(El Comercio, 01 de setiembre de 2015)
La situación externa ha empeorado, pero el crecimiento de 2% se debe en parte a la incompetencia del gobierno.
El aumento del tope del déficit fiscal al 3% del producto realizado a través de un decreto de urgencia genera un quiebre en la sana práctica que se había instalado en el país de sustentar ante el Congreso las modificaciones a las reglas fiscales. En tanto las reglas fiscales son el reflejo cuantitativo del compromiso político con la disciplina fiscal, sus modificaciones deben presentarse y debatirse en el Parlamento, explicando las razones coyunturales por las que se requieren ajustes. Este esfuerzo de deliberar sobre las finanzas públicas es fundamental para un país que salió del abismo de la quiebra fiscal.
Pero este acto irresponsable en la forma abre dos interrogantes sobre temas de fondo. La primera es sobre la utilidad de la regla fiscal estructural, modificada en el 2013. Se nos dijo que la regla fiscal anterior no servía y que se necesitaba una regla estructural que realice un ajuste automático del ciclo y que permita una verdadera política anticíclica. Con esta modificación se demuestra que esto no es así, que la actual regla estructural no funciona y no permite ajustar automáticamente. La segunda interrogante es consecuencia de esto último: ¿para que sirvió entonces la regla estructural? La respuesta es muy simple: para esconder dentro de jerga técnica la intencionalidad política de aumentar desproporcionadamente el gasto corriente en programas sociales a costa de sacrificar la inversión pública.
En la anterior regla fiscal el gasto corriente tenía un tope de crecimiento de 4% en términos reales y la inversión pública no tenía ningún tope directo. En su conjunto no se debería pasar de un déficit fiscal de 1%, pero con el cambio a la regla estructural ya no se distinguía entre gasto corriente e inversión pública.
Con esta argucia, el gasto corriente no financiero pasó de 13% del PBI en el 2010 a 15,5% en el 2014 y para 2015 y 2016 se estimaba –según el marco macroeconómico multianual (MMM) de 2016-2018 publicado el 28 de abril– que estaría en 15,6% y 15,3%, respectivamente. Al momento de escribir este artículo aún no se ha publicado la versión corregida del MMM.
Por otro lado, la inversión pública, tras alcanzar un tope de 5,9% del PBI en el 2010, nunca logró recuperar ese nivel en este gobierno. Pese al discurso político, la inversión pública nunca estuvo en su agenda y fue relegada para aumentar de manera desproporcionada el gasto corriente.
A mediados del 2014 el gobierno se dedicó a sacar proyectos de asociaciones público-privadas (APP) que no contabilizan en el presupuesto del año en curso ni se registra en la deuda, pateando para el siguiente gobierno y para los contribuyentes y usuarios de los servicios de manera absurda el pago de estas obras.
Veamos algunos de los efectos de esta irresponsabilidad fiscal. ¿Se ha preguntado usted en cuánto le ha subido la tarifa eléctrica en los últimos años? ¿El gobierno le ha informado cuánto subirá la tarifa eléctrica en los próximos años? La irresponsabilidad del modelo implementado en el sector eléctrico hace que los hogares paguen bastante más que las grandes corporaciones hoy en día. Contradictorio resultado para un gobierno que dice preocuparse por la inclusión social.
Tan contradictorio como que Petro-Perú registre pérdidas en el 2014 pese al sobrecosto en el precio de los combustibles que en promedio nos obligan a pagar a todos los peruanos desde el 2013 para que la empresa haga algo de caja para pagar por ese monumento a la irresponsabilidad que es la refinería de Talara. Y ahora se pretende que esa empresa entre a explotar un lote. ¿Nos hemos vuelto locos y nuestra historia pasada y la experiencia reciente de nuestros vecinos no nos dice que esto es una mala idea?
Irresponsable también es lo que ocurre en el puerto del Callao, que ante la falta de infraestructura las vías han colapsado y ahora se restringe el acceso de la carga de casi el 70% de todo el comercio internacional del país. Es decir, estamos afectando negativamente con sobrecostos absurdos al 30% del PBI del país. ¿Y qué nos dice el gobierno? ¿Qué ministro resuelve este problema? ¿O seguiremos jugando a las escondidas?
La irresponsabilidad se manifiesta también en la agonía del sector textil, ante la muy ortodoxa indiferencia del gobierno. Mientras se habla de diversificación productiva, por un lado, se ponen en riesgo cientos de miles de puestos de trabajo formales en el principal sector de manufactura de exportación del país.
Podríamos seguir con la absurdas políticas que se han aplicado en otros sectores productivos o la pérdida de competitividad por la regulaciones absurdas, trabas e incapacidad de imponer derechos de propiedad en el país, pero no es posible por las restricciones de espacio.
Estimado lector, que no le cuenten cuento chino del bajo crecimiento. La situación externa ha empeorado, pero el crecimiento en el rango del 2% se debe en buena parte a la irresponsabilidad e incompetencia del gobierno.
