Por: Roberto Abusada, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 18 de setiembre de 2018
El anuncio del presidente Vizcarra de hacer de su propuesta de reformas constitucionales una cuestión de confianza no es sino un episodio más en el peligroso juego de poder en que están enfrascados Fuerza Popular y el Ejecutivo. El presidente acaba de ‘elevar la apuesta’, y Fuerza Popular seguramente responderá toreando el reto llevándolo al campo de las interpretaciones sobre su validez legal, mientras sigue considerando en comisiones las propuestas del Ejecutivo, quitando así gradualmente legitimidad al pulseo.
El actual conflicto de poder no presagia nada bueno para la salud de la república.
Mientras tanto, más allá de las importantes reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo, el país continúa en riesgo de ver pasar todo un período de gobierno, y llegar al bicentenario sin adoptar las medidas imprescindibles para empezar a resolver problemas endémicos que aquejan a toda la sociedad: la inseguridad, la falta de empleo formal e infraestructura, los pésimos servicios de salud y educación, y pobres instituciones hoy generadoras de corrupción y atraso. Los ciudadanos, por su parte, no pueden haber enviado mensajes más claros a la clase política. Ahí están los sondeos en que expresan el hartazgo respecto del comportamiento de sus autoridades elegidas, y su desafección respecto de las instituciones.
El atolladero está dejando al país con un gobierno disfuncional a 19 días de realizarse elecciones regionales y locales en medio de una apatía popular sin precedentes, y con 13 regiones sufriendo el colosal fracaso de la reconstrucción después de los desastres de El Niño costero. Las consecuencias de elegir autoridades municipales con un mandato popular tan débil, producto de la dispersión del voto debido a la absurda cantidad de listas (10 o más) en competencia, sumadas a las que producirán una reconstrucción frustrada, serán los dos temas que se agregarán a la actual sensación ciudadana de falta de rumbo y de gobierno. Recrudecerá la penosa sensación de ver al Estado paralizado, incapaz, indolente y a veces corrupto ante sus problemas cotidianos.
El próximo 7 de octubre se elegirán completamente nuevas (e inexpertas) autoridades regionales y locales llamadas a gobernar dentro del marco de una regionalización probadamente deficiente. Son 113.469 personas que aspiran a un puesto en el Estado.
En un país que no ha podido promover el empleo digno, estas elecciones se convierten en un ejercicio donde los menos aspiran a servir, y los más acuden impulsados por aquello que los mexicanos llaman ‘chambismo’: buscar en el Estado una forma de vida. Sin duda también dentro de este enorme contingente de ciudadanos habrá quienes pretenden ingresar a la función pública con algún fin innoble; algo que parece sugerir la información del Jurado Nacional de Elecciones que señala la existencia de 2.251 candidatos con antecedentes penales.
Y respecto de la reconstrucción, en este mismo espacio en abril del año pasado esbocé las recomendaciones que la experiencia y los técnicos más competentes aconsejaban para afrontar el complejo objetivo: empoderar a un equipo compacto a cargo de la tarea, asentarlo en el Ministerio de Economía y Finanzas debido a su familiaridad con los procesos de programación y presupuesto, y contratar a una empresa de ingeniería especializada de clase mundial para asesorar al equipo encargado de planear los procesos de diseño, licitación y supervisión de obras agrupadas en grandes paquetes. Esta manera de acometer la reconstrucción no buscaba, como se dijo, excluir a gobernadores, alcaldes, empresas constructoras de las regiones, ni a sus colegios profesionales. Lo que pretendía era concentrar la responsabilidad en grandes grupos de obras. ¡En cambio se optó por dispersar la tarea en 9.976 obras de todo tamaño a ser conducidas por 306 diferentes unidades ejecutoras! Y en mayo pasado, reincidiendo en el error, se disgregó aun más el esfuerzo al transferir el 45% de la responsabilidad de las obras a los gobiernos municipales.
Este mes el primer ministro nos ha anunciado que del ya recortado presupuesto para este año de S/4.000 millones, se han transferido a las regiones afectadas S/2.184 millones, pero que solo el 18% se ha ejecutado. Se aplica a este caso la frase que algunos atribuyen a Albert Einstein: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.
