No cabe duda de que el presidente Vizcarra ha pasado, en poco tiempo, de ser un gobernante opaco al mando de un gobierno débil, a convertirse en un líder con un apoyo popular inusitado. Empezó su mandato con lo que parecía ser la adopción del modo ‘durar hasta el 2021’. Él y sus ministros se dedicaron a emitir mensajes populistas y ceder ante el más mínimo atisbo de conflicto: …“el crecimiento no depende de la estabilidad laboral”… “Tía María no empezará sin licencia social”. Vimos al primer ministro capitular ante protestas de un pequeño aumento de tarifas de agua increpando al regulador que las aprobó: …“tienen que entender que no se puede aplicar la ley por aplicarla”. Se dieron medidas increíbles como la de retroceder en un aumento del diésel, ¡rebajándolo a un precio menor que el vigente antes del aumento! Mientras tanto disputas en el Gabinete eran frecuentes, donde figuraba la actuación estelar del ex ministro de Trabajo embarcado en una campaña para destruir la ley que ha sustentado el milagro agroexportador peruano; el único sector económico que crece consistentemente año tras año formalizando a centenares de miles de trabajadores.
La metamorfosis presidencial se ha sustentado fundamentalmente en su liderazgo al frente de la lucha contra la corrupción. También han contribuido su imagen de decencia y la desafección ciudadana por un Poder Legislativo en desbande y protagonista de permanentes episodios vergonzosos. En efecto, el capital político acumulado por el presidente aunado a un Congreso apocado le permitiría aprovechar la oportunidad única para acometer la gran cantidad de reformas que el país necesita para salir del letargo y extremo desgobierno en que se encuentra.
El dilema que enfrenta hoy el presidente está entre tratar de preservar una popularidad que parece haber llegado a su techo o emprender las urgentes reformas que el país espera. Desafortunadamente, ambas alternativas entrañan dificultades. En el primer caso, mantener popularidad usando la fórmula de la inacción y la de ceder a la protesta injustificada hará que esta popularidad se desvanezca ante demandas populares genuinas y apremiantes que ya se empezaron a reflejar en sondeos de opinión. De otro lado, adoptar las medidas y reformas urgentes requiere de un cambio de actitud de todo el gobierno; del primer ministro, de muchos de sus ministros y de la administración en general, para llevar a cabo las acciones que hoy no quieren o no pueden tomar. Se suma a esto el montaje de desprestigio que buscan enemigos políticos del presidente apelando a imputaciones risibles, así como la existencia de decenas de grupos antisistema que proliferan en diversas regiones.
Pero no cabe duda alguna de que la peor alternativa que el gobierno puede elegir es la de la inacción. Hoy la percepción de un grado sumo de desgobierno se manifiesta en casos emblemáticos. Uno de ellos es la negativa a autorizar el inicio de la construcción de Tía María, siendo este un proyecto que ha cumplido con todos los requisitos de ley. El temor que manifiesta el gobierno en este tema será la semilla para que se empodere a aquellos que quieren impedir que el Perú utilice su principal recurso en la consecución de empleo y progreso. Otro caso flagrante es la parálisis gubernamental en gestionar la correcta interpretación del artículo 27 de la Constitución, actualmente maliciosa e ideologizadamente usada para convertir al Perú como el país con la legislación laboral más inflexible del mundo. Esto está privando a millones de peruanos de acceder a empleos de calidad que eleven la productividad y el crecimiento de la nación. Y, por supuesto se requiere además una simplificación profunda de las más de 1.400 páginas de normas laborales; normas muchas de ellas literalmente incumplibles.
El tema regulatorio es también de urgente atención. El Perú es hoy ‘la república del trámite y el país del permiso’. Aquí no se necesita legislación alguna. Solamente se requiere poner en marcha las reformas promulgadas a inicios del año 2017 que, entre otras normas, ordenan la autoextinción de todo trámite inútil (sunset law). De igual manera, el presidente debe hoy empoderar a sus ministros y obligarlos a que no abdiquen del poder rector que la ley les otorga respecto de los gobiernos regionales antes que el Perú se convierta en un archipiélago de feudos independientes e ingobernables.
No pretendo sugerir que estas tareas sean fáciles, pero la inacción no solo destruirá el capital político acumulado sino que dará armas a los enemigos del gobierno y de la nación. No dudo de que disfrutar de alta popularidad puede ser placentero y gratificante, pero del mismo modo en que el estudiante debe regresar al aula a estudiar cuando termina el recreo, es momento de que el gobierno retome la tarea de gobernar.
Por: Roberto Abusada, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 24 de enero de 2019
