Por: Nelson Shack
Perú21, 29 de octubre de 2021
¿Por qué no avanzan obras y proyectos de relevancia y urgente necesidad para mejorar la calidad de vida de millones de peruanas y peruanos, a través del incremento de la cobertura y el acceso a servicios públicos básicos en zonas urbanas y rurales?
Seguramente pensamos que la causa es solo la corrupción e impunidad que desde hace décadas ensombrece al país. Es verdad, pero tampoco podemos dejar de ver, menos tolerar, la evidente ineficiencia e indiferencia.
Recorrer el país, región por región, provincia por provincia, nos permite ver, entre otros problemas, que las principales complicaciones emergen de las deficiencias en el expediente técnico que de manera recurrente afectan obras y proyectos de envergadura que terminan en abandono, paralizados, o con incrementos en su presupuesto.
Actualmente la administración pública carga un pasivo de más de 2,500 obras por contrata paralizadas o suspendidas en todo el país. En Ica, emitimos una auditoría de cumplimiento a una obra paralizada desde 2015. Un importante proyecto en la provincia de Nasca para el mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado a cargo del gobierno regional, con un avance significativo que demandó una inversión de 44 millones de soles y que hasta hoy no puede ser concretado.
Hace un par de meses en Huancavelica, constatamos “in situ” el estado de cinco complejos deportivos, para cuya construcción se destinaron más de 17 millones de soles, pero buena parte de su infraestructura están mal ejecutadas o deterioradas y deben ser demolidas. También el nuevo hospital de Iquitos César Garayar García, clave para el mejoramiento de acceso a los servicios de salud, y para el cual el Gobierno Regional invierte más de 214 millones de soles; sin embargo, esta obra que se inició en 2017 pasó por varias ampliaciones de plazo hasta hoy sigue inconclusa, pese a la necesidad y el clamor de la población loretana.
También en Loreto, a cargo de Provías Nacional, está la construcción de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho, con una inversión superior a los S/600 millones, cuyo primer tramo comprende la construcción del puente Nanay, y que, a pocos meses de concluirse, no cuenta con presupuesto de iluminación ni protección de descargas atmosféricas. ¿La razón? Fallas en el expediente técnico.
Si toda autoridad y gestor público sabe que el expediente técnico es el documento técnico y económico que garantiza la adecuada ejecución y financiamiento de una obra, ¿por qué nos encontramos con esta realidad cada día y no hacemos prácticamente nada por revertirla?
El control y fiscalización de la Contraloría expone los hechos y recomienda sanciones administrativas, civiles y hasta penales que deben asumir los responsables de aquello que llamamos “inconducta funcional” que, al igual que la corrupción, provoca tremendos perjuicios.
Debemos valorar y exigir mayores controles en las capacidades de las autoridades y los profesionales que impulsan estos proyectos, el análisis de la sustentación y aprobación dada su envergadura. Pareciera que la obligación constitucional de estar al servicio de la nación ha sido copada por la improvisación y muchas veces la demostración de la incapacidad por corregir lo que se hizo mal.
