Paola del Carpio Ponce
El Comercio, 30 de Octubre del 2022
“Es clave que en esta oportunidad sí se implemente la institucionalidad necesaria y capacidad de gerencia para que los proyectos avancen”, afirma la coordinadora de Investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).
Recientemente, el MEF ha actualizado su plan de infraestructura elaborado en el 2019 que prioriza ya no 52 sino 72 proyectos por un monto cercano a los S/147 mil millones e incorpora a los sectores de salud y educación que no estuvieron presentes en el 2019. Este plan buscaría cerrar la brecha en infraestructura calculada en S/363.452 millones para alcanzar los niveles de acceso básico a infraestructura de países desarrollados, como de la OCDE. Esta brecha no considera las necesidades de inversión para mejoras en la calidad de la infraestructura, por lo que en la práctica sería mucho más elevada.
Invertir en infraestructura es clave para el desarrollo, pues trae acceso a servicios públicos cuya ausencia afecta más a los más pobres, moviliza recursos, dinamiza mercados y empleos. La infraestructura y los servicios derivados de esta funcionan como habilitadores para la actividad económica, con efectos directos en el corto plazo (compra de materiales, empleos temporales, servicios conexos, entre otros) y en el largo plazo, incrementando nuestra productividad y competitividad. Sin embargo, el Perú se encuentra rezagado, sobre todo en cuanto a la calidad de la infraestructura disponible. En el ránking de competitividad del Foro Económico Mundial, para el pilar de infraestructura, el Perú ocupó el puesto 88 de 141 países. Las mediciones de satisfacción indican que los peruanos están, por lo general, insatisfechos con la infraestructura disponible en el país.
La lógica de contar con un plan nacional es brindar señales, tanto a los ciudadanos como a los inversionistas, de hacia dónde apunta el país y brindar predictibilidad y una suerte de agenda de desarrollo a futuro. Un plan consensuado brinda incluso señales al propio Estado, pues permite prever los proyectos, planificar con antelación el saneamiento necesario de terrenos para la inversión que viene a futuro, comunicar adecuadamente a la comunidad y anticiparse a posibles conflictos y problemas de desconfianza que muchas veces traen paralizaciones, demoras y sobrecostos. El Consejo Privado de Competitividad ha encontrado que la cuarta parte de las inversiones activas tiene más de cien días de retraso y que casi un quinto tiene un sobrecosto superior al 50% de lo originalmente previsto, considerando a los tres niveles de gobierno.
No obstante, en este nuevo plan se han dejado de lado 29 de los 52 proyectos priorizados en el 2019 y solo cuatro de ellos han sido concluidos. Esto llama la atención porque, en aras de la predictibilidad y agenda país de largo plazo, la priorización no debería cambiar drásticamente, salvo razones fuertes. Uno de los motivos para perder prioridad fue que los sectores rectores no señalaron esos proyectos como prioritarios. El problema con esto es someter la priorización periódica a criterios políticos, exactamente lo contrario a lo que se querría con una política de Estado y no de gobierno.
Otra consideración es que el avance del plan del 2019 fue magro. Se logró un avance financiero de solo 11,74% entre julio del 2019 y julio del 2022, y saneamiento fue el sector más rezagado. De este plan, han quedado pendientes de ejecución más de S/90 mil millones. Detrás de esto hay problemas de gestión usuales en la inversión pública que, a pesar de las facilidades que se dio a los proyectos del PNIC, no se han superado.
Entre los problemas se encuentra el limitado involucramiento de las autoridades subnacionales en la priorización de proyectos, lo que puede implicar un menor compromiso con los avances. Además, se tienen limitadas capacidades de gestión, lo que se agrava por la elevada rotación que ahora también es un problema en el ámbito nacional. Según el Observatorio del Bicentenario, el tiempo promedio en el cargo de un gerente general en regiones se ha reducido en 32% entre el período 2015-2018 y 2018-2022. En el ámbito nacional, hoy un ministro dura en promedio solo cinco meses en su cargo. Así es imposible sostener políticas consistentes y acumular conocimiento.
Esto deviene en estudios de mala calidad, sumado a problemas prediales (expropiaciones e interferencias), la presencia simultánea de demasiados actores para permisos y opiniones, así como el temor de muchos funcionarios a la fiscalización de la contraloría, lo que paraliza decisiones.
Así, las limitaciones del PNIC 2019 se relacionan con problemas de gestión. Es clave que en esta oportunidad sí se implemente la institucionalidad necesaria y capacidad de gerencia para que los proyectos avancen. Implementar este plan requerirá reorientar la gestión pública. Con malos nombramientos, inestabilidad política y alta rotación en todos los niveles, es difícil esperar que este importante esfuerzo no quede solo en buenas intenciones.
