Por: Luis Miguel Castilla Rubio, Exministro de Economía
Gestión, 29 de setiembre de 2020
La reciente decisión de la Comisión de Economía de revisar el proyecto de ley que permite el retiro del 100% de los fondos que administran las AFP, al carecer de sustento técnico, es una noticia positiva, ya que representa la señal de que algunas bancadas comienzan a tomar conciencia del impacto adverso de cierta legislación que se ha venido aprobando durante los últimos meses.
La OCDE ha sido muy clara en concluir que las leyes en el Perú adolecen de la falta de estándares y de capacidades técnicas suficientes, factores que explican por que nuestro país es una de las economías con peor calidad regulatoria del mundo. Desde el Ejecutivo se ha planteado ampliar el diseño, implementación y seguimiento de instrumentos de calidad regulatoria (como el Análisis de Calidad Regulatoria) y racionalización del ordenamiento jurídico en los tres niveles de gobierno. Urge que el Congreso se sume a estos esfuerzos y mejore la calidad de las leyes que aprueba y retome intentos fallidos de reforma.
Evaluando la producción legislativa en curso, a la fecha se tienen más de 8, 000 proyectos de ley y mociones den distintas fases del ciclo de aprobación. La mitad de estos proyectos se encuentra bajo discusión en diversas comisiones dictaminadoras (destacando las 417 iniciativas que se encuentran en la Comisión de Economía y los 212 proyectos de ley que están bajo evaluación de la Comisión de Presupuesto). De toda esta actividad legislativa, el Congreso ha aprobado 1, 616 nuevas leyes, 65 autógrafas de ley están pendientes de aprobación, 365 proyectos de ley han sido descartados y 26 leyes han sido observadas por el Ejecutivo y se encuentran en proceso de insistencia (http://www.congreso.gob.pepley-2016-2021).
Más allá del gran volumen de actividad legislativa, según el propio Congreso de la República, el 92.9% de los proyectos de ley presentados en el periodo legislativo actual posee un análisis técnico insuficiente y/o deficiente bajo los estándares vigentes. Asimismo, el 48.6% de los proyectos de ley aprobados en el presente año fue exonerado del trámite regular de pasar por una comisión dictaminadora. La misma Comisión Especial Multipartidaria encargada del Ordenamiento Legislativo concluye que cerca del 60% de las leyes debiera ser derogado por carecer de sustento técnico.
Ante esta realidad, es fundamental volver a plantear mejoras en la capacidad de legislar en el país. Según la OCDE, los parlamentos tienen que desarrollar técnicas de evaluación de proyectos legislativos que permitan identificar, monetizar y expresar en valor presente los costos y beneficios de diversas alternativas. Un referente internacional es la Oficina de Presupuesto, que brinda soporte al Congreso de los Estados Unidos con la conducción de análisis económico para los proyectos legislativos presentados.
En el caso de nuestro país se propuso el año pasado un proyecto de ley que planteaba crear la oficina de asuntos económicos en el Congreso, con la finalidad de fortalecer estándares y capacidades en materia de análisis costo-beneficio. Iniciativas similares se han planteado en el pasado sin llegar a buen puerto. No obstante, lo que se propuso anteriormente sigue estando absolutamente vigente y debe ser retomado. Para fortalecer estándares, se deben de adoptar los principios de la OCDE de buena práctica regulatoria necesidad y razonabilidad identificando agentes afectados, beneficios y costos, y realizando una evaluación del impacto neto en la sociedad y la economía del país de una propuesta legislativa.
Las autoridades que sean elegidas el año entrante tendrán ante sí el gran desafío de revertir el enorme costo social que está dejando la pandemia, y para ello deberán procurar fortalecer el marco normativo que rige la actividad económica del país. Aun cuando no resulta la reforma más atractiva en términos políticos ni constituye una panacea, su necesidad se hace ineludible a futuro. Leyes de deficiente calidad le han venido costando S/. 100mil millones al país, incluso antes de la pandemia. Si a esto se suman las más recientes aprobaciones legislativas, el costo se estaría equiparando al total de los recursos asignados en un año al presupuesto de la República.
Esto sin duda complicará la necesaria tarea de reconstruir las finanzas públicas. Asimismo, aún persisten iniciativas legislativas perjudiciales que persoguen regular sectores clave para la reactivación, como el financiero, y que de aprobarse acabarán exacerbando problemas en lugar de solucionarlos.
