Madeleine Osterling
Expreso, 28 de enero del 2026
En el Perú el cargo de presidente se ha degradado simbólica e institucionalmente y hoy se percibe como una prebenda o botín político cuando en realidad encarna la máxima responsabilidad del Estado. En un mundo ideal, la presidencia debería ser el punto culminante de una carrera de servicio público, el resultado natural de una trayectoria ejemplar, de experiencia acumulada y de solvencia moral incuestionable. Sin embargo, en el Perú se ha normalizado a que cualquiera aspire al cargo: cómicos, deportistas, periodistas o dirigentes sindicales con ignorancia profunda. Tan simple como que se postulan, canalizan resentimiento y ganan. Es una banalización del poder. Lo lamento, pero no soy ni tan “democrática” ni tan inclusiva. Es el cargo público más importante de la nación y debería exigirse que los candidatos tengan preparación y una trayectoria intachable (lo ocurrido con Mario Vizcarra, sentenciado por delito de peculado y aún así habilitado para competir, es imperdonable). Además, debería elevarse la edad a 45 años: la excusa de los errores cometidos por el ímpetu juvenil hace tiempo dejo de ser tolerable. Necesitamos madurez, responsabilidad y transparencia.
Como bien ha dicho Fernando Rospigliosi: “… la presidencia de la República se ha vuelto una suerte de sorteo. A ver a quien ponemos esta semana…” Y no exagera. Efectivamente se ha vuelto un cargo precario, transitorio y cuya permanencia depende enteramente del humor del Congreso y de sus mezquinos cálculos políticos. El presidente se ha vuelto reemplazable, como una ficha menor en un tablero de ajedrez.
La figura de la vacancia debería ser una herramienta excepcional, pero la hemos normalizado, la hemos convertido en un mecanismo constitucional para destruir instituciones, en una moneda de cambio. Nadie pone en duda su relevancia porque ningún país debe ser condenado a soportar un mandatario criminal o con una manifiesta incapacidad moral permanente, pero es indispensable que exista una acusación sustentada, una investigación seria y que se conceda el derecho a la defensa. No es un botón de pánico ni se trata de que cualquier mayoría congresal arme el muñeco de la corrupción y lo saque sin más trámite. La arbitrariedad parlamentaria puede ser tan o mas peligrosa que el propio delito presidencial. Hoy, con la locura de bajarse al presidente, ni siquiera saben discernir si se requiere de una censura o una vacancia.
Si se diera la desdicha de haber electo a un incompetente, con la aprobación en el subsuelo, hay que soportarlo, aunque duela; tenemos que aprender a elegir mejor. Por más equivocado que haya sido el voto ciudadano, el Congreso no puede pretender corregirlo a la primera rabieta, como si la voluntad popular fuera un simple ejercicio desechable.
El populismo de la campaña presidencial puede ser escalofriante. Discrepo absolutamente de la propuesta de trasladar la capital de nuestro país desde Lima hacia el departamento de Junín, con el principal objetivo de impulsar la descentralización. No solo sería carísimo porque no se trata de mudar oficinas sino de construir una ciudad especial como en el caso de la costosa Brasilia. En la práctica tendríamos dos capitales: la política ubicada en Junín y la económica que seguiría siendo Lima porque, nos guste o no, concentra más del 60% de la economía formal. Finalmente, Junín no necesita un nuevo Palacio de Gobierno sino mayor presencia del Estado y erradicar toda esa estela de corrupción y desgobierno que dejaron Cerrón y sus adláteres.
La descentralización es un problema muy complejo que parte de tener instituciones sólidas en las regiones, con capacidad recaudadora local. Esto último es esencial. Valga recordar el clientelismo de muchos presidentes que buscaron legitimidad y apoyo de las regiones mediante transferencias presupuestales. Vizcarra habiendo sido GORE lo practicó con mucha habilidad. Boluarte con Oscorima fue un caso emblemático de trato privilegiado hacia Ayacucho. Es el mejor ejemplo de una descentralización fallida. ¡Hagamos las cosas bien!
