Por: Raúl Villacorta, Economista de Macroconsult
Gestión, 2 de octubre de 2019
En la actualidad, un gran número de concesiones de infraestructura portuaria en el Perú utiliza para revisar sus tarifas un mecanismo conocido como “factor de productividad”, el cual consiste en revisar las tarifas fijadas en los contratos aplicando una “corrección” que refleje las ganancias de eficiencia alcanzadas por la empresa.
Esta metodología adolece de algunas falencias para su aplicación en el sector transportes, lo que ha hecho que la mayoría de los países que venían aplicando este esquema opte por otras alternativas.
En febrero de este año, el Ositran publicó un Proyecto de Reglamento General de Tarifas (RETA). Durante la etapa de consultas, las empresas concesionarias resaltaron la necesidad de contar con una normativa más predecible, que incorpore enfoques que se vienen aplicando en otros países, y que permita lograr un balance entre los objetivos de eficiencia y la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura.
Actualmente, en muchos proyectos cuyos contratos cuentan con este mecanismo de revisión tarifaria, el regulador se limita a aplicar una fórmula específica; sin analizar o evaluar el impacto de su aplicación sobre los indicadores de rentabilidad de la empresa. Asimismo, la ausencia de una discusión previa al inicio de los procedimientos de revisión resta claridad a las empresas respecto a los resultados que se espera de las revisiones.
Esto no solo resulta poco conveniente para los proyectos, también resulta inconsistente con los principios establecidos por el propio Ositran en su RETA, en los que se hace referencia a la importancia de la sostenibilidad y la predictibilidad. En efecto, sin tarifas que permitan recuperar las inversiones –o al menos tener claridad respecto a la evolución esperada de las tarifas–, no se puede pensar en infraestructura sostenible.
En la gran mayoría de países las infraestructuras de transporte (puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles) cuentan con procedimientos de revisión tarifaria que sopesan ambos objetivos de política regulatoria: eficiencia y sostenibilidad. Para abordar este problema, sería pertinente abrir una amplia discusión entre todas las partes interesadas, que permita hacer una revisión crítica del marco regulatorio. Los procedimientos de revisión deben contar con mayor predictibilidad y ser más sencillos, de manera que las empresas tengan un nivel de certidumbre razonable respecto a las tarifas que cobrarán en los próximos años.
Entonces, ¿eficiencia o sostenibilidad? La respuesta es ambas: la empresa debe contar con incentivos para ser más eficiente, pero también debe tener un mínimo de claridad respecto a lo que le espera en los próximos años. La regulación debe ser proconsumidor, en definitiva, pero ello no implica que se deba dejar de lado la sostenibilidad de los servicios, de lo contrario el remedio (la regulación) podría acabar siendo peor que la enfermedad.
