresa estatal Las Bambas; y un Ministerio de Economía que se conforma con perder 348 millones de dólares en impuestos y regalías.
Existe un solo diagnóstico. Si ya es intolerable: que se vayan todos. La remoción de autoridades es un derecho amparado en el art. 2º inciso 17 de la Constitución Política.
El silencio haría cómplice al empresariado y sus gremios por encubrir un gobierno corrupto. La complicidad elocuente alcanza a la peregrina idea de fortalecer un gabinete.
La lucha actual de los gremios empresariales debe ser por recuperar el país del caos generado por el Gobierno. Deben exigir celeridad a la Fiscalía en sus investigaciones.
Asimismo, deben exhortar al Congreso para que resuelva a la brevedad la denuncia constitucional de la Contraloría a la ministra Boluarte por actos incompatibles con su cargo, e invocar a los parlamentarios que apliquen una política de tolerancia cero frente a la corrupción.
Un pronunciamiento firme de los gremios empresariales unidos dará las señales de que el Perú ha despertado del letargo para construir su futuro. Con el apoyo del empresariado a favor de un nuevo gobierno responsable será posible luchar por la recuperación de nuestra economía y solucionar temas importantes como la protección de las familias vulnerables, la dotación de insumos fertilizantes a los productores agrarios, entre tantos problemas que nos aquejan. Tal como dijo el Conde de Romanones: “Fórmulas sencillas para resolver problemas complejos no las conozco.“
