Ricardo Uceda
La República, 17 de febrero de 2016
El partido político Todos por el Perú, contra las normas vigentes, no había registrado sus estatutos, ni sus militantes, ni acreditado la validez de asambleas en las que eligió dirigentes y candidatos ante el JNE. Fue advertido para que entregara la información faltante y no lo hizo. Las omisiones impidieron su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Estar en el ROP es un paso forzado para participar en las elecciones generales del 2016. El partido apeló al JNE para derrotar al ROP. Ayer perdió por tres votos contra dos.
Ni siquiera Julio Guzmán, el candidato presidencial afectado, negó que hubiera habido irregularidades. Dijo que habían sido subsanadas en su apelación ante el JNE. Pero la mayoría del jurado encontró que la subsanación era un fraude, y sin usar este adjetivo lo demostró con hechos incontrastables en su resolución. En el mismo documento los magistrados de la minoría encontraron justificable la subsanación, fugando hacia principios plausibles como favorecer la participación política de las gentes, antes de establecer lo que realmente pasó.
Asamblea dudosa
Para subsanar las deficiencias señaladas por el ROP, el personero legal de Todos por el Perú acompañó su apelación ante el JNE con el acta de una asamblea de militantes del 20 enero del 2016, en la cual se convalidaban acuerdos del 10 de octubre del año anterior considerados ilegales por el ROP. De este modo, aunque fuera del plazo legal, demostrarían que hubo democracia interna, el bien invocado por la ley. El acta la firmaban la gran mayoría de pretendidos nuevos militantes del partido, avalando los acuerdos cuestionados por el ROP. Este es el documento que el voto perdedor de la minoría del JNE considera suficiente para formalizar a Todos por el Perú.
La mayoría de magistrados, sin embargo, encontró incongruencias mayúsculas. Existen en dos escritos del personero legal del partido destinados a legitimar la nunca demostrada asamblea del 10 de octubre del 2015, madre de las ilegalidades. Suscritos el 6 de enero, los escritos no mencionaron que el 28 de diciembre se había convocado a una reunión general de reparación de irregularidades con fecha 20 de enero. Además, en una apelación ante el JNE del 25 de enero, en la que Todos por el Perú debía defender la legalidad de la asamblea del 10 de octubre para modificar símbolos partidarios, no fue mencionada en ninguna línea la asamblea del 20 de enero. Se había realizado, supuestamente, cinco días antes. Tres días después, en audiencia pública, el personero legal tampoco lo dijo.
El 19 de enero se realizó otra audiencia de apelación de símbolos. El personero de Todos por el Perú, Jean Carlos Zegarra, no dijo que al día siguiente se iba a realizar una asamblea de convalidación. En fin, la mayoría del JNE quedó convencida de que el partido estaba inventando una asamblea dejando en el camino las evidencias de la falsedad.
Participación, equidad
Para la minoría del JNE –el presidente Francisco Távara y el representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas, Carlos Cornejo Guerrero–, la asamblea del 20 de enero subsana suficientemente las irregularidades detectadas. Ambos omiten el tema de la veracidad de esta reunión. Para ellos debe privilegiarse el derecho a la participación política sobre los defectos administrativos encontrados en los expedientes. Por otra parte, no establecen cuál es el límite de reparación de informalidades (o de fraudes) que posee una asamblea subsanadora de errores partidarios como la realizada supuestamente el 20 de enero.
El voto de Távara y Cornejo disiente en aspectos importantes con la apelación. Por ejemplo, convalida las atribuciones constitucionales del ROP respecto de los partidos políticos –objetado por la defensa legal de Todos por el Perú– y no acepta que sean aplicables a estas organizaciones normas del Código Civil que rebajarían las obligaciones de democracia interna vigentes.
La minoría también es ajena a los argumentos de Julio Guzmán y de buena parte de quienes defienden su habilitación electoral –periodistas y otros pensadores– basados en que “el resto” también es informal. Más aún, todos serían infractores. Lo democrático, entonces, sería permitir ilegalidades a Todos por el Perú.
Ante el derecho fundamental de la participación política, la mayoría de magistrados votantes del JNE arguye los principios de igualdad y equidad reconocidos en la Constitución. Los candidatos deben tener un tratamiento igualitario: los mismos requisitos legales y formales. ¿Por qué a Todos por el Perú se le flexibilizarían las condiciones si el reglamento no es irrazonable? “Una extrema permisibilidad vaciaría de contenido constitucional el derecho de participación política, y conllevaría un trato desigual con relación al resto de organizaciones políticas”.
El camino pendiente
Los defectos señalados inhabilitarían a Todos por el Perú para participar en las elecciones, puesto que el Jurado Electoral Especial de Lima debe decidir próximamente si los candidatos del partido pueden ser inscritos como tales. Para admitirlos, deben estar correctamente elegidos sus dirigentes y organismos. Lo cual no ocurre, según se pronunció el ROP y ratificó el JNE.
El JEE, pues, rechazaría la inscripción de candidaturas de la lista de Julio Guzmán. Es lo lógico. Antes de decidir, el JEE ofició al ROP preguntándole por la situación de Todos por el Perú. El ROP le contestó que estaba pendiente la resolución del JNE. Ahora el JEE tiene el camino expedito para tachar al partido.
Pero esta decisión del JEE puede ser apelada. ¿Y quién vería el reclamo? Nuevamente el JNE. Como quedó claro en la resolución publicada ayer, la mayoría de sus miembros considera que Todos por el Perú no cumplió con formalizarse debidamente para participar en las elecciones del 2016 y que incluso trató de regularizar las cosas con una asamblea fantasma cuyos papeles fueron presentados a hora undécima. Esta mayoría de tres magistrados son Jesús Fernández Alarcón, delegado del Ministerio Público; Baldomero Ayvar Carrasco, del Colegio de Abogados de Lima; y Jorge Rodríguez Vélez, representante de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Jesús Fernández, sin embargo, pronto dejará el JNE.
El fiscal anónimo
De acuerdo con la Constitución, el Ministerio Público elige a uno de sus seis fiscales supremos como miembro del JNE. Como este cuerpo directriz estaba incompleto en 2015, un fiscal supremo provisional –Jesús Fernández– fue designado mientras el Consejo Nacional de la Magistratura nombraba al titular que faltaba. En diciembre pasado eligió a Luis Arce Córdova. El 18 de febrero asumirá su cargo. A continuación, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, debe convocar a reunión de Junta de Fiscales Supremos, y una de las primeras decisiones debe ser quién reemplazará a Fernández en el JNE. Hay una tradición en la junta de fiscales supremos según la cual el recién llegado va al JNE. Si esto se cumple, Arce Córdova pasaría al JNE.
¿Cuándo asumiría su cargo? El designado probablemente no vea casos ya asumidos por su predecesor. Pero, tratándose del caso de Todos por el Perú, el expediente de apelación de la decisión que adopte el JEE de Lima, que se anticipa negativo para el partido, aún no sube. De modo que el reemplazante estaría expedito para asumir un nuevo caso. Y podría cambiar el 3 a 2 en contra a un 3 a 2 a favor. Lampadia
