Por: Roberto Abusada, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 15 de mayo de 2018
El Comercio, 15 de mayo de 2018
A diario escuchamos que una gran parte de la actividad económica de los peruanos se desarrolla en un ambiente informal. Sin embargo, nos cuesta entender a cabalidad la informalidad, en qué consiste, por qué queremos hacer que disminuya o cuáles son sus causas.
En realidad, se trata de un concepto poco preciso al que diferentes personas adscriben significados distintos, y con una línea difusa entre lo formal y lo informal. Nos referimos al empleo informal como aquel donde el trabajador no goza de todos los beneficios enumerados en la ley. Informales son las empresas que no cumplen con el pago de impuestos o cuyos trabajadores no se encuentran en planilla. Informales son igualmente los trabajadores independientes, se trate de un gasfitero, un agricultor o un cirujano, que no cumplen con el pago de sus impuestos. ¿Individuos y empresas que cumplen con la legalidad solo parcialmente serán ‘informales a medias’?
Otra manera de acercarnos al concepto de informalidad es por la vía de la productividad del individuo o la empresa. Si el nivel de productividad de una actividad económica es tan bajo que impide el pago de impuesto alguno o el de una remuneración mínima legal al trabajador dependiente, estaremos de facto enfrentando situaciones de informalidad forzosa. En estos casos, confrontar el concepto de legalidad con el de informalidad carece de sentido. Asimismo, procurar que el Estado prohíba a un individuo trabajar porque se está ‘incumpliendo la ley’ equivale a pretender que quienes lo hagan deban morir de hambre.
Lo cierto es que en el Perú hablamos mucho de la informalidad, pero no tenemos claro cuál es la magnitud del problema ni el fin que queremos perseguir cuando decimos querer disminuirla. ¿Queremos que más personas y empresas paguen impuestos? ¿Queremos que los trabajadores tengan un nivel determinado de derechos laborales? ¿Queremos que las pequeñas y medianas empresas sean más productivas? ¿Queremos que todos cumplan con las normas laborales, los requisitos municipales, las normas sobre seguridad y sanidad? ¿O todo lo anterior?
En el Perú existen 2,4 millones de empresas. Más del 95% de ellas son microempresas y quizá la mitad sea total o parcialmente informal, y con muy exigua productividad. En el otro extremo encontramos a las ‘grandes’ empresas que son solo el 0,5% del total. Y entre estos dos extremos están las pequeñas y medianas empresas, que solo conforman el 4,5% restante. Dentro de esta clasificación, las medianas empresas son solo el 0,2%. Prácticamente no existen porque debido a la maraña regulatoria peruana una empresa de unos 30 trabajadores debería dedicar a seis de ellos a lidiar con los absurdos trámites que imponen los tres niveles de gobierno, haciéndolas inviables. ¡Esto solo sucede en el Perú!
En el ámbito laboral sabemos que tres cuartas partes de los trabajadores son informales que laboran con niveles bajísimos de productividad. Otros simplemente son informales porque es imposible cumplir con 136 normas legales (la mitad de ellas promulgadas en los últimos seis años) que abarcan más de 1.400 páginas y más de 2.000 artículos.
La tributación tampoco ayuda hoy a la formalización. En lugar de tener un sistema simple, las empresas en el Perú deben contemplar cuatro regímenes tributarios: el régimen general, el Único Simplificado (RUS), el Especial (RER) y el MYPE.
Ha llegado el momento de que el Gobierno deje de encender fuegos artificiales como los que han acaparado las noticias económicas de los últimos días y se dedique a las tareas fundamentales para encender el crecimiento. La reducción de la informalidad no avanzará un ápice si no se reconocen los muchos problemas que la causan. Adoptar al menos unas pocas medidas, explicadas a los ciudadanos en el ejercicio de un verdadero liderazgo, puede ponernos en el camino correcto: reemplazar la maraña legislativa laboral por unas pocas reglas cumplibles (las actuales no son cumplibles excepto por unas pocas empresas), poner en práctica la amplia reforma regulatoria ya aprobada el año pasado y que ha quedado en el papel, tener un solo régimen tributario general (el RUS puede permanecer pero solo para la verdadera microactividad), terminar con la ‘fabrica de trámites’ que ha generado la existencia de los llamados “recursos directamente recaudados” (se inventan trámites para cobrar por ellos), liderar un movimiento que termine con la estabilidad laboral absoluta ilegalmente ‘legislada’ por el Tribunal Constitucional (el TC no existe para legislar de facto) y, finalmente, preocuparse por aumentar la productividad de las pequeñas empresas facilitando su acceso a bienes de capital y capital de trabajo.
Enfrentar conflictos, hacer docencia y adoptar decisiones difíciles son tareas consustanciales a la función de dirigir a la nación. Nada menos podemos esperar los peruanos de nuestros gobernantes.
