Por Patricia Teullet
(Perú 21, 25 de agosto de 2015)
Los habitantes de Qotohuincho son, en su mayoría, migrantes de Puno. Originalmente, se instalaron en cuevas. Aunque muchos continúan en extrema pobreza, algunos construyeron casitas, y el alcalde provincial de Urubamba les dio servicio de agua (hasta el ingreso a la casa). En ese entonces, no hubo recursos para el desagüe. Por ello, prepararon su expediente y lo presentaron al ministerio correspondiente, donde les hicieron 17 observaciones. Hay tres que no han podido cumplir: estudio de suelos, certificación de que no hay restos arqueológicos (un poco tarde, habida cuenta de que más de cien familias viven ya allí) y el más difícil (quisieron cobrarles 60 mil soles) era el estudio de impacto ambiental. No podían recibir ayuda del ministerio, porque este “no podía ser juez y parte”. Entonces, decidimos plantear al Minam que, en casos así, debería obviarse este requisito. Es que, después de haber visto (y olido), lo que nos dijeron tajantemente es que siempre podía ser peor. Hasta el momento (esto comenzó hace dos años), Qotohuincho está sin desagüe.
Preocupa la desaceleración del crecimiento económico, porque no se trata solo de que la curva pronunciada que mostraba el PBI haya bajado su pendiente. Preocupa porque ese bajo crecimiento significa que se crearán muy pocos empleos y que habrá despidos. Que los hogares tendrán menos dinero para alimentarse, vestir y pagar servicios. El presidente responsabilizó a los empresarios de no querer invertir, a pesar de la ayuda que reciben. Que si acaso pretenden que se les dé respiración boca a boca.
Ciertamente, no puedo hablar por los empresarios, pero estoy segura de que en Qotohuincho, a Ilaria, quien comparte con sus 11 hijos y el marido un cuarto con tres colchones, no le molestaría un poco de ayuda; sea o no boca a boca.
Como vemos, no se trata solo de que los empresarios no inviertan (sus razones tendrán). Habiendo recursos, tampoco el Estado ha puesto de su parte.
