Por: 19 de marzo de 2020
El Comercio, 19 de marzo de 2020
En la situación actual, en que se debe enfrentar una crisis severa, es el momento en que el Gobierno sea consciente de las restricciones que tiene para no tomar decisiones equivocadas o contraproducentes. Veamos algunas. Creo que la principal restricción radica en la escasez de información certera y en la idoneidad de quienes toman decisiones en el Ejecutivo y el aparato administrativo en general, en todos los niveles de gobierno.
La decisión de imponer el distanciamiento social y la prohibición de viajes para mitigar el tamaño de la epidemia enfrenta también otro enorme condicionamiento: se debe velar por la salud colectiva protegiendo económicamente a enormes segmentos de población. La cuarentena y las medidas posteriores han agregado, de golpe, a una gran proporción de población al estado de vulnerabilidad. Se trata de una proporción poco estudiada dentro de lo que se conoce como ‘clase media vulnerable’, que se calcula en un 40% de la población del Perú. Esa proporción se intuye como muy grande debido al grado de informalidad de la economía. Así, la protección social y la protección del aparato productivo se vuelven indivisibles. En la medida de lo posible, el Gobierno tiene que sostener la continuidad de la producción de bienes y servicios, y evitar así el colapso total del aparato productivo, con el consiguiente e inconmensurable costo social.
Por esta razón, ahora que el Gobierno optó correctamente por la alternativa draconiana, se debe dar paso a la acción quirúrgica de proteger en lo posible el aparato productivo, los ingresos de la población, y la sobrevivencia de las empresas. La mejor manera de proceder en este momento es identificar qué actividades productivas no pueden parar, al tiempo que se enfatiza el uso masivo del diagnóstico. El testing a la coreana será la única manera de salir de la cuarentena. No hacerlo es enfrentar la posibilidad de que la economía, lejos de expandirse este año ligeramente, como anticipan muchos analistas, experimente una contracción que podría oscilar entre -1% y -4%.
Se trata de una labor intensa y difícil que pondrá a prueba las capacidades del Ministerio de Economía (MEF). Podemos confiar en que el Banco Central proveerá muy probablemente, como lo hizo con ocasión de la Gran Crisis, la liquidez suficiente para que el sistema financiero siga sosteniendo a las empresas, evitando así que se interrumpa la cadena de pagos. En este punto habrán de intervenir también los brazos financieros del Estado como Cofide y el Banco de la Nación y el Fondo Crecer para mitigar la probable renuencia de la banca comercial a atender a empresas particularmente afectadas en su salud financiera.
La tarea más difícil es la del MEF, en la medida en que enfrenta la necesidad de apoyar una economía que posee una buena parte de su producción en la informalidad y una proporción anormalmente alta de su fuerza laboral en la misma situación. Quizás la manera obvia por donde empezar a echar a andar la economía es en aquellas actividades intensivas en el uso de maquinarias y equipos, y poca participación laboral. Un ejemplo de estas son obviamente las construcciones y operaciones del sector minero, así como varias actividades que emplean procesos continuos (hornos costosos de apagar, procesos químicos difíciles de interrumpir, etc.) como el cemento, el vidrio, y la fabricación de ladrillos, entre otros. Un reinicio inmediato de estas actividades y el uso agresivo del testing de los trabajadores en tales sectores puede aminorar sustancialmente la pérdida de producción en esas actividades y en la actividad general que depende de ellas. Tal fórmula representaría un peligro de contagio inferior al que se soporta actualmente, al mantener el aprovisionamiento de alimentos en los mercados por parte de los ciudadanos. Caso similar puede explorarse en la agroindustria de exportación.
El Gobierno deberá encontrar la manera de apoyar la economía familiar de la gran mayoría de la población que vive en la informalidad y que depende de una actividad para cubrir los gastos del día. A mi juicio, el Estado debe contemplar la posibilidad de subsidios directos a la población en la medida en que esté bancarizada, y reforzar todos los programas de ayuda social para llegar a los segmentos más vulnerables. El monto por el pago de servicios públicos del hogar puede definir el umbral para decretar una moratoria de uno o dos meses en el pago de los estos servicios a un conjunto grande de hogares de escasos recursos.
