Por: Marcos Ibazeta Marino
Expreso, 12 de diciembre de 2019
En su momento y a través de esta columna, nos hemos pronunciado por la necesidad de ir a una reforma del sistema de justicia, pero no en tiempos turbulentos, sino con una adecuada estabilidad institucional para no crear zozobra funcional y menos desaliento social.
También hicimos notar la inconveniencia de la designación de una comisión integrada por el defensor del Pueblo, el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, entre otros, porque, precisamente, como funcionarios del aparato estatal que miraban sin ver la forma en que se derrumbaba el sistema sin hacer nada al respecto, eran corresponsables con los titulares de los pliegos presupuestales de cada institución que integra el sistema, que a su vez presiden los órganos de gobierno tanto en el área de gestión como en el de administración, quienes con su ineficiencia condujeron a sus instituciones al despeñadero del cual ahora se pretende salir.
Ante tal situación, lo más conveniente era conformar una comisión para la elección de los miembros de la hoy llamada Junta Nacional de Justicia con juristas experimentados y libres de presiones e intereses políticos o ambiciones particulares que se acercaran más a la idea de imparcialidad que la población exige como garantía de credibilidad.
Porque no es posible que los que van a ser evaluados por la futura Junta Nacional de Justicia sean quienes designen a los integrantes de ésta, pues nadie creerá que no buscarán la oportunidad para neutralizar de antemano un resultado negativo a su estabilidad funcional o que no responderán a los fines políticos del régimen de turno, olvidando que el sistema de justicia sirve a la población en su conjunto para resolver los conflictos que se susciten en ella, así como para perseguir el delito y sus secuelas, amén de garantizar el respeto de los derechos constitucionales y garantías personales.
Si este es el escenario para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, peor se presenta el horizonte funcional para todos los fiscales y jueces de la República porque es evidente que el siguiente paso, por la descomposición moral y funcional del ex Consejo Nacional de la Magistratura, será la revisión de procesos de ratificación, de procedimientos sancionadores y una nueva evaluación para determinar quienes se quedan o se van del sistema.
La inseguridad funcional de los magistrados creará una mayor inseguridad jurídica en un juego de concentración de poder que se está convirtiendo en una peligrosa fragmentación ante la cual la población está llegando a un grave punto de saturación por desconfianza.
