Sebastiao Mendonça Ferreira
Perú21, 14 de agosto de 2017
El viernes pasado, el Partido de los Trabajadores (PT), con los abogados de los políticos acusados de corrupción, ha organizado un Tribunal Popular en contra de la operación Lava Jato y de las sentencias emitidas por el juez Sergio Moro.
Los jueces fueron todas personas ligadas al PT. El fiscal Eugênio Aragão fue el ex ministro de Justicia de Dilma Rousseff, y la defensa tuvo un rol más burlesco que jurídico.
Las acusaciones no fueron solo en contra de Sergio Moro sino también del Ministerio Público, de sus procuradores y de la Policía Federal. Como era de esperarse, el Tribunal Popular condenó por unanimidad a la operación Lava Jato por filtraciones a la prensa, prisiones preventivas, acciones excesivas, y uso de recursos jurídicos para la persecución política, y condenó a los medios de comunicación nacionales por difundir la operación.
Sin mayores consecuencias legales, ese Tribunal Popular anti Lava Jato fue, en realidad, una representación teatral, una farsa jurídica con el propósito de deslegitimar las instituciones que están liderando la lucha contra la corrupción en el Brasil, descalificar la condena de Lula y defender a los políticos acusados por corrupción.
Esta iniciativa es ilustrativa de lo que el PT estaría dispuesto a hacer si tuviera el poder. La farsa tendría fuerza de ley y los jueces y procuradores de Lava Jato estarían siendo condenados por su lucha contra la corrupción. Lula mismo ya avisó que, si regresara al poder, los enviaría a prisión y regularía los “excesos” de la prensa. Décadas del futuro brasileño estarán en juego en las decisiones que tomen los electores en las elecciones de 2018.
