Por: Ricardo León Dueñas
En medio de un enrarecido clima político y de absoluta inseguridad ciudadana, consecuencia de la inacción de un gobierno acorralado por sus propios errores y por una sostenida campaña -justificada o no- en su contra, viene pasando inadvertida la Ley 31684 de enero de 2023 que modifica dos artículos y una disposición complementaria de la Ley 29314, Ley de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército FAME S.A.C., donde se le da facultades a esta entidad del Estado para actuar con total libertad y autonomía en la muy importante tarea de abastecer de armamento y municiones a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú u otros organismos del Estado, de acuerdo a los objetivos aprobados por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.
Lo cuestionable de esta modificación es que permite que cualquier dependencia pública de defensa nacional u orden interno que necesite comprar armamento pueda obviar el conducto regular de adquisiciones a cargo de la Agencia de Compras de las FFAA y realice dichas compras a través de FAME directamente, “por encargo” (a dedo) … como expresamente señala la segunda disposición modificada.
Esta situación no solamente colisiona con la transparencia que se debe respetar en cualquier compra que lleva a cabo el Estado, sino posibilita que una empresa pública adquiera equipos de cuestionable calidad y a precios mayores por la falta de debida competencia, esa que se incentiva con el libre mercado.
El actual congresista, ex ministro del Interior y experto en seguridad ciudadana Fernando Rospigliosi viene advirtiendo con ejemplos puntuales en diversas entrevistas y artículos esta anómala y preocupante situación. tal como la adquisición realizada de 10,000 fusiles calibre 7.62×51 mm a la empresa IWI de Israel o el Contrato Privado Internacional que se pretende suscribir con la Empresa STX Corporation – Hyundai de Corea para el suministro de vehículos 8×8 y otros.
¿Puede el Estado, bajo un etéreo e innecesario concepto de fomentar que FAME desarrolle la industria militar en el país (la peregrina idea de la norma en cuestión), poner en peligro a nuestros militares y policías proporcionándoles materiales obsoletos y de cuestionable calidad, máxime si ello conlleva una grave exposición al peligro para quienes deben enfrentarse diariamente al terrorismo y al crimen organizado, que no escatiman en dotar a los criminales de armamentos apropiados para cometer sus delitos?
Un Estado que pone en peligro la lucha contra la inseguridad ciudadana por consideraciones absolutamente banales y equivocadas, resulta el colmo de la ineficiencia e irresponsabilidad en la vital y trascendental lucha contra la inseguridad ciudadana, el mayor de los flagelos que enfrenta nuestra sociedad, sin duda alguna.
Urge, por tanto, que el Congreso de la Republica derogue esta ley y se retorne a la situación anterior, donde la oficina de compras de las FFAA lleve a cabo las adquisiciones de armamento y pertrechos militares y policiales por el conducto regular y con la transparencia debida, el país no está para este tipo de experimentos, menos en temas tan delicados como el comentado.
