Por: Luis Estrada
Perú21, 27 de diciembre de 2020
En cualquier sistema de gobierno, bajo cualquier régimen, el Estado tiene funciones básicas e indelegables.
La primera, seguridad interna, que consiste en la protección de las personas, de la propiedad privada y de los bienes públicos. La segunda, la seguridad exterior, que protege a los ciudadanos y bienes de alguna usurpación foránea.
Estas funciones dieron sentido al Estado, al que los ciudadanos entregaron el poder de organizarlos a cambio de seguridad.
Gracias a esa seguridad es que podemos vivir en familia, trabajar, ahorrar, invertir y heredar. A cambio de ella pagamos impuestos y nos sometemos a la ley.
El Estado puede asumir otras funciones si el sector privado no llega a todos los ciudadanos. Es así como interviene procurando infraestructura básica, salud y educación. Un régimen tributario recauda para que el dinero revierta a los ciudadanos, sobre todo a los más pobres, con bienes y servicios básicos.
Cuando el Estado es inepto en la prestación de servicios, se exacerba la pobreza y la desigualdad.
Cuando, además, el Estado incumple con su rol de garantizar seguridad, por populismo o por responder a alguna ideología destructiva, entonces se vuelve un botín, un poder que se usa en contra de los propios ciudadanos, un organismo vil al servicio de intereses particulares.
Preocupa la confusión de este gobierno y de algunos compatriotas, que parecen ignorar la finalidad fundamental del Estado. Los ciudadanos comenzamos a sentirnos sin protección; la violencia, la usurpación y el caos rondan. No queremos un Estado aturdido, confundido, desubicado, inmiscuido; lo queremos primero en su rol primigenio, en su esencia, en su razón de ser.
