Por: Ricardo Uceda
El Comercio, 4 de febrero del 2024
“Un juez podría acabar con una empresa que brinda trabajo a 2.500 personas y cumple estándares reconocidamente idóneos”.
El Poder Judicial continúa considerando denuncias contra Tamshi, una empresa de capitales franceses dedicada a la producción de cacao de alta calidad en Loreto. Afronta procesos penales y administrativos desde hace más de 10 años. Al momento hay conclusiones definitivas que la eximen, pero las denuncias continúan en torno de las mismas objeciones. ¿Está mal la justicia o los acusadores? Es un buen momento para preguntárselo, ahora que los cambios a la ley forestal han animado el debate sobre la temática.
Tamshi opera en la localidad de Tamshiyacu. En el 2011 compró 2.000 hectáreas cultivables a unas familias que las recibieron del Estado en los años noventa. El uso agrícola de las tierras estuvo acreditado antes de la adjudicación. En el 2013, una fiscalía se hizo cargo de denuncias según las cuales la empresa talaba bosques primarios sin estudio de impacto ambiental (EIA). En un medio aparecieron imágenes satelitales supuestamente demostrativas de una deforestación que parecía causada por los bombardeos de una guerra.
Tamshi afrontó dos juicios por tala ilegal. En el 2015 y el 2017, sendas sentencias determinaron que compró predios de uso agrícola, en los que el cambio de siembra −por ejemplo, de árboles de plátano a cacaoteros− no requería permiso alguno. Quedó establecido, con calidad de cosa juzgada, en segunda instancia definitiva, que nunca recibió bosques originarios. Entonces afrontó un nuevo tipo de denuncia: era culpable de tráfico de madera. En una intervención en el predio, un fiscal había encontrado árboles caídos y una motosierra inservible. Tamshi sostuvo en el juicio que efectivamente había preparado los terrenos a fin de organizar su plantación de cacao en sistemas agroforestales, que los troncos servían para construcciones caseras y que la materia orgánica se empleaba como abono en el interior del fundo. Era parte de su actividad lícita. No hubo venta.
El fiscal Alberto Caraza no halló a una sola persona que hubiera presenciado algún acto de comercialización. Jorge Rengifo, exgobernador del distrito de Fernando Lores, declaró al diario “La Región” que el fiscal lo buscó para decirle que carecía de testigos que acusaran a Tamshi. Le pidió que atestiguara, pese a que no había visto nada, y él se negó. Caraza presentó una acusación de todos modos. En el 2019, el juez Hesbert Benavente la apoyó con un fallo cargado de suposiciones, como no podía ser de otra manera. Condenó a ocho años de prisión al gerente de la empresa, Rubén Espinoza, disponiendo un pago de S/15 millones de reparación civil. Esta “sentencia histórica”, como fue calificada en algunos círculos ambientalistas, no pasó a la posteridad. Al año siguiente la revocó la Sala Penal de Apelaciones de Loreto.
Para los jueces revisores la imputación carecía de los requisitos mínimos. No argumentaba por qué los árboles hallados provenían de una tala ilícita, mientras que la empresa contaba a su favor con un reconocimiento judicial previo de que actuaba legalmente. Tampoco indicaba cómo se cometió el supuesto tráfico. El juez, por otra parte, añadió de su cosecha conceptos que no estaban en la acusación, algo claramente irregular. Los decepcionados fiscales recurrieron después a la Corte Suprema, por vía de casación, sin lograr que su recurso fuera admitido. Podría pensarse que luego de que se cayeran dos denuncias fuertes como tala ilegal y tráfico de madera la guerra terminaría. De ninguna manera. Faltaban otras dos acusaciones por crimen organizado.
