Roberto Abusada Salah, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 26 de diciembre de 2017
Hace casi un año en este mismo espacio, al intentar dilucidar los orígenes y las consecuencias inmediatas para el Perú de la corrupción importada del Brasil, escribí: “El 2017 será recordado como el año infausto en que la corrupción provocada por las constructoras brasileñas generó en el Perú una profunda crisis política y económica que ha desnudado nuestra pobreza institucional y apagado también las esperanzas de acelerar nuestro enclenque crecimiento”.
Este año la atención de los medios de comunicación, de los políticos y el público en general ha estado concentrada en descubrir y entender cómo las empresas brasileñas y los funcionarios y políticos de sucesivos gobiernos pudieron hacer presa de todo un país. Pero poco o nada hemos hecho para averiguar qué hizo posible que estas empresas puedan infligir un daño tan descomunal a toda una nación. Permanecemos impávidos con una actitud condescendiente ante la actuación del cómplice, incitador y actor principal en el acto predatorio del que hemos sido víctimas: el Gobierno del Brasil y sus 13 años bajo el dominio del Partido de los Trabajadores (PT). Parecería que no quisiésemos ver cómo el PT utilizó al Estado Brasileño y sus empresas estatales, su gigantesco Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), su Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) y a su más siniestro engendro –el Foro de Sao Paulo– para perpetuarse en el poder e intentar consolidar su influencia en toda América al sur del Río Grande.
Con reiterada actitud triunfalista, el PT proclamaba al Brasil como el nuevo integrante del centro del poder mundial, presumiendo haberle quitado al Reino Unido el sexto lugar dentro de las economías más grandes del mundo, aspirante a un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ostentar la ‘B’ de los famosos BRIC –junto con Rusia, India y China– y, de paso, aprestarse a organizar la Copa Mundial de Fútbol del 2014 y los Juegos Olímpicos de Río del 2016.
Un elemento central en su estrategia hegemónica fue la de robar dinero de su propio tesoro y empresas estatales, y canalizar recursos ultrasubsidiados a través del BNDES a las empresas que llamaron “campeones nacionales” para promover su internacionalización. Entre ellas estaban las empresas del sector de ingeniería y construcción: Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, siempre interesadas en programas como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). El PT las vio como los brazos extendidos del Gobierno, muy dispuestas a acatar órdenes oficiales y apoyar las campañas políticas de los partidos de izquierda de una docena de miembros del Foro de Sao Paulo. Varios de estos partidos llegaron al poder en el Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador y Nicaragua. Internamente, el PT también desvió dineros de contratos inflados para comprar voluntades de diputados de siete partidos brasileños, incluyendo el propio PT, con puntuales pagos mensuales para llevar adelante sus políticas en el escandaloso ‘mensalão’. Hoy queda claro que la estrategia de apoyo a sus “campeones nacionales“ jugó en contra del propio objetivo de liderazgo regional.
De todas las constructoras, la más brillante fue sin duda Odebrecht con su sofisticado esquema secreto de corrupción. Llegó a engañar a la prestigiosa escuela de negocios suiza IMD, que la consideró la mejor empresa familiar del mundo. La afamada firma de consultoría global McKinsey la ponderaba abiertamente y elogiaba su éxito, atribuyéndolos a sus ¡“principios y valores”! (“The Economist”, 22 de agosto del 2015).
Todos saben ahora que el gobierno del PT promovió un sistema de corrupción en el Perú y se inmiscuyo en más de una campaña política, como en el caso del “Programa OH”. Trató, también, de mediatizar el avance de la Alianza del Pacífico, a la que consideraba una amenaza, a través de una activa campaña para adosarla al Mercosur. Más aun, se inmiscuyó en las decisiones de nuestra defensa nacional al proponer “una alianza estratégica destinada a mejorar la capacidad disuasiva del Perú”.
El Perú debe exigir al Brasil que repare el daño causado, un daño que trasciende al cálculo económico y que incluye el perjuicio que se evidencia en su contribución culposa al deterioro de nuestras ya débiles instituciones. Los estados son entidades continuas; el hecho de que hoy el PT no esté más en el poder no exime al Estado Brasileño de su obligación de reparar el daño si aspira a entablar relaciones normales con nuestro país.
