María Ángela Calmet
Gestora de Negocios y Políticas Públicas
El Reporte
Jueves, 11 de agosto de 2022
Es curioso cómo hechos importantes pueden lograr primeras planas en los medios para ser rápidamente olvidados la semana siguiente. Este es el caso de la promulgación del decreto supremo 014-2022-TR por parte del Ejecutivo, promulgación que no siguió el debido proceso. Este reglamento, que modifica las relaciones colectivas de trabajo, ha pasado a segundo plano y es importante traerlo nuevamente a los titulares.
Dirigir y desarrollar un país es una tarea titánica, pues se tiene que tener la visión y manejo de distintos actores, posturas y necesidades. El reto más grande es encontrar el balance entre los tres actores principales de un país (el sector público, el sector privado y la sociedad) para lograr maximizar el bienestar. Un paradigma popular hoy en día es que se puede tener un sector público sin el sector privado. Esto dista mucho de la verdad y la realidad. No solo es necesario para el sector público contar con el sector privado, sino que el sector privado requiere del sector público para desarrollarse. El sector público crea las reglas de juego para que el sector privado pueda participar en tanto el sector privado brinda al Estado ingresos en forma de impuestos, además de innovación y desarrollo.
Uno no puede sobrevivir sin el otro ya que genera caos: un sector privado sin reglas y sin seguridad para hacer negocios o un sector público en quiebra y con desempleo. La estrategia yace en lograr una danza que equilibre ambos y que maximice el beneficio de los tres actores principales.
El gobierno no está buscando maximizar el bienestar del sector privado o la sociedad con la promulgación del nuevo decreto supremo ya que el decreto busca maximizar el beneficio de solo un actor: el líder sindical.
El decreto indica que una huelga procederá si el Ministerio de Trabajo no emite una resolución en tres días cuando el anterior indicaba que la huelga procedía tras la resolución del Ministerio de Trabajo.
Más aún, en caso la huelga se desarrolle, ahora los miembros del sindicato que sí desean trabajar no podrán hacerlo y la empresa no podrá contratar personal de reemplazo. ¿Dónde queda el derecho al trabajo de los trabajadores que desean o necesitan trabajar? ¿Dónde queda el apoyo a las empresas para cumplir con sus obligaciones ante colaboradores, proveedores y clientes?
Los Principios de la OIT Sobre el Derecho a la Huelga están en contra de la movilización forzosa de trabajadores e incluso protegen a la empresa para que cumpla con sus necesidades básicas y evite la quiebra en caso de huelga. ¿Por qué hoy una empresa decidiría contratar más personal si el riesgo de huelga es ahora constante? Es una ley que no busca maximizar el bienestar, al contrario, busca deteriorarlo.
Otro punto a resaltar son los documentos que la empresa deberá entregar al sindicato, documentos que en su mayoría son confidenciales y ponen en peligro la continuidad de la empresa en caso caigan en manos de la competencia.
La empresa ahora debe entregar los estados financieros, así como las boletas de pago y beneficios laborales de los trabajadores. Esto no estaba presente en el decreto anterior.
Los Principios de la OIT Sobre el Derecho a la Huelga no mencionan la necesidad de los sindicatos de obtener documentos o la obligación de la empresa por brindar documentos confidenciales. ¿Qué valor agregado dan estos documentos al derecho a la huelga? ¿Por qué se fuerza a la empresa a compartir información confidencial cuando es muy probable que no sea necesaria para llevar a cabo el diálogo con los trabajadores?
La verdadera pregunta es: ¿Por qué se castiga a la empresa privada cuando es ella quien toma el riesgo de invertir en un negocio que no solo genera empleo formal, sino que también provee productos y servicios a la sociedad e impuestos al gobierno? Nuevamente, la ley busca deteriorar el bienestar en lugar de crearlo.
Es momento que los gremios se unan para derogar el nuevo decreto y regresar al anterior. Este decreto impacta de manera transversal a todas las industrias. No dejemos de lado la importancia e impacto negativo que este decreto supremo creará para las empresas y trabajadores en el corto, mediano y largo plazo. Traigámoslo de vuelta a los titulares. Lampadia
