Muchos creemos que el Perú de hoy es un país propicio para crear riqueza y progresar rápidamente; no sólo porque está todo por hacer después de décadas de estancamiento, sino porque cuenta con la laboriosidad de su gente, recursos naturales, condiciones de estabilidad económica envidiable, tratados de libre comercio que le dan acceso preferencial a todos los importantes mercados del planeta, precios libres, libertad para el movimiento de capitales y la economía más abierta de américa con una tasa arancelaria del orden del 1.5%.
Algo nefasto sin embargo ha venido creciendo al interior del Estado mientras se forjaban estas extraordinarias condiciones para el progreso gracias a la liberalización de la economía y la sobriedad del manejo económico. Mientras nos autoconvencíamos de la permanencia incólume de los pilares de la política económica a través de cinco variopintos gobiernos, el monstruo burocrático se reagrupaba silente, emasculando uno a uno los logros del buen manejo económico.[Sumado a la visión política de muchos de los actores desde círculos cercanos a Palacio, al principio del gobierno].
Las agencias reguladoras y fiscalizadoras del Estado se han dado maña para impedir la continuación del crecimiento con sus reglas absurdas, normas incumplibles y un celo sobrerregulador digno del más férreo estado controlista. Como si esto fuera insuficiente, nos hemos dado el lujo de pintar una capa más de burocracia al poner en práctica una regionalización que es la antítesis de la descentralización: un sistema que ha parido el “centralismo chiquito” de los presidentes regionales todopoderosos, en lugar de ir transfiriendo gradualmente competencias y recursos a los alcaldes provinciales y distritales. [Ver en Lampadia: Precisiones para el debate sobre el crecimiento y la recuperación de la inversión privada]. En la vorágine burocrática, el propio Gobierno Central aumentó el número de ministerios con renovados poderes para ahogar la creación de riqueza.
Hemos tardado años en percatarnos de la destrucción que esta larvada amenaza estaba creando. Hemos tenido que ver el freno al progreso que nosotros mismos causamos, para decidirnos a actuar, para empezar a luchar contra la telaraña burocrática, no sin antes, en un vano acto de negación, apelar a las explicaciones del “viento en contra” las “vacas flacas” o la “desaceleración China”. Todo esto mientras nuestro vecino colombiano nos demuestra que a pesar de contar con un potencial de crecimiento de 4.5% por año nos exhibe un 6.4% de crecimiento en el primer trimestre del año, quitándonos el título de la economía más dinámica de América Latina.
Las medidas que ha lanzado finalmente el Gobierno replican el comportamiento típico de la política peruana: actuar sólo cuando estamos al borde del abismo. Así sucedió en 1990, al tener al frente a un país fallido. En cambio una década antes, en 1980, el “dreamteam” del Presidente Belaunde, con exactamente el mismo diagnóstico y un plan idéntico al que se aplicó en los noventas, se cruzó de brazos porque vio el abismo muy lejano en el horizonte y se negó a actuar.
Más allá de las críticas principistas que podamos hacer a las medidas del Ejecutivo, hay que reconocer que se trata de un intento revolucionario de quitar poder al monstruo burocrático. Esperemos que el Congreso de la República logre ver, a través del velo de sus escándalos, que en efecto estamos al borde del abismo y ha llegado la hora de cortar el nudo gordiano que nuestra burocracia ha tejido.
