Michel Hoffmann Ibañez – M.A. Economía Internacional y Gobernabilidad
Es de vital importancia que para el próximo presidente del Perú la seguridad ciudadana sea un tema prioritario.
Seguridad pública
La seguridad pública se entiende básicamente como la defensa del orden público, la protección de la integridad física de las personas así como de sus bienes, la prevención en la comisión de delitos e infracciones, la investigación y persecución de los delitos y finalmente el auxilio a la población en caso de siniestros y desastres.
El problema detrás de la inseguridad ciudadana en Perú se centra básicamente en el deterioro socio-económico de los ciudadanos (inequidad y desaparición de la clase media), los bajos niveles educativos, la insuficiente capacitación para el trabajo, la falta de valores morales y éticos y hogares inadecuados (en espacio, carencia de servicios básicos como agua y desagüe, material, etc.)
Por otro lado también están los problemas ligados a la inseguridad dentro del propio estado peruano que en resumen son el sistema de justicia ineficiente (PNP, Fiscalía, Poder Judicial, INPE etc.), el (in-)cumplimiento de la ley (law enforcement), la pobre oferta en cantidad y calidad de los servicios de salud y educación, la baja oferta recreativa orientada a los jóvenes así como la oferta deportiva insuficiente.
Sistema penitenciario nacional
Según estadísticas oficiales del INPE, al mes de enero 2016, la población penitenciaria total asciende a 93.210 personas.
En calidad de recluidos (población penal o intramuros) a nivel nacional, son entre hombres y mujeres, más de 77 mil los que tiene mandato de detención judicial o pena privativa de libertad efectiva según lo ordenado por el poder judicial.
Por otro lado la cifra de las personas que asisten a establecimientos penitenciarios de medio libre, al haber sido sentenciados a penas limitativas de sus derechos o liberados con beneficios penitenciarios de semi-libertad o libertad condicional, supera las 15 mil personas.
Lo gravedad de la situación de los internos, queda evidenciada al comparar la capacidad de albergue y la población penal. La capacidad actual de albergue asciende a 32.922 plazas, y teniendo en cuenta que hay más de 77.000 internos, se registra una ocupación del 235%.
Del mismo modo hay que resaltar que de la totalidad de los internos solo 39.180 (equivalente al 50.72%) tienen sentencia. Esto significa que casi la mitad de la los internos está en calidad de procesados y tienen que convivir con criminales convictos puesto que debido al déficit de infraestructura la clasificación de los mismos no es la adecuada (contaminación criminal)
Adicionalmente son dramáticas las condiciones por ejemplo en las que (sobre-) viven los internos del EP Huaral. Dicho establecimiento fue construido para albergar a 823 internos y a la fecha aloja a más de 3.400 seres humanos. Similar situación ocurre en el EP Callao que registra una sobrepoblación del 481%.
Por otra parte es necesario mencionar que el total del personal de seguridad para el total de la población interna nacional asciende a casi 6 mil agentes. Del mismo modo el personal asignado al área de tratamiento penitenciario también sufre del poco personal establecido. Por ejemplo para el año 2014: 315 profesionales en psicología, 396 trabajadores sociales y 52 médicos, se les encargó la difícil tarea de resguardar y rehabilitar a todos los internos de los 66 establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
Consecuencias
En el contexto antes descrito, la creciente sobrepoblación no solo pone en peligro a los propios internos y al personal de seguridad, sino también a las poblaciones aledañas que tienen que convivir con el desorden e inseguridad en los alrededores del establecimiento penitenciario.
Del mismo modo más del 80% de las llamadas de extorsión se gestan desde los establecimientos penitenciarios traspasando las barreras físicas del aislamiento y sembrando la inseguridad y el miedo hasta dentro de los propios hogares.
Por otra parte anualmente son más de 15 mil personas las que son puestas en libertad sin la adecuada rehabilitación y en muchos casos habiendo pasado largas temporadas dentro de los pabellones convertidos en escuelas del delito.
Asimismo lejos de creer que la sobrepoblación penitenciaria se resolverá de manera automática, el endurecimiento de las penas, el uso (o abuso) de la prisión preventiva, la falta de alternativas al encarcelamiento (ej. implementación de grilletes), el aumento de los niveles de criminalidad, podrían generar incluso más reclusos, lo que empeoraría la situación actual de la inseguridad ciudadana.
Recomendación
En estas circunstancias las Asociaciones Publico Privadas (APP) se presentan como una tendencia internacional que viene dando buenos resultados en especial a la reducción de la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios. Beneficioso a su vez ha sido el desarrollo de los programas de rehabilitación penitenciaria por intermedio de convenios y alianzas con el sector privado. En este sentido tanto los programas de rehabilitación como los talleres laborales contribuyen a disminuir la tasa de reincidencia e incrementar la empleabilidad y productividad de los posteriormente liberados en el mercado laboral.
Finalmente la reforma penitenciaria debe estar acompañada por políticas públicas coherentes que impacten y beneficien de manear directa a la ciudadana. En este sentido las políticas públicas en seguridad no deben basarse de manera exclusiva en políticas de reacción como en la actualidad. Por el contrario por ejemplo el modelo policial debe estar enfocado en actuar de manera proactiva y estar ligado a la sociedad de manera permanente. Del mismo modo es necesario un mayor compromiso por parte de la sociedad así como la promoción de la participación ciudadana para en conjunto recobrar la confianza de los ciudadanos y el respeto por la ley.
Lampadia
