Por: Rollin Thorne Davenport
El Comercio, 15 de julio de 2021
El desempeño económico peruano en las décadas recientes ha sido prominente. Por medio de políticas públicas enfocadas en aumentar la inversión privada –el motor de toda economía moderna–, el bienestar de los peruanos es hoy, en conjunto, mayor que nunca. Esto, sumado a un manejo macroeconómico notable y a una oferta comercial cada vez más competitiva, ha logrado que el Perú instituya los cimientos que afiancen su prosperidad venidera.
En este sentido, los indicadores económicos de los últimos años han sido alentadores. Por ejemplo, el PBI per cápita aumentó de US$ 1.197 en 1990 a US$ 6.127 el año pasado. Asimismo, el coeficiente de Gini –el cual mide la disparidad en los ingresos nacionales– se redujo de 55,1 en 1998 a 41,5 en el 2019. Otros indicadores de desempeño social también han mostrado resultados favorables. La esperanza de vida en el país, por ejemplo, ascendió de 48 años en 1960 a 76 en el 2018, y se estima que alcanzará los 79 en el 2050.
No obstante, es indudable que la administración pública continúa arrastrando carencias que entorpecen el desarrollo nacional. Los efectos dolorosos de la pandemia lo demuestran. Pero, entonces, ¿por qué estas carencias perduran a pesar del notable avance económico que se ha obtenido? La insuficiencia del Estado abarca un sinfín de ámbitos. Empero, es fundamental que el próximo gobierno encauce sus prioridades para atender dos áreas fundamentales históricamente desatendidas: la excesiva informalidad y el déficit de gestión pública.
Una economía con aproximadamente 75% de empleo informal es insostenible. Esto, debido a que los beneficios de la formalidad y las directrices regulatorias y tributarias solo impactan a una fracción muy reducida de la PEA. Es urgente que la generación de incentivos, que reduzcan la brecha entre el sector formal e informal, tome un protagonismo mucho más notorio. En el Perú, por ejemplo, una empresa de 30 trabajadores necesita destinar seis de ellos (20% de su planilla) a lidiar con la maraña regulatoria exigida por el Estado. Esto es inaceptable. Resulta indispensable que las instituciones públicas se enfoquen en diseñar un marco normativo –tanto laboral como tributario– mucho más amigable que fomente el aumento de la productividad empresarial y su inclusión a la formalidad.
En una segunda instancia está el déficit de gestión pública, el cual ha sido quizás mucho más visible durante la pandemia. Uno de los principales defectos de los procesos de administración pública es que cuentan con un sistema de planeamiento desconectado de las necesidades de la ciudadanía. Esto, combinado con la incapacidad de ejecución presupuestal, es alarmante. Por ejemplo, a pesar de que el presupuesto destinado a financiar servicios públicos de salud se incrementó de aproximadamente S/ 3.200 millones en el 2001 a S/ 20.000 millones en el 2020, poco se ha hecho por aumentar sustancialmente la capacidad real de atención. En este mismo sentido, es también evidente que las regiones con mayores ingresos por canon y regalías mineras están dentro de las más pobres del país, en gran medida debido a la insuficiencia de los gobiernos regionales y locales en ejecutar correctamente el presupuesto. Es imperativo, pues, que el Ejecutivo muestre un compromiso sólido por atender las notorias carencias de gestión.
La cartera problemática del Perú –tanto superficial como estructural– es extensa. Sin embargo, a pesar de la obsesión utópica de un sector político en convocar a una asamblea constituyente como solución genérica, queda claro que las carencias del país no serán resueltas por cambios superficiales en las normas jurídicas. El próximo gobierno tiene la oportunidad de reorientar sus prioridades para atender los verdaderos problemas del país. Es ahí donde se encuentra su verdadero compromiso con la población.
