Por: Miguel Palomino. Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE).
La República, 18 de Enero del 2023
“Pero la Constitución indica claramente que si la mayoría del Congreso está de acuerdo (”por ley expresa”), entonces se puede crear una empresa pública…”.
Cuando escucho la discusión respecto a la Constitución y la supuesta necesidad de cambiarla, quedo perplejo. ¿Qué exactamente es lo que quieren cambiar y por qué no lo hacen como lo establece la Constitución? Es decir, todo es perfectible y eso deja espacio para el cambio. Esto era obvio para los que hicieron la Constitución, es por ello que existen caminos constitucionales para el cambio.
Una Constitución no es algo que se deba cambiar con frecuencia. Es la base legal sobre la cual se sustenta todo el sistema democrático. En principio, debería modificarse solo cuando una mayoría sólida de nuestros representantes estuviera de acuerdo (tal como manda la Constitución) y además parece bueno que sea en dos legislaturas sucesivas (tal como manda la Constitución). Todo esto debería ser claro para cualquiera.
Quienes quieren cambiar la Constitución por cualquier otro método están violándola. En otras palabras, en realidad están proponiendo un golpe de Estado. Son dos las formas en que se disfrazan o ‘justifican’ estos intentos de golpe de Estado: el supuesto origen ‘ilegal’ de la Constitución y la idea de que algunos o todos los congresistas ‘no nos representan’.
Con respecto a lo primero, lo que se busca proponer es un mecanismo exactamente igual al que se dio con la actual Constitución: una asamblea constituyente elegida que la proponga y luego la aprobación por la vía de un referéndum. Esto se dio durante el gobierno de facto de Alberto Fujimori, pero era clara su alta popularidad entonces, como lo demuestra el que haya ganado las elecciones de 1995 con el 64% de los votos válidos (cifra impensable hoy día).
El segundo argumento, sobre la representatividad de los congresistas, es deleznable. La población votó por ciertos representantes que fueron elegidos tal y como estuvo previsto, y una vez seleccionados los representan por el periodo electoral. No hay espacio alguno para el ‘cambié de opinión, ya no me representa’.
Es más deleznable aún la supuesta ‘no representatividad’ de Dina Boluarte, la vicepresidenta elegida y presidenta, según la sucesión constitucional. El respeto a las reglas es necesario, aunque no nos guste el resultado. Cambiar estas reglas, según está previsto en la Constitución, es siempre posible.
En cuanto a los aspectos específicos de la Constitución que se quieren cambiar, las encuestas nos indican con bastante claridad que en la mayoría de los casos no requieren de un cambio constitucional. Usualmente, por ejemplo, se busca poner penas más severas para corruptos y criminales, lo cual podrá estar bien, pero no corresponde a la Constitución, sino al Código Penal.
También se pide que se introduzcan más ‘derechos’ en la Constitución, sin saber que casi la totalidad de esos derechos ya son parte de la Constitución. Esto demuestra que no basta con crear derechos sobre el papel, sino gestionar el Ejecutivo adecuadamente para que esos derechos tengan significado real.
Sobre los cambios que se piden en el capítulo económico de la Constitución, hay también un malentendido. Casi siempre se dice que es necesario cambiar el artículo 60, que afirma: “Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial”.
Esto, supuestamente, lo dejaría atado de manos y que no exista posibilidad de tener algunas empresas públicas. Pero la Constitución indica claramente que si la mayoría del Congreso está de acuerdo (“por ley expresa”), entonces se puede crear una empresa pública.
Los peruanos somos responsables de nuestros representantes. Si queremos un cambio significativo y democrático, empecemos por informarnos mejor de quiénes aspiran a representarnos, ejerciendo nuestro derecho al voto responsablemente. Una vez tomada la decisión, nos toca esperar pacientemente a la próxima elección. Así es la democracia.
