Entrevista a Pablo Bustamante Pardo
(Expreso, 24 de julio de 2014)
Pese a levantar estado de emergencia en Islay, el país sigue perdiendo miles de millones de dólares por proyectos paralizados.
¿Cuál es la evaluación que tiene usted de la actividad minera en los últimos años en el Perú?
Desde la Nueva Ley de Minería, desde los años 90 se ha desarrollado paulatinamente lo que se llama la minería moderna. Esta respeta el ambiente, ha tratado de desarrollar buenas relaciones en general con las comunidades, aunque no siempre con éxito. Además ha generado un incremento sustancial de nuestro PBI, el crecimiento de la economía y algo que es sumamente importante: el encadenamiento con otros sectores económicos. Y ha sido el motor principal del proceso de crecimiento sólido que hemos tenido hasta hace poco.
¿Y qué trabas ha tenido este desarrollo en la minería, que, a partir del 2006 hasta el 2012, ha protagonizado un boom? ¿Cuáles han sido las trabas, al margen del factor externo?
En mi opinión el factor externo no ha afectado mayormente. Los problemas han sido internos. Más o menos desde el año 2000 se han ido promulgando una serie de regulaciones; hemos pasado de tener dos instrumentos legales que un inversionista minero debía cumplir antes de invertir –la Ley de Minería y la Ley de Inversión Extranjera–, a tener hoy en día 180 dispositivos que regulan la actividad. Antes eran dos leyes, en dos instancias, y ahora 180 dispositivos en 13 instancias distintas.
¿Qué ha generado esto?
Eso ha generado un conjunto de problemas y ha trabado las inversiones. A pesar de eso se siguió invirtiendo, pero desde el 2011, con la entrada del gobierno actual, se produce un ambiente antiminero liderado por el propio gobierno entrante. Tanto por las declaraciones previas en la toma de mando (por el presidente Ollanta Humala) cuanto por la actitud de su primer ministro, ‘Siomi’ Lerner, que hablaba de la ‘nueva minería’, haciendo pensar a los peruanos que sobrellevábamos una actividad, digamos, inadecuada para el país.
Es así que poco a poco fuimos perdiendo inversiones, primero con el proyecto Conga, que se manejó muy mal, y acaba de terminar con Tía María. Y en el camino se han dejado miles de millones de dólares sin invertir y por supuesto se le ha quitado al Perú ingentes ingresos, no solo del sector minero sino del encadenamiento que ha producido y produce la minería en todos los sectores económicos.
¿En qué medida los grupos violentistas son responsables de esta nueva realidad, no solo en Conga con el señor Arana y Gregorio Santos, o en Tía María, sino en Majaz, Río Blanco en Piura, y antes Santa Ana en Puno?
Si el Gobierno generó un ambiente antiminero, evidentemente eso produjo un espacio para la actividad de los antimineros ideo logizados y violentistas. Hemos visto que se ha llegado a extremos –como en Tía María– de violencia absolutamente desquiciada. Pero además todas las agrupaciones de izquierda en el país, todas, le entregaron al presidente Humala, en agosto de 2012, un documento que se llama ‘Nueva minería’, que es una propuesta de una estrategia que llaman post extractivismo.
¿Qué se pretende con ese documento?
Lo que pretenden estos agentes políticos es que el Perú dosifique su producción en minería, petróleo, gas, madera, en pesca, en agricultura de exportación y hasta en industria de exportación. Esto para no depender del exterior, afirman. Entonces, esta gente ha demostrado no solo una violencia exacerbada sino también una filosofía equívoca que llevaría al país algo así como a la Edad Media.
En este contexto, más allá de los grupos izquierdistas, ¿no se observa la actividad de la minería ilegal donde prácticamente hay bolsones de territorio donde no entra la autoridad sea judicial o contralora?
Exactamente, esa sería la otra cara: el crecimiento de la minería ilegal, que no es criticado por las ONG ni por el cura Arana, a quien en Gestión le preguntaron hace poco por qué no protestaba por Madre de Dios Tuvo la desfachatez de contestar que él vivía en Cajamarca, y que solo si él viviera en Madre de Dios, lo haría. Pero el periodista no atinó a repreguntar ¿qué hacían entonces ese señor y su gente metidos en Tía María? ¿Qué hicieron con su gente en Piura? Entonces acá hay un doble estándar.
¿Cómo afrontar el problema?
El Estado no debe tomar acciones que se vean como aisladas o sin propósito alguno. Lo primero es comunicar para dar contexto a la acción del Gobierno. Una vez que se ha comunicado y explicado, el Gobierno tiene que tomar posición del territorio nacional. Como en Piura, en Cajamarca también se han creado zonas liberadas en Bambamarca por donde salen las drogas. Eso ya está pasando en todo lado. Entonces tenemos que ocupar el territorio nacional por parte del Estado y hacer que las empresas formales puedan operar. Por supuesto que se necesita convocar, mediante la presión popular, al Poder Judicial, a la Fiscalía, para que hagan una alianza con el Gobierno, cualquiera que tengamos el año 2016, para que en conjunto desarrollen las acciones que permitan que nuestro país tenga gobernanza.
“NO PODEMOS QUEDARNOS ATRÁS”
¿Cuál es la principal amenaza del Perú?
Este retroceso del país, esta ruptura con nuestros recursos naturales, este ambiente antiinversión que se ha generado, está sucediendo en uno de los momentos más delicados de la historia, porque estamos entrando a una tercera revolución industrial de altísima tecnología, de crecimiento exponencial, que va a llevar al mundo, desde los países más desarrollados, a estándares mucho más altos de los que hoy existen hoy en día. Si esto es así, los peruanos no podemos quedarnos atrás. Tenemos entonces que hacer una fuerza muy grande, para que en el más corto plazo posible podamos generar recursos que le permitan al Estado y al sector privado, etc., ponernos al mismo nivel de los países desarrollados, cerrar las brechas que tenemos en educación, salud, infraestructura, tecnología, educación, superar la pobreza, reformar nuestras instituciones.
