Entrevista a Manuel Pulgar Vidal
La República, 11 de mayo del 2025
Emilio Camacho
Desde Ginebra, el exministro del Ambiente describe cómo el Estado ha tratado de controlar sin éxito la minería ilegal en el país, desde el año 2000. Además, señala las trabas que se han puesto en el Congreso y a los grupos que han estado detrás de ellas y recomienda acabar con el Reinfo.
El Reinfo, el Registro Integral de Formalización Minera, tiene poco menos de diez años, fue creado en el 2016. Usted fue uno de sus primeros críticos. ¿Por qué?
A ver, te voy a hacer una descripción bien detallada de todo el proceso para entender que el problema de la minería ilegal tiene una combinación de factores, es un proceso que se inicia con un enfoque técnico, pero luego interviene mucho la política, y ahora está muy asociado al lado criminal. Y además se ha visto muy afectado por un proceso de descentralización fallido. El tema de la minería ilegal en rigor se empieza a enfrentar el año 2000. El gobierno de Toledo dicta una ley en la que yo creo que se comete un primer error. Se modifica la ley minera y se agrega en su título preliminar que el Estado protege y promueve la pequeña minería y la minería artesanal. Eso es algo que yo siempre he considerado un error grave, porque no es obligación del Estado proteger una actividad económica, es obligación del Estado regular la actividad económica para que en todo caso no genere ningún tipo de daño. Pero no, hubo esta lógica de que como eran pequeños y eran artesanales, se les dio un manto de protección que yo creo que ha sido siempre parte del problema.
O sea, se creó un régimen especial innecesario.
Sí. Pero a su vez ya existía el año 2000 el problema de algunos mineros ilegales causando daño, en especial en la Amazonía. Ahí se genera la figura del contrato de explotación, orientado a que, si algún concesionario tenía algún invasor minero, pudieran promoverse acuerdos para que el concesionario formal apoyase a este invasor, lo que permitiese que se encaminase hacia una formalidad. Eso está muy vinculado a lo que ahora ha pasado con minera Poderosa. Las personas asesinadas pertenecían a una empresa que estaba protegiendo a operadores que trabajaban bajo un contrato de explotación.
Ahora, cuando empieza esta discusión, la principal preocupación era ambiental, no había este escenario de criminalidad.
Era fundamentalmente ambiental la discusión, pero algunos concesionarios ya se quejaban de la inacción del Estado para defenderlos de invasores. Pero aquí también hay que agregar algo que se da ocho años después. Es cuando se transfiere la facultad de gestión y fiscalización de la pequeña minería y la minería artesanal a los Gobiernos regionales, que creo que ha sido la más equivocada decisión que ha generado la dramática situación que hoy en día enfrentamos. Porque cuando se hace esta transferencia, se sabía que los Gobiernos regionales no tenían esa capacidad, pero a su vez se sabía que el Estado no tenía capacidad de identificar con claridad quién era artesanal, quién era pequeño, quién era mediano y quién era grande.
¿Qué diferencia la minería informal de la ilegal?
¿Eso se hace en qué gobierno? ¿En el gobierno del doctor García?
De Alan García. Él es el que aceleradamente y además de manera equivocada, como en algún momento me parece que reconoció, dio las facultades a los Gobiernos regionales en muchas materias. Eso fue 2008. Ese mismo año se crea el Ministerio del Ambiente. Y cuando se crea el Ministerio del Ambiente, Antonio Brack confirma que se estaba dando un problema de potencial invasión a áreas protegidas y zonas de amortiguamiento en Madre de Dios. Ahora, en julio del 2011, en el gobierno de Ollanta Humala, bajo facultades delegadas, se toma la decisión de dictar un conjunto de reglas para el control de la minería ilegal y la formalización de la minería informal. Y acá vale la pena hacer una distinción. ¿Por qué se generaron estas dos categorías, minería ilegal y minería informal?
Entiendo que el Gobierno hace la diferencia entre informales e ilegales, por una cuestión útil, para saber a quién interdictar.
Así es, y por un elemento adicional. Si yo te hago la pregunta de qué determina la ilegalidad de una actividad como la minera, la lista podría ser de quince situaciones distintas, y como no se pueden enfrentar quince situaciones distintas, había que hacer una distinción para encaminar el proceso con algunas que pudiesen respetar el nuevo marco jurídico. Y para no ser impreciso en estas quince, yo siempre digo: ¿qué cosa podría así conceptualmente determinar una ilegalidad? Que te metes a hacer minería sin concesión, que te metes a hacerlo en tierra de otro, que no cumples normas laborales. Son muchas las situaciones que determinarían conceptualmente una ilegalidad. Por lo tanto, había que hacer una precisión. Entonces, es en esta norma que se establecen algunas cosas. La declaración de compromiso, por ejemplo, lo que vendría a ser el antecedente del Reinfo. Se dice: Vamos a empezar este proceso con una declaración de compromiso de que quieres encaminarte a la formalidad. También se prohibió insumos químicos para la minería ilegal. Entonces, todo este paquete de decretos legislativos del gobierno de Humala era integral. Tenían que cumplirse un conjunto de medidas en relación a los informales. Y en relación con los ilegales, había que hacer interdicción. Y por eso también se creó la figura del zar de la interdicción
A ver, si teníamos este paquete de normas, que está interesante, ¿cómo es que llegamos luego al Reinfo?
