Luis Carranza, Ex ministro de Economía y Finanzas
El Comercio, 24 de noviembre de 2015
Existen dos grandes errores que se pueden cometer cuando se diseñan e implementan políticas públicas.
El primer error es que no toman en cuenta la naturaleza humana. Las políticas públicas deberían diseñarse considerando que el comportamiento de las personas se modificará según los cambios en los incentivos que introduce la nueva legislación. Así, si se regala plata a la gente, lo que ocurrirá es que la gente disminuirá sus horas de trabajo o pedirá un salario mucho mayor por trabajar. Si implementamos una ley y no monitoreamos su cumplimiento y no penalizamos efectivamente su incumplimiento, no debemos esperar que se respete la ley. Como diría James Madison, en los papeles federalistas, los hombres no son ángeles.
El primer error es que no se toma en cuenta la disposición a legislar con el corazón o con el hígado, pero no con la cabeza. Las buenas intenciones o los deseos de venganza usualmente parten de hechos individuales que consideramos injustos y que se quiere corregir. El problema es que a veces esas correcciones terminan afectando negativamente a la sociedad. Nos olvidamos de los grandes promedios y de los procesos de crecimiento y de maduración de los mercados. De allí que se requiera un esfuerzo mental para no caer en la tentación y el facilismo. Así, consideramos que no es justo que a una persona que no paga su crédito hipotecario le quiten su casa y legislamos para alargar en exceso los mecanismos legales para que no pierda la posesión del inmueble. El resultado es que para las inmensas mayorías el crédito hipotecario se vuelve más caro y la posibilidad de obtenerlo disminuye en monto y en plazos.
Un reciente y dramático ejemplo de estos dos errores ha sido la reciente propuesta de liberar el 95,5% de los fondos de pensiones a los 65 años, en que los buenos sentimientos, el deseo de venganza y la confusión vienen primando sobre la racionalidad hasta el momento. Trataré de explicar brevemente cuatro temas centrales en este debate.
El primer punto es el argumento liberal de que los individuos a los 65 años tienen todo el derecho de hacer con su plata lo que deseen. Aceptemos por un minuto la validez de esta posición liberal. Ello nos lleva a preguntarnos por qué a los 65 años. ¿Por qué no 60 o 50 o desde que gano mi primer sol? Para ser consistentes con el argumento liberal deberíamos entonces eliminar el ahorro obligatorio de plano y para ello deberíamos cambiar la Constitución.
Este concepto liberal implica un modelo de Estado minimalista, basado en los principios de John Locke, Thomas Hobbes y John Stuart Mill con el que no estoy de acuerdo. Creo que el Perú requiere un contrato social que implique una intervención del Estado que aproveche las externalidades positivas y corrija las negativas, que proteja el medio ambiente y, entre otras cosas, que plantee un modelo de seguridad social (mayores explicaciones se pueden encontrar en mi artículo “¿2 + 2?”, publicado en este mismo espacio el 28 de octubre del 2014).
El segundo tema es que creamos que alguien que reciba toda su pensión a los 65 años usará racionalmente sus recursos de tal manera de minimizar riesgos y mantener un flujo positivo y estable de ingresos. Creer eso es ser muy cínico o muy necio. Existen sesgos en el comportamiento de los hombres a satisfacción inmediata (descuento hiperbólico), mal manejo de riesgos (‘prospect theory’), entre otros.
El tercer tema es la discusión sobre el bajo de nivel de pensión que se está recibiendo. Aquí es como culpar al termómetro por la fiebre. Las pensiones son el reflejo de nuestra vida laboral. Si tenemos un mercado laboral muy informal, la baja densidad de las cotizaciones hará que las pensiones sean muy bajas (aquí las comisiones no tienen nada que ver). Si realmente queremos mejorar la pensión, pasemos a discutir la formalidad del mercado laboral.
Finalmente, el cuarto tema tiene que ver con la forma como opera el sistema previsional. Esto es, las reglas de juego para las administradoras de fondo de pensiones (AFP) y las compañías de seguros. Estando de acuerdo en que este sistema requiere una reforma fundamental, no le podemos pedir que resuelva el problema de bajas pensiones por la baja densidad de aporte debido a la informalidad del mercado laboral.
Todas las ideas sobre las mejoras en la parte operativa que se han discutido suenan razonables y deberían ser evaluadas: desde abrir la competencia hasta permitir ciertos “atributos” de las pensiones. Pero lo que no podemos hacer es destrozar el ahorro previsional porque consideramos que las AFP y las compañías de seguro son abusivas.
Dan Ariely, en “Predictably Irrational” (2008), págs. 119-126, nos cuenta un experimento con estudiantes de la Universidad de California, en Berkeley, sobre comportamiento sexual. Se encuentra de manera significativa un comportamiento mucho más riesgoso en los individuos cuando están en estado de excitación. Si nuestros parlamentarios no pueden mantener la cabeza fría en época electoral, es mejor que se abstengan de legislar.
