Por: Miguel Palomino
La República, 1 de noviembre del 2023
«Es hora de que los industriales que proponen normas como las mencionadas arriba se dediquen a luchar por una mayor competitividad, una mejora en el régimen laboral…”.
¿Por qué alguien no debería pagar impuestos? Lo primero que le vendría a la mente a la mayoría de personas seguramente sería alguien que tuviera ingresos muy bajos. Cobrarle a alguien impuestos para después compensarlo a través de un programa social no parece tener sentido. Fuera de eso, es difícil imaginar alguna otra motivación para eximir a alguien de este pago.
Pero quienes no quieren pagar impuestos son extremadamente creativos. Son capaces de inventar muchas razones por las cuales ellos no deberían pagar. El motivo más frecuente para pedir una exoneración es sostener que su sector genera muchos beneficios al país y que, si se le eliminan los impuestos, la cantidad de beneficios y de otros tributos que podrían generar sería mayor al que habría si ellos pagaran impuestos.
Se entiende que un sector genere muchos beneficios e impuestos indirectos al país; en verdad, la mayor parte de sectores lo hacen. Lo que no queda claro es ¿por qué no lo harían también pagando impuestos? Si se trata de que el Gobierno subsidie una actividad, lo primero sería ver para creer; ¿qué estudios, o mejor aún, qué casos parecidos tienen de algún otro país comparable donde haya funcionado como ellos dicen? Eso sería lo mínimo que se le podría pedir a alguien que reclama beneficios, pero no lo hacen porque generalmente no existe información que los apoye.
Además, vayamos a lo más difícil. La propuesta para exonerar a algún sector de impuestos sería aprobada por el Congreso y algún ministerio. ¿Es que hay alguien que quiere crear un monstruo con ese poder dentro de nuestro Estado? A ti te doy y a ti no. ¿En serio? El mínimo sentido común y experiencia nos diría a gritos que nuestro sector público no está preparado para lidiar con semejante problema.
La historia del Perú está plagada de regímenes especiales, exoneraciones, licencias, prohibiciones de importaciones y hasta acceso a diferentes tipos de cambio; siempre bajo el mismo argumento arriba mencionado. Ya sabemos cómo acaba. Dado que a una empresa le vale más obtener esos privilegios que producir productos buenos y baratos, dirigirá su atención principalmente a obtenerlos.
Pero con el tiempo casi todos lograrán obtenerlos, con lo cual tendremos una economía con muy baja recaudación con empresas orientadas a gozar de estos beneficios en lugar de preocuparse por la calidad de sus productos. ¡Esto hace solo 33 años que ya lo vivimos, no puede ser que nos equivoquemos otra vez!
Cuando se aplicó la actual legislación, que aseguraba igualdad de trato entre sectores, se decía también, como se hace ahora, que la industria nacional iba a desaparecer. La industria nacional no sólo no desapareció, sino que en dólares reales se triplicó desde 1990, alcanzando su volumen más alto en 2022. Como comparación, durante este mismo periodo, la manufactura en los Estados Unidos se duplicó en dólares reales.
La manufactura se ha achicado como porcentaje del producto total, pero eso es solo porque en 1990 casi no existían la minería, la agricultura de exportación, la construcción y los servicios financieros, por ejemplo. Hay otros sectores que crecieron mucho más, pero la manufactura igual se triplicó.
Sobre impuestos, sí hay cosas que discutir respecto a cómo hacerlos más eficientes y menos onerosos, pero en esos casos se discute solo cuándo debo pagar, cuánto de los impuestos, no se arguye que no se deben pagar. Además, estas discusiones resultan en normas que aplican a todos por igual, sin favorecer a ningún sector en particular.
Es hora de que los industriales que proponen normas como las mencionadas arriba se dediquen a luchar por una mayor competitividad, una mejora en el régimen laboral, a afinar los impuestos y los beneficios tributarios. En lugar de jugar a que sea el Estado quien decide quién gana y quién pierde. Perdemos todos.
