Por: Miguel Palomino, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
La República, 2 de Noviembre del 2022
“Cuando tengamos el problema de la posta médica de Talara resuelto, cuando no mueran mujeres que ahí dan a luz, podremos pensar, quizás, en que el Estado refine petróleo”.
En términos económicos, un costo hundido es un costo que ya se ha realizado y no es posible que se recupere. Por ejemplo, si ya se gastó en contratar a un artista y en hacer la publicidad de un evento y luego se cae en cuenta que está programado para la misma fecha y hora que la final del mundial de fútbol, entonces el costo realizado en el evento es un costo hundido. Fue un error, pero ya se realizó el gasto y nada va a cambiarlo.
¿A qué viene todo esto? Pues a que acabamos de ver cómo a todos nosotros (sí a usted señora que pagó impuestos cuando compró en la bodega y usted señor que pagó impuestos cuando compró su diario) el Estado nos ha clavado 2,250 millones de dólares como resultado del costo hundido de la refinería de Talara. ¿Cómo así? Es una larga historia pero nunca debemos olvidarla.
En el año 2008, una prestigiosa empresa internacional preparó un estudio en que concluían que era recomendable una modernización de la ya antigua refinería de petróleo de Talara (aquella por cuya “recuperación” celebramos el Día de la Dignidad Nacional por muchos años). El estudio estimaba gastar algo menos de 1,500 millones de dólares, los cuales serían cubiertos a la larga por las mejoras de ingresos que generaría la remozada refinería. Con esto se comenzó a gestar el desastre.
En el año 2013, ya bajo la gestión de Humala, en Petroperú se dio luz verde a un proyecto no ya de modernización sino de una nueva refinería. El costo de la nueva refinería sería de cerca de 4,000 millones de dólares. ¿Cómo sabían los directores y gerentes de Petroperú que el proyecto era justificable, es decir que generaría los ingresos futuros necesarios para cubrir los costos? ¡No lo sabían! Lo que sí sabían era que siempre estarían nuestros bolsillos listos para rescatarlos. Lo mismo sabían los bonistas internacionales, así que prestaron el dinero necesario.
Muchos por aquella época nos opusimos a tan descabellada idea y conforme pasaban los años y se agrandaban los costos se nos decía que el “costo hundido” justificaba seguir adelante. En el 2019, llegó a la presidencia de Petroperú un notable economista que hizo público que el proyecto de la refinería ya había causado pérdidas por 1,600 millones de dólares, equivalentes a todo el patrimonio de Petroperú. Pidió que el Estado hiciera un aporte de capital de 1,500 millones de dólares. Además sostuvo que la falta de interés y conocimiento por parte de su dueño, el Estado, convertía a Petroperú en una apetecible presa para su alta gerencia. Duró menos de un año.
Poco después, llegó el ya legendario mal manejo y corrupción en la empresa durante la gestión del tristemente célebre Hugo Chávez. El costo de la refinería ha aumentado a US$5,500 millones y luego de una crisis de desabastecimiento de petróleo por falta de recursos financieros finalmente nosotros terminamos pagando 2,250 millones de dólares.
Lo que hay que entender es que mientras no se hayan resuelto problemas mucho más graves que nadie, salvo el Estado, va a enfrentar, entonces no deberían utilizarse los escasos recursos humanos y financieros del Estado para atender un problema para el cual existen muchas empresas privadas gustosas de hacerlo bajo condiciones de competencia.
No se trata de ideología, las empresas estatales no son ni más ni menos corruptas que las privadas. En ambos casos es cuestión de que existan los mecanismos de gobernanza necesarios. Pero el Estado es uno solo y el sector privado no. Hay que encargarle al Estado que haga lo mejor posible aquello que nadie más hace, con esa tarea tiene más que suficiente.
Cuando tengamos el problema de la posta médica de Talara resuelto, cuando no mueran mujeres que ahí dan a luz, podremos pensar, quizás, en que el Estado refine petróleo. Antes de eso es más que un despropósito, es un crimen.
