Por Rubén Vargas Céspedes, Exministro del Interior
El Comercio, 13 de enero del 2022
En el mes de julio del 2016, inicios de un nuevo gobierno, el crimen organizado y la inseguridad ciudadana estaban desbordadas. El Callao y otras regiones fueron declaradas en estado de emergencia. Los principales indicadores vinculados a la criminalidad nos acercaban a los países centroamericanos más violentos. En homicidios, el promedio nacional por cada 100 mil habitantes era de 7,2, pero en Tumbes llegaba a 20,6 y en el Callao, a 15,2. Era similar lo que pasaba con los robos, extorsiones y, en general, con todos los delitos predatorios.
De esta oscuridad nació, el 29 de agosto del 2016, la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Los pilares en los que sostiene su estrategia contra el crimen son i) utilizar a la inteligencia operativa y electrónica como la principal arma de combate, ii) filtros constantes de integridad para todos sus jefes operativos, iii) trabajo conjunto con las fiscalías especializadas y iv) respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales durante toda la investigación y, especialmente, durante los megaoperativos. Gracias a esta fórmula, se controló rápidamente el crimen organizado. Los inicios fueron muy duros, primero venciendo las resistencias internas y, tal vez lo más difícil, enfrentando los ataques de personajes vinculados a la política y a los abogados que patrocinaban a las organizaciones criminales investigadas.
Tener un equipo policial con las características mencionadas, especialmente usando de manera honesta los recursos asignados, es, sin duda, un peligro para los políticos con rabo de paja y para los poderes fácticos que representan a las economías ilegales.
Pero el problema no termina ahí. El comando policial decidió recortar drásticamente el presupuesto operativo, con lo que, probablemente, no se puedan terminar las investigaciones que estaban en curso, muchas vinculadas a casos de corrupción del actual Gobierno. Con esta medida, tampoco se podrán realizar megaoperativos ya programados porque requieren una logística compleja y costosa.
¿A quiénes les conviene que desaparezca o se castre a la Diviac? ¿Señor general PNP Javier Gallardo, su papel como comandante general no debería ser más bien el de apoyar, como hicieron sus antecesores, a una de las unidades más eficientes y emblemáticas que tiene la policía? Se huele a leguas el miedo a una policía profesional.
A todo esto, ¿no dirá nada el ministro del Interior, Avelino Guillén? Por la naturaleza de sus funciones, las unidades especializadas requieren siempre el respaldo de su comando y el de su ministro.
