MINEM
Gestión, 20 de diciembre del 2023
Por: Elías García
Hoy sería más grande el territorio donde operan mineros informales e ilegales, que el área total autorizada para concesiones mineras, según expertos.
En un escenario donde se proyecta una mayor demanda de minerales críticos para abastecer la nueva matriz energética mundial, como los que produce el Perú, se estaría restringiendo cada vez más su crecimiento en el país.
Prueba de ello son las cifras oficiales que registran un crecimiento sostenido en las áreas donde las mineras tienen prohibido realizar exploración y explotación de minerales. Por el lado contrario, entes especializados advierten que la minería ilegal ocupa hoy más espacio que la formal.
De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Energía y Minas (Minem), a octubre del 2023, el espacio restringido a la minería abarca 52.4 millones de hectáreas (has), lo cual representa el 40.8% del total del territorio peruano.
A modo de comparación, en octubre del 2019 había 39.8 millones de has donde no estaba permitido realizar exploración o explotación de minerales, lo que en ese entonces comprendía un 31.04% del territorio.
En consecuencia, en los últimos cuatro años (hasta octubre del 2023) el Estado peruano ha extendido las zonas donde no permite desarrollar dicha industria en 12.5 millones de has adicionales, lo que significa un crecimiento de 31.32%.
¿Qué explica esta mayor prohibición?
En los últimos cuatro años, el Estado incrementó los conceptos por los cuales no permite realizar actividad minera. Hasta el 2019 había 14 razones para restringir dicha industria, siendo la principal la creación de áreas naturales de uso directo (que actualmente comprende 28 áreas de ese tipo), que ocupan 10.7 millones de has o el 35% del suelo nacional.
A ello le siguió la creación de 13 sitios Ramsar (humedales) en 6.9 millones de has; zonas arqueológicas, ecosistemas frágiles, proyectos especiales, áreas de defensa nacional, entre otros motivos.
Nuevas razones para restringir la actividad
En los últimos cuatro años, se han añadido cuatro nuevas razones para impedir dicha industria. Uno es la restricción a la minería en el espacio de las concesiones forestales (que comprenden hoy a 795 concesiones y que ocupan 7.4 millones de has).
El segundo es la creación de reservas indígenas (cinco creadas desde el 2019 a la fecha en un espacio de 2.8 millones de has. A ello se suma la creación de dos reservas territoriales en 1.3 millones de has y las áreas a lo largo de 145 carreteras de red vial nacional (19.3 millones de has).
Antecedente
Las reservas territoriales y reservas indígenas en el Perú son territorios intangibles delimitados por el Estado a favor de los pueblos nativos en aislamiento voluntario y en contacto inicial.
Esta restricción se aplica luego que el Congreso de la República, en el 2020 aprobara la ley para la protección de ese tipo de poblaciones, más conocida como Ley Piaci.
Además, en el Perú se pasó de 87 ecosistemas frágiles que ocupaban 1 millón de has en el 2019, a 187 en el 2023, expandiéndose ahora a 4.8 millones de has o el 3.85% del territorio peruano.
Minería ilegal sin control
Mientras aumenta la prohibición a la actividad formal, en sentido inverso, creció la minería informal e ilegal -al amparo de la falta de reacción y regulación estatal- a tal punto que ocuparía más espacio que la primera.
La ONG CooperAcción, estimó -basado en cifras oficiales- que, mientras las concesiones mineras formales ocupan 20 millones de hectáreas a nivel nacional, la minería informal e ilegal ocuparía actualmente 25 millones de hectáreas.
José de Echave, investigador de esa entidad, refirió que la minería ilegal en Perú ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 15 años. En este período, el sector ha gozado de precios altos, especialmente en el caso del oro, alcanzando alrededor de US$1,890 por onza.
Además, refirió que, mientras la minería formal emplea alrededor de 220 mil trabajadores, la minería informal supera el doble de esa cifra, con aproximadamente 400 mil trabajadores.
