Por: Nelson Shack
El Comercio, 29 de marzo de 2021
Sabemos que tenemos un Estado ineficaz para la provisión de bienes y la prestación de servicios básicos tan urgentes –como los de salud en esta pandemia o la construcción de la infraestructura para cerrar las brechas de desarrollo que enfrentamos–, pero es además un Estado débil para sancionar oportunamente la corrupción.
Como venimos sosteniendo en base a nuestras investigaciones, la corrupción se nutre de la ineficacia estatal. Y en un Estado ineficiente, la corrupción indefectiblemente crece. Todos sabemos que muchas veces un trámite que demora demasiado termina en una coima, por ejemplo. Imaginemos el daño que genera un Estado ineficiente para aplicar sanciones.
En lo cotidiano encontramos actividades, normas y regulaciones que no benefician a los ciudadanos, sino a malos funcionarios públicos y a los grupos de interés específicos con los que están vinculados y, por supuesto, ante la posibilidad de evadir una sanción efectiva, no temerán a la justicia.
Es por eso justificada la preocupación por el perjuicio real que la corrupción causa en el desarrollo y la vida de los ciudadanos y la demanda de sanciones efectivas y oportunas para cautelar el dinero de los contribuyentes, sancionar a los responsables oportunamente y generar la necesaria confianza en las instituciones. Nada es más perjudicial para una sociedad y su democracia que sus ciudadanos desconfíen de sus instituciones y autoridades.
En el período 2009-2018, menos del 5% de los funcionarios públicos señalados en informes de la Contraloría obtuvieron una sentencia penal condenatoria. En el caso de las demandas económicas, se logró recuperar menos del 1% del monto involucrado en los procesos judiciales por perjuicio económico al Estado.
Hace unos días, trece candidatos presidenciales participaron durante tres días en el Foro Anticorrupción Candidatos Presidenciales 2021, organizado por la Contraloría, para exponer sus propuestas programáticas contenidas en sus planes de gobierno en la lucha contra la corrupción e impunidad.
De los 18 planes de gobierno de las agrupaciones políticas que presentan candidaturas presidenciales a los próximos comicios generales, 10 de ellos plantean medidas relacionadas al fortalecimiento del sistema de sanciones, entre otras propuestas que representan una contribución valiosa para hacer más eficiente la vigilancia: como la ampliación del control concurrente y la incorporación de las Oficinas de Control Institucional a la Contraloría, el desarrollo de campañas de valores, la muerte civil para los sentenciados por corrupción, entre otros.
Es evidente que la sanción efectiva en la vía administrativa constituye la primera línea para enfrentar la corrupción, pero con la imposibilidad de aplicar la capacidad sancionadora desde 2019, más de 15.200 funcionarios y servidores públicos se libraron de sanciones y lo seguirán haciendo mientras el Congreso no apruebe algo tan sencillo como una ley con la lista de conductas sancionables, conforme recomendó el Tribunal Constitucional. Llevamos más de un año esperando.
Como dijimos al inicio, un régimen democrático necesita que sus ciudadanos confíen en sus instituciones y en quienes las dirigen. Sin eso, por mucho que avancemos en los procesos de prevención, detección e investigación de la corrupción, los resultados no serán sostenibles. Sin sanción eficaz no hay resultados en la lucha contra la corrupción. Una elección presidencial y parlamentaria como la del 11 de abril debe tener este tema en el centro del debate porque afecta a todas y todos los peruanos. Acabar, por fin, con la impunidad debe ser tarea prioritaria del inicio del tercer siglo de nuestra vida republicana.
