El gobierno cree haber descubierto una manera para que el Estado regrese a la exploración y explotación petrolera sin incurrir en los grandes riesgos de esta actividad. Se concretaría así un ansiado anhelo de los creyentes en «industrias estratégicas en manos del Estado».
Se trata de agregarle magia a una práctica colombiana. En Colombia se licitan campos petroleros entre empresas privadas usando como criterio para el concurso el monto de la regalía a pagar y el monto de inversión. Además, la regulación establece que si la exploración tiene éxito, entonces el Estado tiene el derecho de comprar un porcentaje de participación en el negocio.
En la alquimia peruana, el inversionista privado concursa sobre la base de ofrecer una regalía y un porcentaje de participación a Petroperú a título «gratuito». Si tiene éxito la exploración, Petroperú recibe su porcentaje de utilidades y, con estas, paga su participación en la empresa. No pone nada, pero es dueño de hasta 49%. La empresa privada se quedará con toda la pérdida si no encuentra petróleo, y con solo parte de la utilidad si encuentra petróleo.
Cual alquimista de la Edad Media, el gobierno peruano cree haber encontrado la manera de transmutar una norma legal de papel en oro o, mejor dicho, en petróleo.
Cualquier persona poseedora del más rudimentario pensamiento lógico, se percatará de que esto no es más que transferir regalías a la empresa estatal. Si el lote es atractivo, la empresa privada ofrecerá una regalía menor o ninguna regalía cambiándola por el ofrecimiento a Petroperú de convertirse en socio. El Estado pierde recursos que podría dedicar a sus programas de inclusión social, salud y educación, para dárselos a una empresa que dista mucho de tener un grado aceptable de transparencia o de gobierno corporativo.
Pero hay más. Si preguntamos sobre los objetivos de la política petrolera en Brasil, Colombia o México, la respuesta uniforme será la de aumentar su producción petrolera. El objetivo implícito en el Perú es simplemente regresar a Petroperú a la exploración petrolera con el cuento de aumentar la participación nacional en la renta petrolera. El gobierno aparentemente piensa que no nos damos cuenta de que esto lo hacemos sacrificando la posibilidad de producir más petróleo y generar más regalías para el Estado. El esquema propuesto de asociación forzosa con un socio que no aporta nada, garantiza que no se interesará a las empresas petroleras serias y que no aumentará la producción.
Peor aún: en su desesperación por volver al negocio de la exploración y explotación -en el que Petroperú no tiene capacidad alguna-, el Estado incluirá en la oferta de lotes al Lote 1AB. Este lote es operado hoy por la argentina Pluspetrol, la cual tiene una concesión hasta el 2015, pero esta estaría dispuesta a adelantar el fin de la concesión con el fin de garantizar su permanencia en el lote negociando el otorgamiento de un porcentaje de propiedad a Petroperú y ofreciendo invertir una suma que hoy no invierte, lo que ha causado la fuerte caída de la producción.
Así se evitaría que en el 2015 se licitara mediante una subasta el lote a quien ofrezca la mayor regalía y el programa de inversión más ambicioso.
En todo esto también hay una fascinación con Ecopetrol, cuya salida a bolsa conjuntamente con un esquema de participación ciudadana tuvo un éxito espectacular. No se entiende aquí que la empresa colombiana vale porque además de recibir las regalías en desmedro del Estado colombiano, puede poner en su balance las reservas aún sin explotar que encuentran sus socios, algo que no se hace en el Perú porque las reservas pertenecen constitucionalmente al Estado.
Aún más importante, al haber sido Ecopetrol la empresa que privatizó originalmente sus propios campos, estos revierten a la empresa al final del periodo de concesión con todas las reservas generadas por la ingente inversión del concesionario, multiplicando así el valor en bolsa de la empresa estatal.
Nada semejante resultará de la alquimia que el gobierno peruano pretende practicar y que, con suerte, podemos aún evitar.