Ahora te cuento. Cuando este paquete se estaba ejecutando, yo creo que íbamos bastante bien, incluso se presentó un proyecto que buscaba que la fiscalización de las plantas de beneficio saliese de los gobiernos regionales y pasase al gobierno nacional. Bueno, este proyecto se aprobó en la Comisión de Ambiente, pero se bloqueó en la Comisión de Energía y Mina. Y ahí ya empieza a meterse la política.
¿Qué grupos eran los que lo bloquearon?
El Comeoro, Eulogio Amado Romero, ese era uno. Otro era Eduardo Cabrera, de Fuerza Popular, y el otro Martín Belaunde Moreyra, Solidaridad Nacional, que ahora es Renovación. O sea, siempre los mismos que han promovido la actividad de la minería ilegal. Ten en cuenta, además, que el año 2014, que fue el año que el Perú organizaba la COP, Hernando de Soto, que ha sido también un gran promotor de la minería ilegal, saca un artículo que se llama ‘Conga va, pero con nosotros’, que era probablemente la propuesta más irresponsable de promoción de la minería ilegal que se ha presentado políticamente en años. Bueno, ese era el momento en donde las federaciones estaban buscando aliados políticos para favorecer la minería ilegal. Entonces, es cierto que en el gobierno de Humala faltó redoblar el esfuerzo complementario que incluía Sunat y que incluía las interdicciones para hacer más efectivo el proceso. Pero ¿qué empieza a ocurrir cuando ya está terminando el gobierno de Humala? Se empiezan a presentar proyectos de ley para lograr que el proceso se extienda.
Coincidentemente, esto ocurre en época electoral.
Claro. Recuerda que, en ese momento de campaña, Keiko Fujimori se reúne con los mineros ilegales y los respalda. E incluso firman un acta.
¿Es el único grupo que se reúne con ellos?
En el gobierno de Kuczynski se reúnen con la ministra Marisol Pérez Tello. Y es en el gobierno de Kuczynski donde, bajo facultades delegadas, se dicta un conjunto de decretos legislativos que crean el nuevo mecanismo de formalización llamado el Reinfo, que era simplemente patear para adelante el tema, e incluso modifican normas sobre el delito de minería ilegal.
Las bancadas que favorecen la ilegalidad
Eso es lo más grave, ¿no? Porque el Reinfo funciona como un escudo con el que ya no se puede juzgar por actividades ilícitas a los ilegales, basta con que estés inscrito.
Sí, es un escudo protector, y todo eso se hace bajo presión política de estos cuatro grupos que ya te mencioné: Avanza País, Renovación, Fuerza Popular, y el gobierno de Kuczynski, que acoge este tipo de medidas y dicta estos decretos legislativos y viene el caos.
Lo que estamos viendo ahora ya no es solamente una cuestión de gente que quiere operar bajo el manto protector del Reinfo, que no quiere ser juzgada, sino que todo esto se ha asociado a la criminalidad, como lo que hemos visto en Pataz. ¿Se podía vislumbrar una situación así cuando recién se estaba discutiendo el tema del Reinfo?
Se podía vislumbrar perfectamente incluso desde antes. Yo, en su momento, cuando era ministro y creamos todos estos mecanismos y las interdicciones con el zar de interdicciones, recibí críticas de los funcionarios más altos de la Sociedad Nacional de Minería, diciéndome que por qué había tanta coerción, que en realidad sí se podían lograr entendimientos. Y curiosamente, la persona que me hacía esas críticas era de minera Poderosa. Y yo le decía: “Vas a terminar promoviendo la criminalidad”.
Me está diciendo que incluso la Sociedad Nacional de Minería no tenía claro lo pernicioso que iba a ser el Reinfo.
Funcionarios, no la sociedad como institución. Pero funcionarios de muy alto rango en la Sociedad de Minería decían que por qué insistíamos con la coerción, eso sí.
Ahora, le pido un análisis político. ¿Usted cree que algún candidato de los que estarán en campaña el próximo año se comprará este pleito?
Bueno, históricamente, y vamos a mirarlo con las caras actuales, Keiko Fujimori ha respaldado la minería ilegal. Hernando Soto ha respaldado la minería ilegal. Solidaridad Nacional y Renovación han respaldado la minería ilegal. César Acuña se hace el que no sabe, el distraído, pero indirectamente, y por los votos que se dieron en la prórroga del Reinfo, respalda la minería ilegal.
Bueno, tiene al presidente del Congreso, que está vinculado a la minería ilegal.
El titular del Congreso fue en su momento abogado de mineros ilegales y también promotor de la tala ilegal. O sea, él era el que se oponía a la modificación de la Ley Forestal del año 75 porque eso favorecía la tala ilegal. Es decir, él siempre ha estado vinculado a las actividades ilícitas. Y eso lo digo con claridad.
