Por: Roberto Abusada
Los eventos, desorden y violencia de las últimas semanas representan un grave deterioro de la gobernabilidad del país. Muchos ignoran la facilidad con la que estos eventos pueden desembocar en un proceso irreversible que regrese al país a la situación de ingobernabilidad y al camino en convertirse nuevamente en un país fallido como el que demostró ser el Perú en el año 1990.
La situación actual sin duda tiene su origen en la elección del 2016 cuando el gobierno y la oposición fallaron miserablemente en acordar trabajar con un mínimo de cooperación. Los hechos posteriores son harto conocidos y se han caracterizado por un creciente deterioro del ambiente político y una degradación de las instituciones. Esto alcanzó su clímax con el cierre del Congreso por Martín Vizcarra. Ello, junto con la eliminación de la reelección de congresistas, nos dio un Congreso tanto peor que el que fue clausurado, y a su vez un gobierno sin apoyo parlamentario, sumergido nuevamente en la confrontación y el populismo.
Es imposible pedir al gobierno de Francisco Sagasti que enmiende una situación tan caótica en los pocos meses que quedan de su mandato. Lo que sí debe proponerse es estabilizar la situación para evitar que las fuerzas antisistema que han olido la debilidad de su gobierno desbarranquen el país al abismo.
Son dos áreas las que requieren urgente atención para al menos estabilizar la situación. La primera y más importante es restaurar el orden público. Si en esa tarea es necesario hacer participar a las fuerzas armadas tangencialmente, pues habrá que hacerlo. Esto es imperativo ya que las fuerzas antisistema están abocadas a atacar a los sectores más dinámicos de la economía, mientras que por otro lado los grupos con intereses particulares ven la oportunidad de sacar ventaja de dicha debilidad.
La segunda urgente tarea es la de evitar el deterioro de los fundamentos macroeconómicos y apoyar la reactivación de la economía. En el lado macroeconómico es imprescindible tomar medidas para evitar que la calificación de la deuda peruana sufra un deterioro. Esto es vital porque el Perú deberá endeudarse en el equivalente a aproximadamente 8 a 10 puntos porcentuales del PBI. Esto debido a que el Perú debe acceder a los mercados internacionales de crédito para enjugar un importante déficit fiscal este año y en los años próximos. Para ese propósito junto con el restablecimiento del orden es preciso evitar a toda costa medidas populistas en el Congreso y el Ejecutivo. Son este tipo de medidas las que desencadenarían el deterioro de la clasificación crediticia. La deuda pública este año se elevará del 27% al 35% del PBI. Ello no provocará necesariamente el deterioro de la calificación si es que se cumple con atenuar las medidas populistas. Al mismo tiempo debe expresarse un compromiso de estabilizar la deuda como proporción del PBI junto con una determinación de bajar gradualmente el déficit fiscal. Este déficit, que este año será equivalente a 8% o 9% del PBI, deberá reducirse año a año con la mejora de la eficiencia del gasto público, el incremento de la recaudación tributaria, y de ser necesario, la adopción de algunas medidas tributarias.
Una atención especial debe prestarse a la situación de desempleo. Si bien la reactivación se viene dando con relativa rapidez, el empleo adecuado no está acompañando esa reactivación y aquí pueden estar verificándose cambios estructurales en que las empresas parecen haber aprendido durante la pandemia a operar con un menor número de trabajadores sin que ello afecte muy significativamente la productividad. Los últimos datos de empleo adecuado indican que se han perdido aproximadamente 40% de tales empleos en Lima Metropolitana.
El gobierno debe en esta situación llegar a un compromiso amplio con el sector privado y la sociedad civil en general, para trabajar en la estabilización de la peligrosa situación actual. En la reciente situación de la derogatoria de la Ley Agraria los empresarios han debido defenderla durante toda su vigencia, sobre todo el capítulo laboral, y no esperar a que se produzca un caso límite como el que ha desembocado en la irreflexiva y sumaria anulación de esta importante ley. Distinto hubiera sido si se hubiese permanentemente defendido la ley mostrando sus ventajas sociales durante su vigencia y dejando espacio para que el impuesto a la renta de la actividad suba gradualmente y se iguale al del resto. Del mismo modo, esta cooperación entre el gobierno y el sector privado debe darse en el área de los sectores de la minería y otros que operan en lugares con escasa presencia del Estado.
Hace tres décadas el Perú era considerado un país fallido. No subestimemos la rapidez con la cual la situación actual de un gobierno débil, un Congreso populista, y un proceso electoral con muchas incertidumbres puedan poner al Perú en el camino hacia el abismo.
