Rocio Medina Polar
Economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC)
Para Lampadia
El Perú, al igual que los demás estados, enfrenta el siguiente dilema: ¿Cómo satisfacer un sin fin de necesidades con recursos limitados? Sin embargo, ¿por qué algunos ofrecen servicios públicos de calidad para sus ciudadanos, mientras que en el Perú estos adolecen, pese a que contamos con mayor personal y presupuesto que en años anteriores?
Según datos de la encuesta de Gallup del 2020, en promedio, el 72% de la población en el Perú está insatisfecha con los servicios públicos que reciben (educación, salud e infraestructura). No obstante, en países como Chile o Singapur este porcentaje asciende a 52% y 7%, respectivamente.
En el Perú, las entidades del Estado deberían operar sobre la base de dos principios: preservar el equilibrio presupuestario y proteger el interés público. Si prestar servicios públicos eficientes es la esencia del actuar del trabajador público, ¿por qué en la práctica esto no se da? Por el contrario, más allá de fomentar un buen servicio al ciudadano sobre la base de estos dos principios, existen mecanismos que ponen en riesgo su correcta provisión. Uno de ellos es la desregulación de la negociación colectiva.
La negociación colectiva es un mecanismo fundamental que permite a los trabajadores y empleadores negociar mejores condiciones de trabajo y beneficios laborales para ambas partes[1]. Sin embargo, en los últimos años, la aplicación de este mecanismo ha generado una carga fiscal al Estado que beneficia a unos pocos y no reditúa en mejoras en la productividad ni en los servicios públicos para los ciudadanos.
Según datos de Servir, durante el periodo 2013 – 2020 se han registrado 1,394 pliegos de reclamos en 507 entidades, principalmente en los gobiernos locales (56%). La mayoría de estos pliegos solicitan beneficios económicos vinculados a bonificaciones por fiestas conmemorativas, años de servicio, canastas, entre otras. Algunos ejemplos de estos reclamos son:
- Una bonificación de S/30,000 para cada servidor público por resolver pacíficamente la negociación colectiva.
- Un bono de S/20,000 para cada servidor público que haya cumplido 5 años de servicio.
- S/14,000 anuales para cada servidor público en bonificaciones por el día del trabajador, cumpleaños, aniversario del distrito, entre otras.
El problema con estos reclamos es que redistribuyen los escasos recursos, financiados con los impuestos de los ciudadanos, que podrían ser destinados a brindar servicios públicos de calidad y garantizar el acceso a oportunidades de desarrollo. Además, la aceptación de estos reclamos se da de manera discrecional, sin seguir un criterio técnico estándar que aplique a todo el sector público, generando inequidades entre los trabajadores.
Pese a esto, algunas autoridades siguen anteponiendo sus propios intereses al de los ciudadanos. En el 2020, el Congreso derogó el DU 014-2020, el cual disponía criterios técnicos para que todas las entidades puedan negociar colectivamente, sin afectar la sostenibilidad financiera del Estado. En su lugar aprobó la Ley 31188, la cual regula las negociaciones colectivas sin ninguna consideración respecto a los límites presupuestales. Esto, según estimaciones del MEF, podría implicar un costo adicional anual de hasta S/6,228 millones. ¿Qué se podría hacer con ese monto? Construir 1,200 postas médicas o 31 hospitales o cubrir los costos de más de 281 mil estudiantes de secundaria en zonas rurales[2].
Si queremos un Estado que atienda las necesidades de la población, haga uso eficiente de sus recursos y garantice mecanismos de negociación justos para todos los trabajadores; la decisión del Tribunal Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 31188 resulta crucial, así como la voluntad política del Ejecutivo y el Congreso por diseñar una norma que cumpla los principios de la función pública.
Se deben mejorar las condiciones laborales y de productividad de los trabajadores, sí, pero no a costa del bienestar de los ciudadanos. Lampadia
[1] Organización Internacional del Trabajo (2016). Negociación Colectiva: guía de políticas. Lima.
[2] MEF (2019). Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Shack, Pérez & Portugal (2020). Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: Una aproximación exploratoria. Contraloría General de la República. Lima, Perú.
