Por: Rodrigo Cruz
El Comercio, 26 de setiembre del 2023
“Los ciudadanos estamos pagando los platos rotos de estos tiempos decadentes que no cesan”.
La ineficiencia, indolencia, corrupción y precariedad institucional del Estado Peruano, que no son de ahora, sumadas a la incapacidad del actual gobierno, están empujando a este país cada vez más a un modelo de autoritarismo en el que no importan los excesos que se cometan, los derechos que se suspendan, con tal de que se haga creer que se está haciendo algo para enfrentar a la delincuencia. Lo estamos viendo en estos últimos días con esa falsa ilusión –pero con mucha acogida en una sociedad desesperada– de que la única respuesta real para combatir la criminalidad son los estados de emergencia.
Es, pues, una apuesta simplista (y para nada innovadora) ante una realidad más compleja, pero a ojos del ciudadano es la alternativa más factible al ver cómo día a día en su barrio la criminalidad se expande, mimetiza y no encuentra solución al acudir a las autoridades. Por supuesto, esto es aprovechado por nuestra precaria clase política para que recurran a medidas poco efectivas pero populistas, que calman de cierta manera las ansias de un pueblo cansado de no vivir en paz. Haciendo de todo esto un caldo de cultivo perfecto para el caos. O, mejor dicho, de un ticket hacia el abismo.
La última encuesta del IEP es una señal del camino que estamos transitando: uno de cada dos peruanos está de acuerdo en que, para reducir la criminalidad, es necesario aumentar el castigo a los delincuentes, y seis de cada diez sostienen que apoyarían a un líder que acabaría con la delincuencia sin importar que no respete los derechos de las personas. Si esto no es reflejo de años de incapacidad, impunidad y populismo punitivo para combatir el crimen, ¿qué cosa lo es? Del mismo modo, que la respuesta del gobierno de Dina Boluarte sea solo declarar estados de emergencia nos habla de su renuncia a realizar una gestión seria y diligente para enfrentar la inseguridad ciudadana.
Los ciudadanos estamos, en todo caso, pagando los platos rotos de estos tiempos decadentes que no cesan. Y, lo que es peor, la respuesta colectiva no es un giro a la moderación, sino a entronizar y extremar la mano dura como único mecanismo de respuesta del Estado ante el crecimiento de la delincuencia. Y que ha encontrado un terreno fértil en un Ejecutivo sin propuestas para que discursos radicales sigan creciendo peligrosamente en el país hasta las próximas elecciones generales, todo en nombre del orden público y la seguridad ciudadana. Un ticket seguro hacia el abismo sin regreso.
