Por: Omar Awapara, Politólogo
El Comercio, 23 de abril de 2020
Desde que se inició la cuarentena o el aislamiento social obligatorio hace ya más de un mes, el Gobierno ha venido haciendo un gran esfuerzo por asistir con alimentos a los millones de familias que se han quedado sin ingresos. La ayuda ha sido desplegada principalmente a través de canales gubernamentales, desde el Gobierno Central hasta las municipalidades. También es cierto que a este esfuerzo se han unido empresas privadas, asociaciones civiles e iglesias.
A pesar de esta movilización y transferencia de recursos estatales sin precedentes, hay cuellos de botella que impiden que la ayuda llegue a un grupo significativo de la población, que incluso antes de esta pandemia ya se encontraba en una situación precaria y vulnerable.
Como los propios medios de comunicación ya han puesto de relieve, el proceso de entrega de víveres a través de canastas es complejo e implica una serie de procedimientos logísticos que hay que seguir para la adquisición, empaque, preparación y distribución de alimentos. Este último paso es quizás uno de los temas más difíciles porque además suele provocar aglomeraciones y expone al contagio tanto al personal de la municipalidad que reparte las canastas como a los potenciales beneficiarios. Y, lamentablemente, hay evidencia de que la ayuda y los víveres no están llegando a todos aquellos que más lo necesitan en estos momentos.
Es el caso, por ejemplo, de las más de 300 familias ubicadas en la parte alta del cerro San Francisco, en San Juan de Miraflores, privadas de una fuente de ingreso desde hace más de un mes. Las familias están agrupadas en la Junta Vecinal N° 3 de San Francisco de la Cruz, Pamplona Alta, debidamente registrada en la Municipalidad de San Juan de Miraflores.
En este caso específico, gracias al apoyo de la parroquia San Francisco de Asís y la Fundación Rev. Bernard Byrne-Maryknoll Missionary, se ha logrado asistir con algo de alimentos a estas familias mientras continúan, sin éxito, las gestiones para la entrega de canastas de la municipalidad. Sin embargo, esta ayuda es insuficiente y, sobre todo, desaprovecha el valioso potencial organizativo de estas familias, que es una característica de miles de localidades en el Perú donde la autogestión ha permitido encontrar soluciones locales frente a innumerables retos y desafíos, tal y como el que vivimos hoy.
Utilizar a las juntas vecinales, como la formada en el cerro San Francisco, como agentes frente a esta coyuntura permitiría al Estado transferir recursos para que ellos mismos hagan sus compras, preparen sus canastas y se las distribuyan sin tener que pasar por todo el engorroso, costoso y peligroso sistema que se está usando para entregar canastas.
Esto además fortalecería la participación de las organizaciones vecinales en la solución de graves e inesperados problemas. Los asentamientos humanos están agrupados en juntas vecinales, muchos registrados en la municipalidad y otros que funcionan aunque no estén registrados que podrían servir para reforzar la llegada de alimentos de emergencia. Desde hace más de 50 años, han demostrado su capacidad en la construcción de viviendas, gestión para obtener servicios públicos y crear ciudades en el desierto, sobre la base de un tejido organizativo local y mecanismos de control y supervisión directa.
Así, el riesgo de actos de corrupción es menor, pues la sanción social y la rendición de cuentas es muy fuerte contra el vecino o dirigente de una junta vecinal u organización vecinal, pues vive entre ellos. La relación es distinta que con un político que puede aparecer y desaparecer cuando ha hecho algo incorrecto.
La reciente experiencia muestra las limitaciones del sistema gubernamental y la urgente necesidad de confiar en las organizaciones de los asentamientos humanos y darles una mayor participación en la solución de problemas que requieren inmediata respuesta.
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