Natale Amprimo Plá
El Comercio, 18 de setiembre del 2024
“No es la Constitución la que diseña y ejecuta las políticas públicas ni la responsable de los altos índices de corrupción que hemos tenido”.
La muerte del expresidente Alberto Fujimori nos motiva a realizar un balance de la Constitución Política del Perú de 1993, que él impulsó.
Empezaré por señalar que en la década de 1980 hubo una profunda crisis económica que afectó a toda América Latina, llegándose a denominar ese período como la “década perdida”. Sin embargo, para el caso del Perú, la fuerte crisis económica que se venía arrastrando desde 1975 y la contracción que se registró del PBI, además de la subversión, generó que perdiéramos no una, sino tres décadas.
¿Cuáles fueron los principales cambios que hicieron posible nuestro despegue y crecimiento económico?
La Constitución de 1993 reperfiló el principio de la iniciativa privada, de forma tal que estableció que realizar una actividad económica es un acto de ciudadanía que puede ejercerse en todo el territorio nacional, existiendo una unidad de mercado que evita la discriminación en el ámbito económico, permitiéndose, como regla general, realizar todo tipo de transacciones y de circulación de bienes y servicios.
Por otro lado, el Estado asumió un nuevo rol en la economía. Pasó de ser el que formulaba la política económica y social mediante planes de desarrollo, que regulaba la actividad del sector público, a ser el que orienta el desarrollo del país y estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria.
Otro cambio notorio que se introdujo es el relativo a la inversión nacional y extranjera –que ambas se sujeten a las mismas condiciones–, lo que atrajo y logró la entrada de capitales foráneos.
Además, se abrió la posibilidad de que el Estado y las demás personas de derecho público puedan someter las controversias derivadas de una relación contractual al arbitraje nacional o internacional, reconociéndole categoría jurisdiccional.
Otro hito importante fue el fortalecimiento de la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú –que ha generado la estabilidad de nuestra moneda–, separando la política monetaria de la actividad fiscal del Estado.
Sin embargo, la evolución positiva de la situación económica del Perú generada con el esquema contemplado en la Carta de 1993 no se condice con los altos niveles de rechazo con los que los gobernantes concluyen su gestión y, en general, con la alta desconfianza que la ciudadanía expresa respecto de la clase política e instituciones.
Respecto de esto último, hay que indicar que no es la Constitución la que diseña y ejecuta las políticas públicas ni la responsable de los gobiernos con altos índices de corrupción que hemos tenido. La Constitución nos diseña un marco de control del poder y de ejercicio de nuestros derechos.
Como decía Gaspar Ariño, lo que hace rico a un país no son sus recursos naturales, sino lo que se denomina “institutional endowment”: sus recursos humanos, su formación, su civilidad. Es decir, sus reglas de comportamiento, que son respetadas por los sujetos públicos y privados, y sus instituciones, a través de las que se vertebran la sociedad y el Estado. Ello explica la prosperidad de países pobres en recursos naturales como Japón, Dinamarca o Suiza, y el subdesarrollo de otros países supuestamente ricos.
En cuanto a las perspectivas a futuro, debemos tener claro que sin instituciones fuertes y estables no hay desarrollo sostenible. La mejor economía exige seguridad jurídica en las instituciones estatales. Entendámoslo de una vez.
Alberto Fujimori, descansa en paz.
