Por: Patricia Teullet
Perú21, 17 de julio del 2023
“La posición del alcalde corresponde a negarse a aceptar la sentencia de un juez porque no le gusta el resultado: el arbitraje es la manera de resolver controversias que se pacta en muchos contratos”
En enero, el alcalde de Lima decidió declarar la caducidad del contrato de concesión con Rutas de Lima para las carreteras al norte y sur y la Ramiro Prialé. Como respuesta, Rutas de Lima interpuso un arbitraje contra la Municipalidad de Lima. Cabe decir que este es el tercer arbitraje que interpone Rutas de Lima contra el municipio por el mismo contrato; en los dos primeros, los árbitros le dieron la razón a Rutas de Lima. Ahora, ante la intención del alcalde de declarar la caducidad del contrato, el nuevo Tribunal ha dictado una medida cautelar para que las cosas se mantengan tal como están hasta el fallo final (laudo).
Esto no le ha gustado al alcalde. Y, a pesar de su conocida religiosidad, ha comenzado a hacer bullying a los árbitros al punto de obligar a renunciar a la árbitra elegida por la propia municipalidad. Y miente cuando dice que los árbitros han cobrado 500 mil dólares cada uno para dictar la cautelar, lo cual no estaba entre sus atribuciones. Le ha salido un ‘socio´ inesperado al alcalde: el defensor del Pueblo, quien ha opinado que, a pesar de lo que disponga un laudo, es posible declarar nulo el contrato. En él podemos calificarlo de ignorancia, pero no en López Aliaga.
La posición del alcalde corresponde a negarse a aceptar la sentencia de un juez porque no le gusta el resultado: el arbitraje es la manera de resolver controversias que se pacta en muchos contratos y es especialmente relevante en contratos internacionales. ¿Cómo funciona? Cuando hay una controversia, cada parte nombra a un árbitro y después ambos nombran a un tercero, que preside. Luego, entre los tres resuelven la controversia y su laudo es inapelable.
¿Y qué dice el alcalde? López Aliaga sostiene que, habiendo sido Odebrecht la concesionaria original, “seguramente” hubo corrupción en la adjudicación de las concesiones. Por ello, reclama la caducidad pese a no haberse probado la mencionada corrupción.
Además, en este momento, el fondo de inversiones canadiense Brookfield es el dueño de la mayor parte de la concesión y Odebrecht mantiene solo un 25% que Brookfield está dispuesto a comprar, pero para lo cual necesita la autorización de la municipalidad, mediante la firma de una adenda modificando el contrato, algo que esta se ha negado a hacer. Vale decir, seguimos teniendo a Odebrecht en el consorcio a causa de la municipalidad.
No se trata acá solo de un caso entre la municipalidad y Rutas de Lima. El respeto a los arbitrajes es fundamental para la seguridad jurídica, pues la Constitución consagra la jurisdicción arbitral, tan requerida para las inversiones nacionales y extranjeras en el Perú. En este tema hay mucho más en juego que un solo contrato; está de por medio la credibilidad del país como socio y destino de inversiones.
