La discusión sobre la política industrial del Estado debe centrarse en dos cosas. Primero, en identificar qué obstáculos está creando el propio Estado para el desarrollo de este sector; y, segundo, identificar qué obstáculos hay debido a fallas del mercado. En cuanto a lo primero, el mayor obstáculo al desarrollo industrial es la incapacidad del Estado para construir o permitir que se construya la infraestructura necesaria. También hay que revisar reglamentaciones inadecuadas que no contribuyen ni al bienestar social ni al desarrollo industrial. Por ejemplo, los gastos de una empresa en comprar maquinaria se pueden deducir para el cálculo del Impuesto a la Renta, pero si una empresa gastaba en capacitar a su personal no podía deducirlo. Este absurdo se ha corregido solo parcialmente.
En cuanto a las fallas del mercado, lo que se debe hacer es identificarlas y ayudar a solucionarlas con socios privados que quieran cargar con los costos y riesgos del desarrollo industrial. El Estado puede ayudar a dar el impulso inicial pero el riesgo y la responsabilidad deben ser asumidos principalmente por el sector privado.
Para solucionar fallas del mercado no se necesitan muchos recursos. Se trata más bien de organizar y ayudar a que los involucrados se pongan de acuerdo. No se trata de gastar en construir plantas o dar beneficios tributarios.
La política industrial no puede ser una excusa para que el Estado regale muchos recursos ni para que tenga que escoger sectores ‘ganadores’. Si el desarrollo industrial se va a basar en ventajas, financiamientos regalados, subsidios o prohibiciones a la competencia, entonces no hay verdadero desarrollo. Se van a acostumbrar a recibir y uno a darle.
Debemos tener muy claro que aunque el Estado tiene hoy más ingresos que antes, nuestras necesidades siguen siendo mucho mayores que nuestros recursos. Hay que ser muy selectivos. Regalarle fondos públicos a una serie de ‘escogidos’ de manera arbitraria no es la forma de gastar el presupuesto público. Una exoneración tributaria es mala porque escapa al proceso democrático de asignación del presupuesto. Nadie sabe quién está recibiendo cuánto del Estado y no se puede contrastar con otros usos de los fondos. Los créditos regalados son otro error común. Si un banco no quiere financiar un proyecto, probablemente es porque no es bueno. ¿Qué hace pensar que el Estado es mejor evaluándolo? Y si así fuera, igual se debería minimizar el uso de recursos del Estado, en lugar de ser la fuente de financiamiento.
¿Dónde hay que concentrar los esfuerzos para el desarrollo industrial? Hay un gran espacio para que el Estado actúe y ayude a la confluencia entre investigadores y empresas. Puede ser muy útil su participación en resolver problemas de asociatividad entre productores. Pero nada de esto debe involucrar grandes recursos públicos ni beneficios diferenciados.
Publicado por El Comercio, 14 de julio del 2013
