Miguel Palomino
La República, 18 de febrero del 2025
De cómo el Estado deja de hacer lo indispensable y hace lo innecesario
En los últimos días, causó bastante revuelo un artículo publicado por la plataforma de noticias Bloomberg en el cual se hablaba del nuevo aeropuerto de Lima, que debería estar funcionando en menos de 45 días. Decía el título del artículo “Un gran aeropuerto, si puedes llegar a él: ningún subterráneo, ninguna carretera, ningún puente”. Con este título burlón, el artículo pasaba a describir el vergonzoso camino que llevó a que el muy moderno aeropuerto no tenga vías de acceso. Esto se debió a la pobre planificación y a la inacción del Estado peruano, que tuvo siete años de previo aviso respecto a cuándo se necesitarían dichas obras. Lo increíble es que las obras viales, por lo menos, eran bastante sencillas y que incluso se tenían los planos para las mismas, por lo que hubiera bastado un año para completarlas.
La necesidad de un nuevo aeropuerto era sabida desde hace más de 10 años, cuando ya el actual aeropuerto no se daba abasto para el tráfico de pasajeros. Por ello se negoció la construcción del nuevo aeropuerto por parte del concesionario. La pandemia nos compró un par de años adicionales que no fueron aprovechados en lo absoluto. No es que las obras se demoraron más de lo necesario; ¡es que nunca se empezaron! Hasta la fecha, las obras ni siquiera se han asignado.
¿Qué sucedió? En parte se debe, como dice el artículo de Bloomberg, a la alta rotación en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En lo que en lo que va del siglo tiene un promedio de un ministro por año, lo que hace difícil cualquier labor. Sin embargo, el actual ministro, Raúl Pérez Reyes, lleva 18 meses en el cargo y no se ha notado mayor diferencia. En todo caso, esto no basta como explicación, porque la urgencia e importancia del proyecto es y era ampliamente conocida por los jefes de Estado y todos sus ministros y principales asesores.
Es claro que el punto culminante de la debacle se dio en el periodo que abarca el fracasado gobierno de Pedro Castillo y el de su sucesora, Dina Boluarte (sin quitarle responsabilidad a los anteriores). El caso del aeropuerto es más que suficiente para demostrar el grado de incompetencia y/o desidia y/o irresponsabilidad alcanzada por sucesivos gobiernos. Revisemos la historia reciente para ver cómo se podría haber resuelto el problema.
Sin ir muy lejos, recordemos qué hizo el gobierno de PPK cuando se vio ante la urgencia de construir las obras necesarias (y a esa fecha sumamente retrasadas) para cumplir con el compromiso peruano de hacer los juegos Panamericanos 2019. Los plazos disponibles y los atrasos en las obras hacían que pareciera casi imposible lograrlo. Ante esta situación, se nombró a una persona competente a cargo y se le dio la autoridad y responsabilidad necesarias para sacar adelante las obras. Con mucho esfuerzo se tuvo éxito en la titánica tarea, el Perú quedó orgulloso de los juegos Panamericanos 2019 y no hubo ni sombra de corrupción en todo lo hecho. En contraste con las obras para los Panamericanos, que tuvieron un presupuesto de 4,000 millones de soles, para el aeropuerto se requiere solamente de una pista, un intercambio vial y un puente sobre el río Rímac (sobre terreno ya saneado), lo cual costaría un tercio de esa suma. Nuevamente en contraste, cuando el nuevo aeropuerto sea inaugurado en unos días, no se sabrá ni quién será responsable de construir el acceso vial al mismo.
Aquí vale la pena notar que el concesionario del aeropuerto no tiene nada que ver en este enredo. Su parte de las obras, incluyendo las pistas interiores del aeropuerto que llegan hasta un lado del río Rímac, están completas y a tiempo. Sin embargo, la falta de accesibilidad le va a costar caro, después de haber invertido 7,000 millones de soles en ampliar la capacidad del aeropuerto, la cual se verá reducida por el embudo que representa el tráfico. Como siempre, les costará también a los sufridos pasajeros, que tendrán que gastar valiosas horas en el tráfico y arriesgarse al peligro de la zona. Recuérdese que actualmente el aeropuerto Jorge Chavez transporta a 24 millones de pasajeros al año (casi el doble de la capacidad para la que fue diseñado).
He usado como ejemplo el nuevo aeropuerto de Lima porque es tan evidente el fracaso que no necesita mayor explicación. Téngase en cuenta que, como ni siquiera se ha adjudicado la obra, no hay ningún escándalo de corrupción de por medio. No, es solo la anteriormente señalada mezcla de incompetencia, desidia e irresponsabilidad. Pero lo importante es reconocer que hay muchas más por doquier.
Basta con ver el caso del puerto de Chancay, al cual no le falta nada en términos de la modernidad de las instalaciones. Pero cuando uno sale del maravilloso puerto se encuentra con la realidad de Chancay. Lo mismo pasará pronto con el aeropuerto. ¡Y estos son los casos que funcionan bien! Imagínense la realidad de los demás aeropuertos del Perú, de los cientos de obras viales que no se realizan inexplicablemente, de los pavorosos costos que la falta de adecuada planificación ha impuesto a las ciudades del Perú. Nadie dice que todo tiene que salir perfecto, sino que por lo menos se intente hacer algo medianamente razonable.
Lo que sí se construyó fue la refinería de Petroperú en Talara, la que, para vergüenza nuestra, costó 24,000 millones de soles. ¡Es el mayor proyecto de inversión en toda la historia del Perú! ¿Para qué? Como hemos sostenido anteriormente, el Estado debe dedicarse a funciones mucho más valiosas en las que no puede ser suplido por el sector privado: seguridad, justicia, competencia, planificación y otras que manda la Constitución. Solo entonces puede pensar en abastecernos de gasolina, que ya es ofrecida por el sector privado.
El gobierno debe mostrar que ha optado por tomar un rumbo coherente. La reciente designación en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de un funcionario antes responsable de una exitosa gestión en Proinversión es alentadora y una señal de querer seguir una ruta más favorable a la inversión. Bienvenida. Pero si bien hemos dicho que la inversión sostenible es la clave para salir de la pobreza, también hemos dicho que, en general, la inversión que depende de favores del Estado no es una inversión sostenible.
En un país con escasos recursos fiscales, la mejor política tributaria es la que apoye al crecimiento económico o, lo que es lo mismo, a la inversión autosostenida. Sin embargo, aconsejamos al ministro que no se deje seducir por aquellos que ven a las exoneraciones tributarias como principal vía para ganar “competitividad”. Quien depende de una exoneración para ello rara vez es o será competitivo. Con estas limitaciones, el ministro Salardi debe asegurar que se avance con velocidad en aquellas obras valiosas (como los accesos al aeropuerto), pero sin prestarse a que el MEF sea la puerta para generar presiones innecesarias sobre el déficit fiscal.