En un escrito presentado al Ministerio Público en mayo del 2019, la representante de la ONG Kené, Ángela Pautrat, señaló que Tamshi deforestó más de 2.000 hectáreas en Tamshiyacu, sin contar con una certificación ambiental. Además, mencionó diversos procesos que tenía la empresa ante el Poder Judicial y órganos administrativos. No acusó a una persona en particular, sino a la empresa en general. Cuando fue citada a declarar, explicó que no quería hacer una denuncia, pero la fiscalía, en sus diligencias, descubrió que ella tenía varias actuaciones enfrentando a Tamshi y también una querella de la empresa por difamación. Resultaba que la denuncia por crimen organizado contra Tamshi la había planteado dos meses después de que fuera querellada. Y los dichos que dieron motivo a la querella eran similares a los que consignó ante la fiscalía. En el 2021, el Ministerio Público archivó el expediente, tomando en cuenta que no había indicios de organización criminal, y que las supuestas irregularidades forestales estaban siendo evaluadas en otras dependencias. Al año siguiente, Pautrat volvió a denunciar a Tamshi por crimen organizado, alegando los mismos hechos. En este caso, la fiscalía se abstuvo de actuar, porque ya había un pronunciamiento anterior del despacho al que recurrió primero, que se negó a iniciar una investigación.
En otras palabras, Pautrat denunció por denunciar, haciendo perder tiempo y otros recursos al Ministerio Público por la persistente campaña que su ONG había emprendido contra Tamshi. En la querella que le entabló la empresa, un juzgado la condenó por difamación agravada, imponiéndole dos años de prisión suspendida y una reparación equivalente a la mitad de su sueldo. Había acusado a Tamshi de realizar acciones de amedrentamiento contra los agricultores de Tamshiyacu. En el proceso quedó demostrado que la información era falsa, que sirvió de base para otras publicaciones agraviantes y que Pautrat continuó acusando a la empresa de acciones ilegales de deforestación. La sentencia fue ratificada en segunda instancia, pero revocada en la Corte Suprema, para la que no estaba demostrado que Pautrat actuó con dolo; esto es, a sabiendas de que lo que decía era falso. En todo caso, lo sigue repitiendo. En el 2023, con las mismas motivaciones que ya fueron desestimadas, la directora de Kené pidió y obtuvo que el Ministerio Público iniciara una acción dirigida a quitarle a la empresa los terrenos donde cultiva cacao.
Así, la fiscalía ha planteado una demanda de extinción de dominio, figura mediante la cual el Estado se adueña de bienes que son el instrumento de una actividad ilícita. El Ministerio Público la emplea para combatir a grupos mafiosos. La solicitud será decidida por el juez Edgar Guillén, un magistrado que fue expuesto por el programa “Contracorriente”, de Willax TV, conduciendo como un energúmeno en las calles de Iquitos una madrugada del pasado diciembre. Chocó y fugó, mientras discutía agresivamente con su pareja. Pero no es esa la razón principal por la que Tamshi lo ha recusado. Es porque recibió un premio de una ONG que hizo activismo contra su plantación de cacao. Guillén ha rechazado inhibirse.
Estamos ante el uso grotesco de un recurso que tiene el Estado para debilitar a verdaderas organizaciones criminales. El juez podría acabar con una empresa que brinda trabajo a 2.500 personas y cumple estándares reconocidamente idóneos. En su momento, si un tribunal superior no lo corregía, lo pudo hacer el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que en el 2020 le impuso a Tamshi una multa confiscatoria: 130 millones de soles. El motivo era que carecía de un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, que estaba siendo evaluado en el Poder Judicial mientras la compañía operaba con permiso del juez. Los casos en los que actuaron arbitrariamente funcionarios de sectores concernidos dan para una historia aparte. Lo afirmó sin rodeos la Sala Penal de Apelaciones de Loreto, cuando en el 2015 resolvió una impugnación en el proceso por supuesta tala ilegal. Dijo que procuradores de los ministerios de Agricultura y del Ambiente habían utilizado informes ilegales, “en un claro abuso y violación de derechos constitucionalmente reconocidos”.
