Por: Rubén Vargas Céspedes
El Comercio, 14 de Febrero del 2023
“Para extorsionar se necesitan solo dos cosas: información de la víctima y un teléfono celular”.
En 1980, la principal amenaza para la democracia y la seguridad provenía de dos grupos terroristas que pretendieron tomar el poder utilizando la violencia extrema. Superamos el problema. Ahora la amenaza viene de un enemigo mucho más peligroso: el crimen organizado, especialmente el que nace de las economías ilegales. El ejemplo más cercano y nítido de los daños que ocasionan es México. Varios estados de la confederación están controlados por los cárteles de la droga y otros negocios ilegales. El promedio diario de asesinatos es de 95 personas (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. México, 2023).
En el Perú, la evolución del crimen organizado en los últimos 40 años ha sido vertiginosa. Hasta 1995 estaba vinculado principalmente al negocio de las drogas cocaínicas. La máxima expresión criminal fueron las firmas que operaban en el Alto Huallaga. Esta etapa terminó con la caída de los cárteles colombianos. La demanda de cocaína desapareció y el precio de la coca cayó por debajo de sus costos de producción. Las organizaciones criminales mutaron hacia formas más predatorias y urbanas, siendo el asalto a bancos y el secuestro sus principales actividades.
Con el inicio del nuevo siglo, entramos a la actual etapa de las extorsiones. Empezaron ‘chalequeando’ (vender un ficticio servicio de seguridad) a las obras de construcción civil. Con el paso de los años y la escasa comprensión del problema por parte de los operadores de la administración de justicia, este delito fue creciendo y complejizándose cada vez más. Las víctimas no eran solo los ingenieros residentes de las obras, sino también empresarios de otros rubros económicos. El ‘modus operandi’ es el mismo: “pagas si quieres seguir viviendo”, “pagas para que sigas trabajando”.
Geográficamente se expandieron hacia las regiones con mayor crecimiento económico (La Libertad y Piura). Ahora bien, ¿por qué dejar los secuestros por las extorsiones? Principalmente porque en el cálculo costo-beneficio la extorsión es un negocio más rentable, sostenible y, lo más importante, con mucho menor riesgo. Para secuestrar necesitan un equipo en tres niveles: los que dan el golpe, los que esconden a la víctima y los negociadores. Conseguir la recompensa podría tardar semanas, meses o años. Eso los hace vulnerables. Para extorsionar se necesitan solo dos cosas: información de la víctima y un teléfono celular.
Las ganancias astronómicas y la impunidad generaron un crecimiento exponencial. En los últimos cuatro años, los casos denunciados a la PNP pasaron de 1.637 en el 2019 a 13.694 en el 2022. Sin embargo, esta cifra no refleja ni por asomo la magnitud del problema. Primero, porque estamos frente a un fenómeno que es muy difuso y subterráneo. La víctima está en su casa, en su oficina o en un hospital, siempre muerta de miedo por la amenaza. El extorsionador podría estar dentro de un penal, en cualquier barrio o, inclusive, en el extranjero. Los medios utilizados son, casi siempre, el teléfono, las comunicaciones vía Internet y los manuscritos.
Las modalidades son casi infinitas, veamos las más cotidianas: extraen información de los celulares robados y, si encuentran información sensible (fotos íntimas, de contenido sexual, etc.), la extorsión es para no divulgarla. Está también el caso del falso sicario: llaman a emprendedores de cualquier estatus económico, le informan que alguien le puso precio a su cabeza y, para no ejecutar la oferta y, más bien, gozar de una protección, tiene que pagar un monto mensualmente.
Los casos más sofisticados tienen relación con cierto control territorial. A esta modalidad la llamo Extorsiones S.A. Consiste en delimitar determinados espacios de la ciudad y forzar a toda actividad comercial dentro de ella a pagar por el servicio de seguridad. Por ejemplo, las avenidas Javier Prado, La Marina, Universitaria, etc. tienen dueños y el transporte formal e informal tiene que pagar un ‘impuesto’.
En las obras de construcción civil antes se pagaba, como dijimos, por el ‘chalequeo’; ahora la viabilidad de cualquier obra (pública o privada) pasa por pagar hasta el 5% del monto total de la inversión. Algunos gobiernos subnacionales también están sometidos a la lógica extorsiva. ¿Se imaginan cuánto es el costo mensual de mantener en la planilla del servicio de limpieza a 500 trabajadores fantasmas? Una empresa brasileña pagaba el costo mensual de 1.500 platos de arroz con pollo que nunca fueron degustados.
El problema es que ahora las extorsiones se están internacionalizando. Franquicias de una organización criminal de origen venezolano se están ramificando en Colombia, Ecuador, el Perú y Chile. Por ahora, el principal negocio es la trata de personas con fines de explotación sexual. Las víctimas se cuentan por miles. Organizaciones locales que amasaron fortuna con las extorsiones están entrando a traficar droga internacionalmente. La muerte de 104 estibadores chalacos entre el 2012 y el 2015 tuvo que ver con este fenómeno. Se podría decir que todos los casos de sicariato están en relación directa con la extorsión.
Finalmente, cuando una persona paga a un extorsionador para proteger su vida y sus bienes, ¿no es un cuestionamiento a los fundamentos más básicos del Estado? Si la autoridad no es capaz de protegernos de esta amenaza, ¿entonces cuál es la razón de su existencia y el argumento para seguir pagando impuestos?
