Por: Luis Miguel Castilla Rubio, Exministro de Economía y Finanzas
Gestión, 31 de marzo de 2020
EL AUMENTO EN EL GASTO PÚBLICO, LOS ALIVIOS TRIBUTARIOS Y EL PLAN FUTURO DE REACTIVACIÓN ANUNCIADOS REPRESENTARÍAN CERCA DEL 60% DEL ESTÍMULO ECONÓMICO
El Perú enfrenta una de las mayores disrupciones económicas en su historia contemporánea. El objetivo primario del Gobierno ha sido salvar vidas y, en segundo orden, mitigar el golpe económico, paliando el resultante elevado costo social. Es así que se ha anunciado un agresivo plan de estímulo sin precedentes que mitigue los costos económicos para trabajadores y empresarios, dado que se registraría la primera recesión en nuestro país luego de 21 años de crecimiento ininterrumpido.
Mayor información permitirá mejores políticas de contención
En el más breve plazo, si iniciará un plan de muestreo y descarte del coronavirus a nivel nacional, enorme tarea para la cual no existe experiencia previa. Nuestras autoridades sanitarias deberán combatir en varios frentes: identificar los focos de contagio para aislarlos y limitar el tránsito de los agentes de transmisión, titánica tarea de cara al probable gran número de personas asintomáticas afectadas; disponer el reforzamiento de los hospitales y su personal; y garantizar la enorme logística involucrada.
Por su parte, el diseño de un plan de flexibilización de la cuarentena, que sea gradual y minimice el riesgo de rebrote, será fundamental para sostener la reactivación económica. De lo contrario, corremos el riesgo de enfrentar una nueva cuarentena, ya sin herramientas fiscales suficientes y con consecuencias sociales impredecibles.
Sacan la artillería pesada para apoyar trabajadores, empresas y ciudadanos
Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Banco Central de Reserva (BCR) han decidido desplegar toda su artillería de medidas fiscales y monetarias, habiendo anunciado un plan de estímulo económico de alrededor de 12% del PBI, el mayor en la historia del Perú, acercándose a la envergadura de planes adoptados en los países industrializados.
El aumento en el gasto público, los alivios tributarios y el plan futuro de reactivación anunciados representarían cerca del 60% del estímulo económico (7% del PBI). Este sería cubierto por un mayor endeudamiento y por el ahorro público (el Tesoro cuenta con depósitos que ascienden a 14% del PBI) que el Gobierno ha acumulado tras años de responsabilidad fiscal. Afortunadamente el Perú es uno de los pocos países en la región que puede darse el lujo de financiar un repunte temporal en su déficit fiscal sin comprometer la sostenibilidad de sus finanzas públicas.
Para evitar la ruptura de la cadena de pagos y evitar quiebras y despido generalizados, el BCR ha anunciado un agresivo programa que alcanza S/30.000 millones de líneas de liquidez a las entidades financieras con el respaldo de garantías del Estado con la finalidad de mantener fluyendo el financiamiento crediticio al sector privado. Así, se estaría beneficiando a 350, 000 empresas que pueden ver su capacidad de pago temporalmente afectada por la crisis. Un programa similar se adoptó en Europa que logró con mucho éxito reactivar su economía durante la crisis de deuda soberana de hace cinco años.
El impacto de esas medidas, junto con la liberación temporal de CTS y aportes previsionales, subsidios a la planilla y facilidades tributarias, dependerá no solo de la eficiencia que logren en cumplir sus objetivos sino del éxito que tenga los EE.UU. (hoy epicentro global de la pandemia) en la ejecución del paquete de estímulos recientemente aprobado y que el “arranque” de la economía china no se vea comprometido por una segunda ola de contagio. Aun así, se prevé una recesión global este año más pronunciada que la que se registró durante la crisis financiera global.
Se requiere estructuración empresarial, reforma laboral y protección social
En lo que resta del año, el Gobierno deberá encarar también u conjunto de grandes desafíos que permita una reactivación económica vigorosa a partir del 2021. Esto demandará que se establezca un mecanismo de amortiguamiento para enfrentar la eventual quiebra de un número significativo de empresas y de un repunte en el desempleo. Esta agenda debería incluir modificaciones profundas a las leyes concursales y a la capacidad de respuesta del Indecopi, privilegiando la conservación de las unidades productivas y la recapacitación de las empresas.
A su vez, es indispensable resolver, a través de la mejora de la regulación laboral, los “cuellos de botella” que impiden la expansión del empleo formal y el ajuste temporal de las empresas en situaciones de crisis virulentas como la que estamos atravesando. A ello debe acompañarse el fortalecimiento de un esquema comprensivo y fiscalmente sostenible que otorgue una mayor protección social para nuestros ciudadanos.
Sentido de urgencia debe facilitar adopción de reformas y evitar populismo
Nada de esto podrá lograrse si no somos capaces de construir consensos mínimos que permitan la aprobación legislativa de estas modificaciones. El sentido de urgencia podría ayudar a levantar el entrampamiento político que ha caracterizado a nuestro país en los últimos años.
Es imperativo también que se imponga la sensatez que evite que en el Congreso se aprueben medidas populistas que, en lugar de aliviarle la vida al ciudadano de a pie, le hipotequen su futuro, como es el caso de propuestas que podrían afectar las pensiones futuras de millones de peruanos.
Así como el Perú fue capaz de adoptar profundas reformas para salir de la crisis a inicios de la década de los noventa y vacunarnos contra el populismo, hoy el sentido de urgencia que vivimos vuelve a presentar una oportunidad similar que como sociedad debemos aprovechar.
