Por: Maria Cecilia Villegas
El Comercio, 3 de junio de 2021
En las últimas dos décadas, se estableció en el Perú una misión para deformar los hechos con la intención de que todo sea discutible y, muchas veces, punible a partir de la invención y no desde la verdad. El objetivo de esta tarea fue reescribir la historia. Una decisión muy reprochable, porque estuvo basada en tergiversar y/o deformar los hechos por razones políticas.
En el libro “1984”, George Orwell muestra la tergiversación de la historia como una de las expresiones del totalitarismo, y lo expresa así: “El objetivo implícito de esta línea de pensamiento es un mundo de pesadilla en el que el Líder, o alguna camarilla gobernante, controla no solo el futuro sino también el pasado. Si el Líder dice de tal o cual evento, ‘Nunca sucedió’, bueno, nunca sucedió. Si dice que dos y dos son cinco, bueno, dos y dos son cinco”. Así, impera la intolerancia, porque aquel que insiste en decir que dos y dos no suman cinco, de inmediato es puesto como blanco, no de críticas sino de agravios, argumentos irracionales y descalificaciones: lo que hoy se conoce como la cultura de la cancelación.
Así ha ocurrido con el mito de las 300 mil esterilizaciones forzadas. La publicación del libro “La verdad de una mentira”, en lugar de generar un debate desde la inteligencia, generó que la evidencia fuese desestimada con intolerancia.
El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) proveyó –de manera gratuita– todos los métodos anticonceptivos disponibles en el mercado, atendiendo a 850.000 familias al año. La población objetivo eran las mujeres de los segmentos C, D y E, porque se buscaba cerrar la brecha que existe en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva entre las poblaciones más pobres del país en comparación con las de mayores ingresos. No se trataba, como se ha sostenido, que el programa buscara que no nacieran más pobres; se trataba de permitir que todas las mujeres pudieran decidir libremente el número de hijos que quisieran tener. Sin embargo, durante la ejecución del programa ocurrieron casos de esterilizaciones sin consentimiento.
La evidencia demuestra que en el Perú hubo esterilizaciones sin consentimiento antes, durante y después de los años en los que se implementó el programa. Pese a ello, sobre las mujeres esterilizadas sin consentimiento en los ochenta y después de la caída del régimen fujimorista nada se dice y nada se denuncia. Esas mujeres han sido invisibilizadas y revictimizadas. Sus casos no importan. ¿Por qué? Porque la hipótesis perseguida tenía una finalidad política específica: las esterilizaciones forzadas solo existieron en el régimen fujimorista y debían ser catalogadas como lesa humanidad para sumar argumentos en contra del fujimorismo.
Si consideramos que existen 1.326 mujeres en la denuncia penal contra Fujimori y sus ministros de Salud, y en el registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas del Ministerio de Justicia, creado en diciembre del 2015, hay alrededor de 7.000 víctimas registradas, ¿cómo se llega a sostener que hubo una política de Estado de esterilización forzada y masiva con 300.000 víctimas? El investigador Stanislao Maldonado sostiene que “un ejercicio de búsqueda de la verdad debería poner en evidencia a aquellos que distorsionan los hechos con una motivación política. Hace flaco favor a la búsqueda de justicia para las mujeres esterilizadas en contra de su voluntad quienes pretenden defenderlas sobre la base de mentiras”. Y es que en lugar de iniciar un debate serio para encontrar las debilidades institucionales que permitieron que el personal de salud pueda decidir arbitrariamente sobre la vida y el cuerpo de una mujer, se ha instalado una verdad absoluta sin evidencia que la sostenga.
