Entrevista a Sebastião Mendonça Ferreira
Por: Francesca García Delgado
El Comercio, 11 de abril de 2019
El investigador brasileño, Sebastião Mendonça Ferreira, presidente del Centro Wiñaq, consultor internacional y especialista en conflictos sociales, ha pasado los últimos años analizando el comportamiento de los conflictos sociales en el Perú y expone su enfoque para comprender lo que ocurre en torno al proyecto Las Bambas y en otros conflictos mineros.
—Usted plantea que la conflictividad social depende directamente de la calidad de nuestras instituciones. ¿Cómo abordar hoy los conflictos si el fortalecimiento institucional es una meta a largo plazo?
La voluntad política sí puede sacarle el jugo a las instituciones. Hace falta una voluntad política lúcida y competente para manejar estas situaciones, y creo, que es lo que ha faltado en el conflicto de Las Bambas. La precariedad de las instituciones, especialmente, su poca credibilidad hace muy difícil para el Gobierno resolver los conflictos y para la ciudadanía confiar en las soluciones.
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Mendonça Ferreira consideró oportuno explicar lo que ocurre en las comunidades cuando llega una empresa minera. Mendonça, relató que una de las primeras razones de la aparición del conflicto es el contraste que genera una gran empresa minera, frente a comunidades aisladas y con actividades de productividad baja. Mientras que las mineras generan una economía moderna en torno a ellas de miles de millones de dólares al año, el ingreso promedio de una persona de la zona es de aproximadamente US$ 900 por año.
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—¿Qué responsabilidades deben asumir las mineras?
Las mineras se asientan en zonas donde para una persona común es muy difícil salir de la pobreza. Estoy 100% de acuerdo en que una minera por obligación debe ejecutar sus proyectos de responsabilidad social, pero si bien estos son positivos para la población local, no previenen los conflictos. La forma de evitar que la población se sume al conflicto es que el Estado cree condiciones para el desarrollo económico.
—Aunque son las mineras las que tratan directamente con las comunidades
La minera tiene que ser consciente que su llegaba genera temores y expectativas, y debe administrar ambas cosas. Muchas mineras se satisfacen con obtener la licencia formal para sus proyectos sin dar mucha importancia a las creencias locales o sin verificar que la gente entendió el tema o está tranquila.
—O por garantizar que su actividad mejore la calidad de vida de las comunidades
En seis años, la pobreza bajó de 55% a 35% en Apurímac [donde se ubica el proyecto minero Las Bambas]. Es una caída en promedio de 3% por año. Esta región nunca mejoró tanto en la historia del país pero tenemos el peor conflicto en esta zona. El resentimiento de la población es el más alto que en otras épocas. Es como si no hubiera ocurrido esa mejora.
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Para el investigador, hay dos tipos de personas que «mueven» un conflicto: ex líderes políticos o activistas o los abogados. Estos actores encuentran eco en la población debido a que las comunidades no encuentran una ruta para mejorar sus condiciones de vida pese a que regiones como Apurímac, reciben miles de millones de dólares. El especialista cuestiona que este dinero entregado a los gobiernos locales y regionales no se transforme en condiciones para el desarrollo de las familias que no están directamente ligadas a la minería.
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—La imagen recurrente en los conflictos es la evidente asimetría entre los dos bandos: por un lado, las empresas como entes poderosos y de otro, la población mayormente olvidada por el propio Estado
Yo no puedo ser injusto con personas pobres que están luchando para progresar. El problema es que los reclamos legítimos o no, están mezclados. Lo bueno del caso de Las Bambas es que es un caso típico de “búsqueda de rentas”, donde de alguna manera un grupo presiona a la mina para que les dé beneficios.
—¿A qué se refiere exactamente con el esquema de “búsqueda de rentas”?
Que hay un sector cuya estrategia de capitalización de recursos es crear un conflicto con la mina, jaquear a la empresa y exigir un pago por una solución. La gente va aprendiendo que si yo le hago un problema a la mina conseguiré algo. Si la empresa es muy grande eso se vuelve un negocio muy rentable. Tanto que pueden tener profesionales dedicados a esto.
—¿Qué solución es más viable con nuestra realidad política e institucional?
El primer componente es entender la naturaleza de los conflictos: su origen y causas y las empresas tampoco logran entender eso. La minera llega a una zona y produce hasta tres capaz sociales con aspiraciones distintas. Estamos en un país donde el imperio de la ley se aplica muy bien en San Isidro pero a medida que uno se aleja, este va disminuyendo y la calidad de las instituciones también. Esto permita que en el Perú sea muy rentable armar conflictos contra empresas.
—Es recurrente aludir a la falta de comunicación como parte del problema en un conflicto, ¿qué hay de los incumplimientos?
El incumplimiento de compromisos es una de las cosas que más favorece a que se propaguen los conflictos mineros. La mina y el Estado deben cumplir con sus compromisos en cualquier negociación. Pero además, la mina debe responder a todos los “fake news” para que estos no se transformen gradualmente en creencias.
—¿Considera legítimo tomar una carretera durante una protesta social?
Para una población pobre y aislada, buscar un mecanismo para que su reclamo sea conocido es legítimo. Pero si yo tengo 60 días de toma de carretera esa no es una protesta esa es una herramienta de extracción de rentas. Cambia la naturaleza del conflicto.
—¿Qué está en juego en la reunión de hoy entre el primer ministro, Salvador del Solar y las comunidades de Las Bambas?
Si lo negociadores manejan bien es posible llegar a un acuerdo, pero que tendrá un alto costo económico para el Gobierno y para la empresa, y un alto beneficio económico para los grupos promotores del conflicto. Mi temor aquí es que se dé una solución rápida y que el conflicto se replique en otras comunidades en toda la ruta del corredor minero.
El experto opinó que el Ejecutivo tiene una teoría del conflicto que no funciona en el país, debido a que no permite evitar que los conflictos sociales escalen. «El costo social y político es más alto cuando el conflicto estalla», dijo.
