Por: Marcos Ibazeta Marino
Expreso, 6 de setiembre de 2018
Decíamos en columnas anteriores que todos estamos contra la corrupción y nadie está en desacuerdo con la necesidad de una lucha frontal y sin contemplaciones contra esa plaga que está destruyendo la institucionalidad en el país.
Nuestra preocupación central era y es el daño irreparable que los corruptos están provocando en la gobernabilidad porque son poquísimas las autoridades políticas, judiciales, fiscales, policiales y demás etcéteras, a las cuales no ha salpicado la coima, el cohecho, el fraude y demás modalidades delictivas para apoderarse del dinero de todos los contribuyentes que debería producir prestaciones efectivas y eficientes en adecuados servicios públicos e invertirse en obras para construir infraestructura que, generando puestos de trabajo, nos permita dar saltos cualitativamente más productivos en términos de desarrollo económico.
Sin embargo, casi nos hemos olvidado de la exigencia de buen gobierno, al aparecer en el escenario nacional una disputa entre bandos políticamente irreconciliables, para hacerse del control institucional de todas las entidades del sistema de justicia.
Esta lucha se inicia cuando se desató el escándalo Odebrecht, Camargo y Correa, OAS, Lava Jato y demás perlas, que cubrieron de barro a expresidentes, ministros, funcionarios de alto nivel y muchas personalidades de la política nacional incluyendo al empresariado peruano de mayor prestigio.
El Ministerio Público no estuvo a la altura del desafío. Se fue el expresidente Toledo por la torpeza e ingenuidad de fiscales y jueces. Durante la gestión de Pablo Sánchez y su alfil el fiscal Hamilton Castro, resultó evidente una acción investigadora selectiva y políticamente discriminadora pero inocua porque no tenemos resultados contundentes a la vista. Ante la inminencia del reemplazo funcional de Pablo Sánchez por Gonzalo Chávarry, se desató contra este una maquinaria masivamente impulsada en su contra para evitar su asunción al cargo. La fuente de imputaciones son los audios que todos conocemos y esperamos que nada de lo ilegal que hay en ellos quede impune.
Sin embargo, el nuevo y cuestionado fiscal ha abierto una caja de Pandora activando denuncias que su antecesor encarpetó, pero, lo más importante, su equipo cerró por fin el acuerdo de colaboración con Odebrecht y se viene un mundo de evidencias que arrasará a mucha gente de poder político, económico y social. ¿Cómo quedará la moral pública?
