Miguel Palomino
La República, 13 de mayo del 2025
El Perú se suma al mapa del crimen organizado en América Latina. Hay alertas, hay diagnósticos, hay propuestas. Lo que falta es dejar de mirar para otro lado.
El 28 de abril último, dos días después de que se conociera el secuestro de 13 trabajadores mineros en Pataz -cuando el premier decía dudar de la veracidad de dicho secuestro- el Banco Mundial (BM) publicó su informe “Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe”. Para cuando lo leí, ya se sabía que los 13 habían sido salvajemente asesinados. Se sumaban a los 18 trabajadores mineros asesinados anteriormente.
El informe del BM analiza las experiencias con el crimen organizado en la región y ofrece valiosas lecciones sobre cómo combatirlo efectivamente y cómo no hacerlo. Lamentablemente la reacción del gobierno peruano ante el caso de Pataz es casi un manual de cómo no se debe combatir al crimen organizado.
Los crímenes de Pataz, espantosos como lo son, representan únicamente la punta del iceberg del problema del crimen organizado en el Perú. Son la parte visible y escandalosa que llama la atención, pero lo que amenaza con hundir al país es la mole sumergida que va avanzando sin que el Estado haga nada. ¿Hay algo que hacer? Por supuesto, buenas ideas no faltan, las hay en el informe del BM por ejemplo (como tener claras políticas para la prevención del reclutamiento entre jóvenes en situación de riesgo) y no es necesario que el gobierno sea un dechado de virtudes para combatir al crimen organizado. Pero sí se tiene que al menos querer hacerlo.
Las encuestas de opinión revelan que hoy la principal preocupación de la población es el crimen (seguido de la corrupción, que es otro crimen). El informe del BM advierte “El dominio del crimen organizado ha aumentado no solo en países como Colombia, Brasil y México, donde el narcotráfico y los grupos criminales, de una u otra forma, han estado presentes durante décadas, sino también en nuevos países”. Además, señala que “los canales a través de los cuales el crimen organizado contribuye a la baja productividad, el bajo crecimiento, la pobreza y la alta desigualdad en América Latina y el Caribe, son innumerables.” El Perú es uno de estos “nuevos países”.
Puede sorprender, pero América Latina y el Caribe es una de las regiones con más crímenes y asesinatos del mundo. El grado de victimización (es decir el porcentaje de la población que es víctima de un delito) triplica el promedio global y la tasa de homicidios es ocho veces mayor. Esta es una realidad que recién empezamos a vivir en el Perú. Hasta hace poco, países del sur como Perú, Chile, Argentina y Bolivia eran una especie de isla en medio de un continente violento, especialmente en homicidios. Para ejemplo, consideremos que la tasa en Jamaica era ocho veces mayor que la peruana, y la de México, más de cuatro veces. Las tasas de victimización, sin embargo, no eran muy distintas.
Según el BM, entre de los 193 países estudiados (tomando cifras promedio del 2018 al 2022), Colombia, México y Paraguay están entre los cuatro primeros lugares en cuanto a crimen organizado en el mundo. América Latina ocupa 10 de los 32 primeros lugares. Perú está en el puesto 32. Es decir, en un mundial de crimen organizado nos hubiéramos clasificado fácilmente.
Lo que es más grave es que la situación en Perú (y también en Chile y Bolivia) está empeorando rápidamente en los últimos años, especialmente en cuanto al crimen organizado y a los asesinatos, como le consta a cualquiera. Como ya vimos antes, aún distamos mucho de la situación del resto de América Latina, lo cual solo demuestra cuanto peor se puede poner el panorama de no actuar rápida y decisivamente.
¿Qué recomienda el BM en cuanto al combate del crimen organizado? Primero, mirar con qué recursos se cuenta, ya que la debilidad institucional tiende a agravar el problema.
Empecemos por las cárceles. Una alta proporción de la población de ALC está encarcelada, las cárceles están hacinadas y usualmente dominadas por los propios criminales. Son centros de dirección, reclutamiento y entrenamiento para los criminales. Siendo así, lo más importante aquí es separar a los reos y evitar su comunicación tanto dentro como afuera de la prisión.
En cuanto a la policía, si bien en general no adolece de cantidad de personal, tiene el problema de que está, en general, mal entrenada, mal motivada y dedicada a tareas que son poco efectivas contra el crimen organizado. El patrullaje, por sí mismo, rara vez es efectivo, pero es popular. Hay que mejorar el entrenamiento y la motivación y usar estratégicamente al personal donde realmente genere más resultados y no solamente donde sea más visible.
Según el BM, “la debilidad de los sistemas de justicia de la región implica que los países no cuentan con la capacidad de detectar, investigar y desmantelar organizaciones criminales complejas”. En parte, esto se debe a la “insuficiencia en los indicadores de desempeño que proporcionarían los incentivos correctos a todos los actores de la cadena de aplicación de la ley”. En parte por ello es que observamos al Ministro de Interior y el Fiscal de la Nación culparse mutuamente de la ineficacia en la lucha contra el crimen.
La falta de información sobre el crimen organizado y la dificultad para medirlo significan que la formulación de políticas y la acción estatal para combatirlo a menudo fracasan. “Esto explica por qué las autoridades suelen responder de manera reactiva, en particular cuando ocurren incidentes de alto perfil.” Lo hemos visto, por ejemplo, con las inútiles declaratorias de estado de emergencia en Lima o con la ridícula disposición que debe paralizarse toda actividad minera en Pataz.
El crimen organizado no es solo un problema de seguridad. Es una amenaza central al desarrollo, porque se alimenta, y genera, la falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes. Por eso, las reformas económicas no solo son necesarias para mejorar su acceso a la educación y al empleo productivo, son claves para combatir al crimen organizado. El crimen organizado, además, se constituye en un lastre para la inversión de todo tamaño.
El informe del BM concluye con una advertencia. El crimen organizado no conoce fronteras, por lo tanto, los gobiernos deben tener un alto nivel de coordinación y cooperación, compartiendo información y evidencia criminal, así como operando en conjunto. La ausencia de un alto grado de cooperación interinstitucional tanto dentro como entre los países de ALC es algo que está detrás de muchas de las políticas públicas fracasadas en la región. El éxito de Europa en este aspecto nos puede servir como norte.
Es necesario tomar las medidas adecuadas contra el crimen organizado antes que este siga creciendo, destruyéndonos a medida en que se infiltra en el aparato estatal. No es necesario inventar la pólvora, basta con escuchar a los que saben. De lo contrario, nos enfrentaremos a un enemigo tan letal como lo fue Sendero Luminoso, y nadie quiere volver a vivir eso.
