Maite Vizcarra
El Comercio, 30 de octubre del 2025
“El verdadero desafío no es resolver una ponderación jurídica entre los derechos que cautelan el Reniec y la ANPD. Es superar el conflicto entre confianza versus miedo”.
En el Perú, lo más peligroso no es que el Estado se equivoque, sino que lo haga con nuestros datos. Podemos perdonar improvisación, leyes parchadas o ministros sin plan. Pero si percibimos que el padrón electoral se ‘filtró’ a Internet, la indignación digital se activa más rápido que cualquier alarma institucional. El mensaje es claro: desconfiamos demasiado de quien resguarda nuestra identidad digital.
El Reniec publicó la Lista del Padrón Inicial (LPI) para las elecciones del 2026, cumpliendo el mandato legal de permitir la verificación ciudadana. Pero múltiples quejas en redes sociales evidenciaron que la plataforma permitía ver datos personales relevantes, como nuestra dirección exacta o la de un tercero. La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) respondió a la situación con el inicio de un proceso de supervisión ante una posible vulneración al principio de proporcionalidad. Y de pronto, el país se encontró en el dilema perfecto: ¿qué pesa más: el derecho a fiscalizar o el derecho a no ser expuesto?
¿Queremos garantizar integridad electoral o sobrevivir a la delincuencia digital?
El Reniec tiene el mandato constitucional de abrir el padrón para corregir errores, evitar suplantaciones y detectar electores fantasmas. Sin esa capacidad, la democracia queda ciega. La ANPD, en tanto, tiene el mandato constitucional de impedir que el Estado exponga información que ponga en riesgo los datos personales. Sin ese resguardo, el Estado ejerce un poder sobre los ciudadanos, que se vuelve amenaza.
Las dos causas son relevantes, pero se persiguen con herramientas del siglo XX frente a riesgos que hoy evolucionan a la velocidad delictiva del siglo XXI. Y aquí está el punto ciego: el problema no es publicar o no. El problema es saber qué tipos de datos publicar.
En democracias digitales maduras –la cual no tenemos de lejos–, los datos públicos digitales no se cierran ni se liberan a ciegas. Se intermedian, con ‘terceros confiables’: entidades neutrales, auditablemente independientes (cívicas, híbridas o incluso privadas) que transforman los datos públicos digitales en información accesible, verificada y no peligrosa.
Ya lo anticipaba el experto Magalhães en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo: ese rol de tercero neutral lo pueden cumplir desde sofisticadas ‘start-ups’ cívicas, plataformas de datos y, sobre todo, los infomediarios (esos actores que no solo abren los datos públicos digitales, sino que los hacen comprensibles sin comprometer seguridad).
Ese modelo aún no existe en el Perú, pero eventualmente podría ser interesante conocer más al respecto como una potencial solución al dilema planteado líneas arriba: transparencia que expone, privacidad que encubre. El verdadero desafío no es solo resolver una ponderación jurídica entre los derechos que cautelan el Reniec y la ANPD. Es superar el conflicto entre confianza versus miedo.
¿Estamos listos, como país, para dejar de temer ‘abrir datos’ y empezar a exigir un modelo donde acceder a la información no sea sinónimo de ponernos en peligro? ¿No será tiempo de empezar a buscar soluciones intermedias como el de los terceros neutrales? ¿No será que o tercerizamos o auditamos o terminamos por arroparnos con buenas plataformas digitales?
