Por: Mario Ghibellini
El Comercio, 3 de julio de 2021
Contra lo que los discursos de efecto narcótico de los recientes aliados de Pedro Castillo postulan, en esta pequeña columna hemos creído siempre en la necesidad de tomar en serio sus anuncios de campaña. ¿Se imagina alguien qué habría pasado si Keiko Fujimori proclamaba durante su recorrido proselitista por el territorio nacional que había que desactivar el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo? Pues de seguro le habrían cosido sus palabras con letra escarlata sobre la ropa. Y con justa razón, porque a ningún candidato debería permitírsele desentenderse de tamañas amenazas al sistema democrático.
Al postulante por Perú Libre, sin embargo, se le ha permitido hacerlo. Gracias a la intervención de un colegio de apañadores que atribuyeron sus exabruptos a una presunta falta de “habilidades blandas” o a las fiebres que desataba “el calor de las plazas”, una buena porción de la ciudadanía decidió cerrar un ojo y asumir que, si llegaba al poder, un cierto sentido de realidad le haría comprender a Castillo que esas pulsiones autoritarias tenían que ser domadas. Y ahora, a la luz de lo que el profesor ha dicho esta semana sobre la forma en que eventualmente pensaría presionar al Congreso para que se allane a sus planes de convocar a una asamblea constituyente, parece claro que todos esos bucólicos compatriotas se equivocaron.
–Habilidades duras–
No vamos a insistir aquí en los detalles de por qué en nuestro país el presidente de la República no puede convocar a un referéndum ni pedirle al Congreso que lo haga a propósito de una figura que no está contemplada en la Constitución. Las razones de que esto sea así han sido ya largamente expuestas durante los últimos meses por voces más autorizadas que la nuestra.
Nos interesa, en cambio, poner de relieve el modo en que Castillo acaba de anunciar –de confirmar, en realidad– que hará lo posible por atropellar esas limitaciones al poder de aquel al que le toque asumir las riendas del Ejecutivo a fin de mes.
En una reunión con dirigentes sindicales celebrada este jueves, en efecto, el profesor sentenció: “El 28 de julio, iniciando el mensaje a la nación, vamos a poner frente al Congreso el primer pedido del pueblo: que agende inmediatamente la instalación de la asamblea nacional constituyente para redactar la primera constitución del pueblo”.
¿Qué pasaría si una mayoría de los futuros parlamentarios no quisiera acompañar su ‘detour’ constitucional? Pues Castillo ya lo adelantó en un artículo recientemente escrito por él para la publicación norteamericana “Jacobin Magazine”. “Si el Congreso intenta evitar que hagamos los cambios que necesitamos, continuaremos movilizando a la gente en las calles”, ha afirmado en un despliegue de habilidades más bien duras.
Sobre las características de la nueva “ley de leyes” a la que aspiraría, no obstante, ha sido un tanto impreciso. Apenas ha opinado que no necesitaría tener “tantos artículos y capítulos” y sí “olor, color y sabor a pueblo”, además de apuntar que no solo debería servir para “gestar este gobierno, sino para sostenerlo y para que más adelante se siga dando la oportunidad al pueblo”. Una secuencia de ideas en la que, como suele ocurrir con los líderes populistas de corte autoritario, se coloca como el inspirado intérprete de lo que “el pueblo” –que al parecer estaría compuesto solo por los 8 millones y pico de peruanos que votaron por él y no por los otros 8 millones y pico que votaron por la señora Fujimori– realmente quiere. De paso, adicionalmente, ha dejado abierta una puerta para reimplantar en la Constitución de sus sueños la reelección inmediata (de ahí lo de seguir dándole más adelante “la oportunidad al pueblo”).
Mención aparte merece su advertencia sobre los motivos por los que, si se ciñe la banda presidencial, no podrá resolver los problemas del país de inmediato. Esto sería así, según ha dicho, “porque nos tiene atados esta Constitución”. Alguien tendría que explicarle entonces que, desde la época de la Carta Magna, los textos constitucionales son en esencia una manera de tener a los gobernantes precisamente “atados”, estableciendo qué pueden y, sobre todo, qué no pueden hacer, para evitar así que caigan en la tentación de ejercer el poder que ostentan de modo arbitrario o abusivo.
Nos parece improbable, sin embargo, que semejante explicación pueda provenir de alguno de los recientes aliados a los que aludíamos al principio, pues ello pondría en peligro su condición de habitantes precarios de los suburbios del régimen en ciernes. Y la gallarda disposición republicana, nos tememos, no les da para tanto.
–Guerra avisada–
Por supuesto, las posibilidades de éxito de este temerario proyecto dependerán de la resistencia que un Castillo convertido en presidente pueda encontrar en el Congreso y en la sociedad en general para imponerlos. Pero es justamente por eso que llama la atención que, con tanta anticipación, el profesor se haya pintado la cara y se haya puesto a ejecutar esa especie de danza guerrera que supone el hecho de alardear desde ahora sobre sus planes de ataque al orden constitucional.
¿Con qué peregrina consideración en mente puede haber llegado a la conclusión de que meter miedo con respecto a la estabilidad económica y política del país era en este momento una buena idea?
Quién sabe, a lo mejor le pareció que el dólar estaba muy barato.
