Pequeña empresa
Miguel Jaramillo, Investigador senior del Consejo Privado de Competitividad (CPC)
Para Lampadia
La informalidad laboral es un gran problema que afecta negativamente el bienestar de los peruanos y la competitividad del Perú. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2017), 7 de cada 10 trabajadores labora en la informalidad. Esto se traduce en 12.2 millones de personas que trabajan en condiciones inadecuadas y que no cuentan con cobertura de salud adecuada y sostenible para ellos y sus familias. Por su parte, la informalidad empresarial asciende a más del 50% según la ENAHO (2017), siendo aproximadamente de 85% para las MYPE, lo que se traduce en incumplimiento de pago de impuestos, apertura de negocios sin licencia de funcionamiento, entre otros.
Para combatir este problema, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) plantea la necesidad de impulsar políticas destinadas a fortalecer a la pequeña empresa como gran generadora de formalidad, debido a que estas registran una productividad que es 6 veces la de la microempresa[1]. Esto no implica dejar de lado a las microempresas. Por el contrario, desde el CPC creemos que se debe de empezar por las pequeñas empresas y, gradualmente, implementar políticas orientadas a que las microempresas crezcan, se asocien y sean más productivas, de manera que puedan convertirse en pequeñas empresas en el tiempo.
Una propuesta del CPC pasa por incorporar al SIS al esquema de la formalidad para que los trabajadores informales que actualmente tienen SIS no lo pierdan al formalizarse. Por ello, en línea con lo establecido por la Comisión de Protección Social (2017), el CPC propone que el SIS cubra una primera capa asociada al Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) financiada con impuestos. Las siguientes capas (complejas) podrían cubrirse con algún tipo de esquema semi-contributivo. Para iniciar con la implementación de esta propuesta, se puede empezar con la afiliación al SIS de los 824 mil trabajadores informales de pequeña empresa. La Comisión de Protección Social estima que afiliar al total de la población (31 millones de peruanos) implicaría pasar de un gasto del 0.67% del PBI a aproximadamente 2.55% a un costo actuarialmente justo por afiliado.
Adicionalmente, el CPC propone la aplicación del régimen laboral de la microempresa para las nuevas contrataciones de pequeña empresa. Esto permitiría adecuar los costos laborales a la productividad actual de las pequeñas empresas y tendría un impacto positivo sobre el bienestar de los trabajadores. Estimaciones del CPC indican que, si se formalizaran 824 mil trabajadores informales de la pequeña empresa a través de este nuevo régimen, los beneficios potenciales para ellos serían de aproximadamente S/4.8 billones al año, asociados a una mayor productividad.
Asimismo, el CPC considera importante la implementación de la remuneración integral anual (RIA) para los trabajadores que ganen salarios menores a 2 UIT[2]. Hoy la ley permite que el trabajador opte por la RIA solo si gana más de 2 UIT, por lo que no muchos tienen la posibilidad de acogerse a esta modalidad de pago. La RIA agrupa el sueldo base, la CTS, gratificaciones y vacaciones y se paga en 12 sueldos al año. Esto permite que el trabajador obtenga un mayor sueldo mensual (sin reducir su sueldo total anual), por lo que esta mayor liquidez hace que los trabajos formales compitan en igualdad de condiciones con los informales, en especial en el segmento de la pequeña empresa. Asimismo, el empleador gana simplificación administrativa y contable y suaviza los flujos de salida de efectivo en las fechas de desembolso de la CTS y las gratificaciones.
La fiscalización es también un tema importante que debe reformularse para combatir la informalidad. Hoy, los esfuerzos fiscalizadores de la SUNAFIL se centran en la empresa formal, motivado por denuncias de los trabajadores. Fiscalizar al formal no es una práctica errónea, pero creemos que dada la magnitud de la informalidad laboral la SUNAFIL debería de redirigir esfuerzos con el objetivo de fomentar una mayor formalización de los trabajadores informales. Por ello, proponemos que utilicen un sistema de fiscalización basado en matrices de riesgos, de manera que optimicen recursos y fiscalicen aquellas zonas en donde la probabilidad de encontrar trabajadores informales es elevada.
Estas son algunas propuestas de las 11 propuestas que plantea el CPC para el eje de mercado laboral en el Informe de Competitividad 2019. Creemos que, si estas se aplican en conjunto, es posible dinamizar el mercado laboral peruano. Nuestras propuestas están orientadas a facilitar el crecimiento de la pequeña empresa y eliminar limitaciones impuestas y que no corresponden a su productividad. Asimismo, es importante que la lupa comience a virar hacia las propuestas de los otros ejes propuestos (capital humano y educación técnica; infraestructura; logística; sistema de justicia; ciencia, tecnología e innovación y ambiente de negocios). Solo a través de una implementación integral de políticas es que podremos mejorar la competitividad del país. Lampadia
[1] Extraído de: Ghezzi (2016) Logros y desafíos de la diversificación productiva en el Perú. Ministerio de la Producción, abril de 2016.
[2] Unidad Impositiva Tributaria. A 2019, asciende en S/4,200.
